QUIÉN ES QUIÉN
A MANO ALZADA
El Gobierno está decidido a disolver la Fundación Nacional Francisco Franco y el Congreso de los Diputados ya ha dado el primer aval para ejecutar su extinción, así como la de otras asociaciones similares. Con la única oposición de los 33 noes de Vox, el Pleno ha tomado en consideración con 314 votos a favor la Proposición de Ley impulsada por el PSOE para modificar la Ley Orgánica reguladora del Derecho de Asociación que incluiría como causas de disolución el ensalzamiento al franquismo y/o el menosprecio y humillación hacia las víctimas del golpe de Estado de 1936 y la posterior dictadura.
En términos generales, los grupos que componen el arco parlamentario han manifestado dos posturas muy diferenciadas. Los partidarios de la iniciativa -el bloque de la investidura- han coincidido en que llega tarde, que aún quedan muchos pasos por dar y que se ha de mejorar vía enmiendas; mientras que los detractores, PP (que finalmente ha votado a favor) y Vox, han lamentado que el PSOE recurra a su tema “comodín” para evitar hablar del caso Begoña Gómez o los problemas reales de la gente.
Además, Jaime de Olano, diputado del Grupo Popular, e Ignacio de Hoces Íñiguez, de Vox, han coincidido en que solo se ha puesto el foco en el franquismo y no en otras ideologías. Olano ha argumentado que podrían plantearse apoyarla si se incorporasen como causas de disolución el apoyo a dictadores de Latinoamérica, África, Oriente o grupos terroristas de cualquier signo; mientras que De Hoces ha abundado en que es una ley “sectaria” que “discrimina”.
Ahora, la proposición de ley se remitirá a la comisión competente y se abrirá el correspondiente plazo de presentación de enmiendas a la totalidad y al articulado, como fija el artículo 126.5 del Reglamento del Congreso.
La Fundación Franco, en la diana
El diputado socialista Raúl Díaz Marín ha sido el encargado de defender la iniciativa, para lo cual, ha justificado que se trata de un paso más en el camino de la memoria democrática, puesto que no se puede “olvidar sin reparar”. La idea es clara, pero, ¿qué plantea concretamente?
El articulado añadiría una nueva Disposición adicional quinta a la Ley de Derecho de Asociación. El texto establecería que, con independencia de los fines y actividades sociales recogidos en los estatutos, así como de su inscripción registral, será causa de disolución de las asociaciones la realización de actividades que constituyan apología del franquismo, bien ensalzando el golpe de Estado de 1936 o la dictadura posterior o bien enalteciendo a sus dirigentes, cuando concurra menosprecio y humillación de la dignidad de las víctimas del golpe de Estado, de la guerra de España, o del franquismo.
La extinción se ejecutaría mediante resolución judicial. En los procesos abiertos, el órgano judicial competente, de oficio o a instancia de parte, podría acordar la suspensión provisional de la asociación hasta que se dicte sentencia firme. Correspondería al Ministerio Fiscal el ejercicio de la acción en este tipo de procesos.
Los socialistas argumentan que la iniciativa es el resultado de la aplicación de la Ley de Memoria Democrática, ya que insta a hacer frente a las organizaciones que difundan discursos de incitación al odio y a la violencia en espacios públicos.
Entre las medidas que recoge dicha normativa figura la Disposición adicional séptima, que precisamente, daba un plazo de un año -desde la entrada en vigor de la ley- para que el Gobierno modificara la Ley de Derecho de Asociación para justificar la disolución de este tipo de organizaciones.
Si bien el artículo 22 de la Constitución proclama en amplios términos el derecho de asociación, el Grupo Socialista entiende que el proceso de memoria impulsado mediante la ley del 2022 limita a las asociaciones, pues estas no pueden ser ajenas a los “procesos memorialistas”.
