Lejos de los agobios a los que el Congreso ha acostumbrado al Gobierno, la Ley de Movilidad Sostenible superará con nota su primer examen en la Cámara este jueves.
La negociación llevada a cabo por el Grupo Socialista en las últimas semanas ha asegurado el respaldo del bloque de la investidura a la tramitación de este proyecto de ley durante la votación de totalidad prevista para este jueves.
La iniciativa, heredada de la pasada legislatura y que ‘murió’ en mayo de 2023 cuando los grupos ya negociaban enmiendas parciales, se somete esta semana a su primera votación en el Congreso, ante el intento del PP de derribarla.
Tras tender la mano al Gobierno para negociar y acordar esta ley –«uno de los mayores desafíos que tiene el Gobierno», enfatizaba su portavoz de Movilidad, Alberto Herrero–, los ‘populares’ registraron una enmienda de devolución. «Motivos no faltan», defienden desde este grupo parlamentario.
Fuentes ‘populares’ reconocen que la enmienda responde también a la oportunidad de exprimir la debilidad parlamentaria del Ejecutivo de coalición, pero no se descartan para la negociación de enmiendas parciales y los pactos que hayan de darse. Trabajan desde hace semanas en sus propuestas.
Sin escollo competencial
Para sortear los votos de PP y Vox, el Ejecutivo cuenta con los votos de sus aliados de investidura y no espera sorpresas.
Esquerra Republicana (ERC) trasladó al Gobierno desde los primeros compases de legislatura su postura en esta norma. O se pactaban cambios en materia competencial o presentaría enmienda a la totalidad.
Aprovechándose de los avances logrados hace un año, los republicanos alcanzaron un acuerdo con el PSOE para limar choques de carácter competencial con las comunidades autónomas y los ayuntamientos.
Acuerdos que, según confirman desde los propios grupos, también han sido suscritos con PNV y Junts.
Menos estructura administrativa
En el caso de Junts, por ejemplo, también hay compromisos para simplificar y aligerar la estructura administrativa que impulsa el proyecto y que desde esta formación no comprenden, máxime para políticas de cercanía como es el desarrollo de vías ciclistas o las la ‘última milla’ en el reparto de mercancías.
Desde esta formación no esconden el interés en negociar la propuesta, pero subrayan que el respaldo en la votación de totalidad no descarta cualquier escenario en las votaciones que han de llegar durante la tramitación.
EH-Bildu también ha comprometido al Gobierno su respaldo a la tramitación del proyecto. En esta formación también confirman que el aspecto competencial era una de sus preocupaciones e intercambian ya documentos con el PSOE de cara a la negociación de enmiendas parciales.
La cuestión fiscal
Las conversaciones no se limitan a los socios de investidura. Entre las propias formaciones de coalición hay contactos. En la pasada legislatura, el proyecto llegó sin acuerdo entre el PSOE y Unidas Podemos, que presentaron sus enmiendas por separado, y el socio minoritario incluso ponía en duda su voto a favor.
El proyecto tramitado ahora es exactamente el mismo, ya que Transportes remitió a la Cámara el mismo texto para no tener que partir de cero y aprovechar el trabajo ya realizado.
Esas diferencias se mantienen, ahora con Sumar, pero hay conversaciones para pactar cambios. Desde este grupo, además, avanzan que limitarán el número de enmiendas que presenten para aligerar la tramitación.
Pese a los avances, apuntan que las mayores dificultades que están teniendo a la hora de negociar la ley es en el lado fiscal, que concentró buena parte de las propuestas de los grupos la pasada legislatura, especialmente en ese mismo espacio político.
Donde aún no tienen decidido su voto es en Podemos, que en todo caso no tendría capacidad de bloquear la ley si no fallan el resto de aliados parlamentarios.