El Grupo Socialista en la Cámara andaluza ha reclamado que la consejera de Cultura y Deporte, Patricia del Pozo (PP-A), y el gerente de la sociedad pública que administra el Estadio de La Cartuja de Sevilla, Daniel Oviedo, acudan al Parlamento de Andalucía a raíz de la "investigación" de la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil que "implica directamente a los dos máximos responsables" de dicha entidad "por una gestión" que presuntamente "vincula los fondos públicos de la Junta de Andalucía con la trama del expresidente de la Federación Española de Fútbol Luis Rubiales".
Así lo ha expuesto este martes el portavoz de Presidencia del Grupo Socialista, Mario Jiménez, en una comparecencia en la sede del PSOE-A en Sevilla, donde se ha hecho eco de una información publicada por el diario digital 'El Confidencial' y verificada por Europa Press sobre la decisión de la magistrada del 'caso Supercopa' de citar como investigados al expresidente de la empresa del Estadio La Cartuja de Sevilla (ECSSA) y ex secretario general para el Deporte de la Junta, José María Arrabal, y al actual gerente, Daniel Oviedo, por un supuesto beneficio ilícito ligado a obras de reforma en el recinto deportivo.
Mario Jiménez ha subrayado que en el trasfondo de este asunto habría "una subvención de casi cinco millones de euros que se detrajeron de los fondos de educación de la comunidad autónoma de Andalucía para acometer unas obras en un estadio de fútbol", y que, a la luz de esta investigación, podría concluirse que "el dinero de las guarderías de los niños andaluces terminó, o pudo terminar, en los bolsillos de la trama de Rubiales".
Desde el PSOE-A reclaman que "se den explicaciones" por parte del Gobierno andaluz para aclarar, entre otras cuestiones, "por qué se le quitó al consejo de administración" de la sociedad del Estadio de La Cartuja, que cuenta con "una amplia representación institucional", la "capacidad de decisión sobre los gastos" de dicha sociedad "para abordar las obras que se planificaron en aquel momento del estadio" sevillano.
Según ha añadido el dirigente socialista, al presidente y al gerente de la sociedad del Estadio de La Cartuja se les confirió "toda la capacidad de disposición económica y de gasto sobre las obras que había que abordar" en dicha instalación deportiva, dejando al margen al consejo de administración.
Además, el portavoz ha señalado que "parece ser que existe o existía un convenio, que en ningún momento se pone a disposición de los miembros del consejo de administración, por el cual la sociedad Estadio de la Cartuja estaba obligada a tener en cuenta la opinión y decisión de la Federación Española de Fútbol a la hora de decidir a quién se le contrataban las obras".
Mario Jiménez ha incidido en que "estamos ante un procedimiento que ahora está investigando un juzgado en la Comunidad de Madrid --la Sección Civil y de Instrucción del Tribunal de Instancia Número 4 de Majadahonda-- que "ya implica a dos cargos de la Junta de Andalucía" gobernada por Juanma Moreno (PP-A), y ante la que desde el PSOE-A no van a quedarse "cruzados de brazos".
En esa línea, ha recordado que el que fuera presidente de la sociedad del Estadio y secretario general de Deportes, José María Arrabal, "ya no forma parte de la estructura de la administración de la Junta de Andalucía, sino que se fue a la empresa privada y tendrá que responder ante los juzgados" por estos hechos, mientras que el gerente, Daniel Oviedo, continúa en el puesto, por lo que el Grupo Socialista reclama que "dé explicaciones en el Parlamento".
El portavoz socialista ha detallado que su grupo va a "estudiar los mecanismos del Reglamento para solicitar la comparecencia de Daniel Oviedo en el Parlamento de Andalucía, toda vez que la administración de la Junta de Andalucía tiene al menos un 40 por ciento del accionariado de esa sociedad".
Asimismo, ha avanzado que el Grupo Socialista pedirá la comparecencia de la consejera de Cultura y Deporte, Patricia del Pozo, que también era responsable del departamento de Educación de la Junta "cuando se detraen los cinco millones de euros de los fondos públicos de educación de los niños andaluces para destinarlos a esta cuestión" relacionada con el estadio, según ha indicado Mario Jiménez, quien ha defendido que el PSOE-A quiere que ofrezca "explicaciones también en el Parlamento", por lo que registrarán su llamada "en la comisión correspondiente".
"Se trata de fondos públicos, de recursos de la educación pública, y sería muy grave que altos cargos de la Junta de Andalucía hayan participado directamente en una trama encabezada" por Luis Rubiales y que "hayan podido presuntamente beneficiarse de su posición al frente de una institución pública para tomar decisiones que no han defendido el erario público", sino que "puede ser que hayan defendido exclusivamente el patrimonio privado de manera ilegítima de algunos cuantos".
Convenio con la Federación Española de Fútbol
Además, Mario Jiménez ha apuntado que al Grupo Socialista le "gustaría tener" el mencionado "convenio" suscrito por el entonces secretario general de Deportes de la Junta "con la Federación Española de Fútbol", que desde el PSOE-A han reclamado "en reiteradas oraciones" y que volverán a solicitar, según ha confirmado el parlamentario.
Ha insistido en que el PSOE-A quiere "conocer ese convenio, qué hay detrás, si es verdad que al final fue la propia federación y, por lo tanto, el señor Rubiales quien decidió, más allá de cualquier criterio de contratación objetivo, a quién debería darse esa contratación y esos recursos".
Contratos del SAS y gestión de fondos sanitarios
En otro orden de cosas, Mario Jiménez se ha referido en la misma rueda de prensa a una información difundida este martes por 'eldiario.es' que, a su juicio, "tiene una enorme trascendencia en términos políticos y que da una idea de la gravedad de lo que ha ocurrido con la trama del SAS --Servicio Andaluz de Salud-- en la gestión de los recursos públicos durante y después de la pandemia" de Covid-19, así como de "la gestión negligente y posiblemente malversadora de recursos públicos que se ha producido por el Gobierno del PP-A" en el ámbito de la sanidad andaluza.
Según ha explicado, dicha información apunta a que "el propio Consejo de Gobierno de la Junta de Andalucía se enfrentó a la Intervención del Servicio Andaluz de Salud para quitar de en medio los controles y las advertencias que, claramente, ponían en evidencia que se estaba poniendo en peligro y produciendo un quebranto de los fondos públicos" de la comunidad.
Ha señalado que el Consejo de Gobierno optó por sustituir el control previo por el control financiero permanente tras un "reparo" formulado en agosto de 2020 por la Interventora General del SAS a "una propuesta de gasto de casi 30 millones de euros", y que esa modificación permitió a la Junta "empezar a gastar sin control previo cientos de millones de euros del Servicio Andaluz de Salud".
De acuerdo con la denuncia de Jiménez, en este episodio se aprecia la "trama" que presuntamente se habría articulado desde el Ejecutivo andaluz para "gastar sin control el dinero del SAS, y mandarlo sin publicidad y sin concurrencia, a dedo, a sus amiguetes de las empresas sanitarias".
El diputado del PSOE-A ha avanzado que el Grupo Socialista pedirá la comparecencia en el Parlamento de Blanca Pons, que era la interventora general del SAS en agosto de 2020 cuando se emitió ese reparo "para prevenir de lo que estaba pasando" y para que, con su testimonio, pueda "poner en evidencia que estamos ante una trama corrupta de un Gobierno corrupto que, de manera intencionada, premeditada, urdida con antelación, decidió apartar los controles para poder disponer libremente, sin control, a dedo, sin publicidad, sin concurrencia, de cientos de millones de euros de los fondos públicos de Andalucía", según ha concluido Mario Jiménez.