El PP vasco ha cargado contra el PSOE al que reprocha haber abandonado “la defensa de una ética democrática” por “conseguir el poder” y, en esa línea, ha denunciado la “actitud servil” de los socialistas, a quienes responsabiliza de hacer “uso torticero de la administración penitenciaria” para cumplir “el compromiso de excarcelación” de presos de ETA de forma “gratuita” con su “socio”, EH Bildu.
El presidente del PP vasco, Javier de Andrés, ha presentado este lunes en Bilbao, en una comparecencia ante los medios, un documento aprobado por la dirección autonómica del partido ante las “acusaciones, insultos” y “descalificaciones” que, según afirma, está recibiendo del PSOE por su postura respecto a los presos de ETA y a las víctimas.
En ese texto, los populares sostienen que el Partido Socialista, dentro de su “estrategia para lograr el blanqueamiento de sus socios” de EH Bildu, “utiliza” los actos de memoria de las personas asesinadas por ETA para “arremeter” contra el PP.
“Así lo ha hecho también Patxi López en su desafortunada intervención en el Congreso y lo ha venido haciendo Eneko Andueza en cada homenaje y recordatorio a víctimas de ETA, ocasiones en las que, en lugar de apelar a la libertad y a la convivencia, se ha dedicado a deslegitimar la posición política de su adversario”, recoge el documento, que recuerda que este sábado el secretario general del PSE-EE, Eneko Andueza, “llegó a acusar al PP de agredir a las víctimas de ETA”.
Para el Partido Popular, la “impertinencia” de esas manifestaciones, “amparadas en un homenaje a víctimas de ETA, en el que el centro de sus críticas no son aquellos que las causaron, sino quienes también lo padecieron”, es “una muestra evidente de su pérdida del equilibrio, la proporcionalidad y la razón”. “Tan solo obedece al interés del Partido Socialista por trasladar la responsabilidad de sus socios, Bildu, a sus adversarios, el PP”, añade el escrito.
Tras expresar su “profundo respeto” a las víctimas, entre las que “existen todo tipo de sensibilidades”, el PP vasco sostiene que tiene “una obligación defender el Estado de derecho y una aplicación justa de la ley”, algo que, a su juicio, “no se está produciendo por el uso torticero de la administración penitenciaria para cumplir el compromiso político del PSOE de excarcelación de etarras”.
En este contexto, alerta de que “nadie puede creer casual ni justo” que el 85% de las resoluciones en las que se ha aplicado el artículo 100.2 del Código Penal, que permite flexibilizar el régimen de cumplimiento de las penas, “haya sido en beneficio de tan solo el 8% de la población reclusa, precisamente los miembros de los criminales con más años de condena y con mayor gravedad en sus penas, como son los delitos de asesinato frecuentemente múltiples”. “Es grotesco pretender que alguien crea esto”, remacha.
Pese a lo que considera un intento de “intimidarle” por parte del Partido Socialista, el PP afirma que continuará “defendiendo la aplicación justa de la ley y del régimen penitenciario” porque lo entiende como una “obligación moral”.
“Las deudas que el PSOE paga con esta actitud servil, no solo son un trato de favor hacia esos criminales, son, desgraciadamente, una renuncia a la exigencia ética, hacia quienes despreciaron la vida humana y los derechos de las personas, y eso tiene consecuencias negativas para el conjunto de la sociedad”, subraya el documento.
Según los populares vascos, PNV y PSOE, “los socios” de EH Bildu, “apenas si se alteran por los actos vandálicos en centros educativos, en la universidad o contra la Ertzaintza, no hay ninguna reacción efectiva frente al señalamiento de profesores, policías, empresarios, dirigentes deportivos o políticos”. En cambio, critican que observan “cómo sus socios ocupan sin pudor toda clase de actos festivos, espacios públicos e instituciones en los que es frecuente el homenaje a asesinos”.
Críticas a la política penitenciaria y al pacto con Bildu
El PP vasco recalca que “la renuncia a la defensa de una ética democrática” por parte de PSOE y PNV no le “afecta” y sostiene que va a seguir “defendiendo los principios básicos de la convivencia, pese a los insultos de los líderes socialistas con los que quieren compensar su simpatía por Bildu y su indolencia por el daño causado”.
La formación que encabeza Javier de Andrés reprocha igualmente que “cada presidente socialista ha tenido su quiebra con la justicia y la ley”. Cita a Felipe González “con el GAL”, a José Luis Rodríguez Zapatero “con el caso Faisán” y, en la actualidad, a Pedro Sánchez, con la aplicación del artículo 100.2 del Reglamento Penitenciario, con el que, según las palabras del presidente del PP vasco, se está realizando “una excarcelación gratuita y una amnistía” a los presos de ETA.
El texto de la dirección popular sostiene que “los criminales salen de la cárcel a conveniencia de los intereses del PSOE, que siempre los antepone a los del interés general y, en este caso, al necesario fortalecimiento de las conductas éticas de una sociedad que no debe relativizar ni normalizar las conductas antisociales que aún no han sido purgadas por quienes las cometieron”.
Interrogado sobre si considera que existe un pacto político entre PSOE y EH Bildu para la excarcelación de presos a cambio de respaldo parlamentario en el Congreso, Javier de Andrés respondió que “es evidente”. “Lo podemos llamar como queramos, hay quien no lo llama 'presos por presupuestos' y yo prefiero interpretarlo como que es 'la ética por el poder'”, afirmó.
“El Partido Socialista ha renunciado a la ética por conseguir el poder”, insistió el dirigente popular, que observa al PSOE “incómodo” porque el Partido Popular “ponga en evidencia” que se está “excarcelando a condenados muy prematuramente y además sin que haya habido ningún arrepentimiento, ni público ni privado”.
Sobre el hecho de que estas decisiones cuenten con el visto bueno de la autoridad judicial, De Andrés considera que las estadísticas de uso del artículo 100.2 “no es una casualidad”, sino que responden a “una voluntad por parte de la administración penitenciaria para que esto sea así” y que ha encontrado “acomodo” en los “límites” que “la administración judicial tiene” para “poder ir soltando a los presos gratuitamente”.