El diputado del PP en Asturias, Rafael Alonso, ha exigido este martes que se asuman responsabilidades políticas por el siniestro registrado en la mina de Cerredo, en el que fallecieron cinco trabajadores y del que se cumple este martes un año.
Alonso ha señalado que “está claro que la Administración eso no lo hizo y, por tanto, a mi juicio, incurre en una situación de negligencia”, en referencia a las tareas de supervisión que, a su entender, correspondían al Principado.
El parlamentario popular ha defendido que “había un descontrol en relación con la actividad minera en Asturias, especialmente en esta zona de Cerredo” y que “la Administración es quien debería de haber controlado esa actividad y las condiciones de seguridad en las que se desarrollaba”.
El diputado ha reiterado que “esa falta de control”, sumada al antecedente de 2022, cuando falleció otra persona en la misma explotación, pone en evidencia que existen responsabilidades políticas en torno a “todo este siniestro”.
En declaraciones a los medios en los pasillos de la Junta General del Principado de Asturias, Alonso ha añadido que “me parece que había deficiencias de seguridad que son tan evidentes que es bastante difícil de creer que no fueran observadas”.
En este contexto, ha manifestado que “espero que el dictamen que está elaborando la presidenta de la comisión de investigación incluya esas responsabilidades políticas” y ha avisado de que “no nos va a satisfacer con que las cosas queden solo en una dimisión”, aludiendo a la renuncia de Belarmina Díaz, consejera de Industria en el momento del accidente y anteriormente directora general de Minas.
Asimismo, Alonso ha pedido que se haga público cuanto antes “el contenido del informe de la Inspección General de Servicios” sobre lo ocurrido en Cerredo. “Ya debería de conocerse, parece que está tardando”, ha indicado.
Este martes 31 de marzo se cumple un año del accidente en la mina de Cerredo, en el concejo asturiano de Degaña. Aquel lunes por la mañana una explosión acabó con la vida de cinco operarios y dejó heridos a otros cuatro mientras realizaban labores de extracción de carbón. Todos trabajaban para la empresa Blue Solving, que carecía de autorización para explotar ese mineral. El accidente sacudió profundamente a las cuencas mineras de Asturias y León.
El caso ha dado lugar a un procedimiento judicial por presunto homicidio imprudente contra los propietarios, a la creación de una comisión de investigación en la Junta General del Principado y a la dimisión de la entonces consejera de Industria, reabriendo el debate sobre la seguridad laboral y la actividad efectiva en las explotaciones mineras en proceso de cierre o reconversión.