El PSPV ha registrado este jueves en la Fiscalía una denuncia por “el pelotazo” derivado de la permuta de viviendas de protección pública (VPP) impulsada por el Gobierno de María José Catalá con una promotora, al considerar que podrían haberse cometido tres delitos: falsedad documental, estafa y prevaricación administrativa.
Así lo ha explicado el portavoz del grupo municipal socialista, Borja Sanjuan, antes de formalizar la denuncia. Además, ha precisado que han solicitado a la Abogacía del Ayuntamiento que elabore un informe independiente sobre la legalidad de esta operación urbanística, al margen de las diligencias que pueda abrir la Fiscalía, con el fin de que se revise de oficio el expediente y que “de manera inmediata se declare nula y se le devuelvan estas viviendas a las 39 familias afectadas”.
En la denuncia se reclama al Ministerio Público que analice la permuta acordada entre el consistorio y una promotora que estaba obligada a entregar 39 VPP ya terminadas a cambio de suelo municipal para levantar 250 viviendas y recibir 1,7 millones de euros. Esas 39 viviendas estaban adjudicadas a otras tantas familias que habían desembolsado 1.000 euros en concepto de reserva y que, en este momento, “se han quedado sin casa”.
Los socialistas señalan como primer posible ilícito un delito de falsedad documental atribuido a la empresa que, según sostienen, “se ha llevado un pelotazo urbanístico valorado en más de 50 millones de euros de este Ayuntamiento, porque certificó que no había comercializado las viviendas a pesar de que, tal y como demuestran los documentos aportados en la denuncia, ya las había prerreservado a 39 familias, a las echó para obtener a cambio un gran beneficio a costa de suelo público y del presupuesto municipal”.
En la misma línea, Sanjuan ha indicado que la mercantil comunicó al Ayuntamiento que “esas viviendas nunca habían sido comercializadas, algo que podemos demostrar con los documentos que hemos entregado en Fiscalía que es completamente falso”. A su juicio, “la actitud que mantuvo la empresa con estas familias es posible que exista también un delito de estafa”.
El portavoz socialista ha añadido que, además, en la tramitación de esta permuta podría haberse incurrido en un delito de prevaricación administrativa por parte de cargos municipales. A este respecto, ha subrayado que “cuando una empresa hace una declaración responsable, si el Ayuntamiento tiene información de que está mentiendo, ha de decirle a la empresa que no puede ser destinataria de esa permuta”.
“DERECHO ADQUIRIDO” y vínculos con la promotora
“Si aún así siguieron adelante con este procedimiento, tendrán que explicar por qué se ha cometido presuntamente una ilegalidad a sabiendas de que la ilegalidad existía”, ha afirmado Sanjuan. En este contexto, ha considerado “muy preocupante” lo ocurrido en el último pleno, cuando el edil de Grandes Proyectos y Contratación —que era el responsable de Patrimonio cuando se tramitó la permuta—, José Marí Olano, “reconocer relaciones personales con los apoderadores y los titulares de la promotora”.
Por todo ello, el PSPV insiste en que la permuta debe quedar sin efecto. Sanjuan ha pedido empatía con las familias afectadas: “Hay que ponerse en la piel de las 39 familias que habían hecho la prerreserva de una vivienda de protección pública, sabes que tienes una fecha de entrega, te van informando de manera puntual de cómo van avanzando las obras y tu propio Ayuntamiento te quita la casa”, ha denunciado. A su juicio, “es muy sospechoso cómo se ha tramitado este expediente. Había una decisión tomada en el Ayuntamiento de que ningún requisito legal iba a parar este pelotazo urbanístico”, ha concluido.