El senador y secretario general del PP de Menorca, Cristóbal Marqués, ha sostenido este martes que “no tiene sentido” abrir al público documentos sobre el 23-F y, al mismo tiempo, “negar” información vigente a los cargos electos, aludiendo a la negativa del Ministerio de Cultura a entregar el expediente remitido a la Unesco sobre las obras en el tramo menorquín de Rafal Rubí.
Las declaraciones de Marqués llegan después de que el ministro de Cultura, Ernest Urtasun, expresara su “desacuerdo” con el inicio de las obras en el tramo de la carretera general que afecta al entorno de las navetas de Rafal Rubí, integradas en la declaración de Patrimonio Mundial de ‘Menorca Talayótica’, y trasladara diversa documentación al organismo de Naciones Unidas.
Tras este envío, la Unesco formuló una serie de consideraciones sobre el proyecto, en las que aconsejaba realizar evaluaciones adicionales, lo que desencadenó un intercambio de reproches entre las distintas administraciones implicadas.
En este escenario, Marqués, acompañado por el diputado ‘popular’ por Baleares en el Congreso, Joan Mesquida, ha remarcado que el PP reclamó hace tres meses el expediente completo que el Ministerio hizo llegar a la Unesco. “¿Por qué se oculta el acceso a este expediente? ¿Qué quieren esconder?”, ha cuestionado el dirigente ‘popular’.
De acuerdo con el senador ‘popular’, a partir de las respuestas públicas emitidas por el organismo internacional han podido comprobar que se remitió documentación “no oficial”, elaborada por otras entidades y sin el aval de los técnicos del Consell Insular.
“Todos los informes favorables validados por técnicos del Consell se han remitido al Ministerio y entendemos que el Ministerio los ha mandado a la Unesco, pero no lo sabemos a ciencia cierta”, ha indicado.
Al mismo tiempo, ha subrayado que también se incorporaron “otros documentos no oficiales, no validados por ningún técnico del Consell”. “¿Con qué intencionalidad? Todos sospechamos que es puramente política”, ha apostillado.
Ante esta situación, ha insistido en que el PP mantendrá su exigencia, tanto en el Congreso como en el Senado, de acceder a la totalidad de la documentación vinculada con esta actuación.