La portavoz del PSPV en el Ayuntamiento de Alicante, Ana Barceló, ha reclamado al alcalde, Luis Barcala (PP), que “aclare desde cuándo conocía los pagos” y “la vinculación” de la ya exconcejala de Urbanismo, Rocío Gómez, con la cooperativa promotora de las viviendas de protección pública (VPP) del proyecto Les Naus.
La dimisión de Gómez se produjo después de trascender que figuraba entre las adjudicatarias de una de las viviendas del complejo situado en la Playa de San Juan, epicentro de la controversia durante el último mes por las sospechas de posibles irregularidades en el proceso de adjudicación, actualmente bajo investigación judicial.
En una nota remitida a los medios, Barceló ha acusado al regidor del PP de “tratar de cerrar en falso el expediente municipal” sobre las VPP “cuando todavía existen numerosos interrogantes”. A su juicio, “Barcala no puede limitarse a decir que no hay nada más que investigar mientras siguen apareciendo datos que contradicen esa versión”.
De acuerdo con la documentación que ha consultado el grupo socialista, “Gómez firmó su contrato de adhesión a la cooperativa el 8 de marzo de 2022 y realizó un pago de 67.650 euros”. “El pago de la concejala se produjo antes de que la junta local de gobierno aprobara la adjudicación de la parcela a la cooperativa (22 marzo de 2022)”, han precisado.
El PSPV incide en que “este ingreso se produjo también antes de que la Generalitat Valenciana concediera a Les Naus la calificación provisional como vivienda de protección pública, que no llegó hasta el 9 de septiembre de 2023. Además, no fue hasta el 9 de febrero de 2024 cuando la Generalitat autorizó formalmente a la cooperativa a percibir cantidades a cuenta de los adjudicatarios”.
“Posteriormente, el 25 de junio de 2024, la edil firmó un nuevo contrato de adhesión, aparentemente para corregir la entrega a cuenta realizada en 2022. Cabe recordar que el cobro de cantidades anticipadas sin contar con la preceptiva calificación provisional puede constituir una infracción muy grave en materia de vivienda protegida”, ha señalado el grupo socialista, que pone el foco en la secuencia temporal.
En este sentido, la portavoz ha recalcado que “los pagos se realizaron antes de que existiera autorización para percibir cantidades a cuenta y eso es un hecho objetivo que el alcalde no puede obviar”.
“Dudas razonables” sobre el conocimiento del alcalde
Barceló considera que “el alcalde no puede dar por cerrado el expediente interno cuando la propia documentación municipal evidencia que los pagos se realizaron antes de la autorización autonómica”.
“Además, en el expediente de averiguación interna impulsado por Barcala no consta que se haya requerido formalmente a la ahora exconcejala para que aportara toda la documentación relativa a esos pagos a la cooperativa. Por tanto, siguen existiendo dudas razonables sobre cuándo tuvo conocimiento Barcala de todo este asunto”, insisten desde el grupo socialista.
La dirigente del PSPV ha cuestionado “especialmente” la decisión del alcalde “de cesar a Rocío Gómez como responsable de Patrimonio apenas 15 días antes de que formalizara esa segunda adhesión a la cooperativa”.
Para la formación socialista, “resulta inevitable preguntarse si el alcalde ya tenía conocimiento previo de la situación cuando adoptó esa decisión y si ese fue el verdadero motivo del relevo”. Barceló ha enfatizado que “no se trata de una concejala cualquiera, sino de una persona de la máxima confianza del alcalde, con una relación previa a su etapa institucional, lo que hace aún más necesario que explique con claridad qué sabía y desde cuándo lo sabía”.
“Resulta difícil creer que el alcalde desconociera una situación que afectaba a una persona de su máxima confianza”, ha añadido, subrayando que “la decisión de apartarla de Patrimonio pocos días antes de la segunda adhesión no puede desligarse del contexto en el que se produce”.
Los socialistas también ven “imprescindible” aclarar “si en la segunda adhesión se cumplían todos los requisitos exigidos para acceder a una vivienda protegida, especialmente en lo relativo a la titularidad de otros inmuebles y a los límites de ingresos de la unidad familiar”.
En esta línea, sostienen que “el alcalde no puede precipitar el cierre de una investigación interna mientras sigan existiendo dudas razonables sobre su grado de conocimiento. La transparencia no consiste en proteger a los suyos, sino en explicar toda la verdad”.
Finalmente, Barceló ha reiterado que “la transparencia no consiste en dar carpetazo, sino en explicar con claridad qué sabía el alcalde y desde cuándo lo sabía”, y ha remarcado que, “si no tiene nada que ocultar, lo que corresponde es ofrecer todas las explicaciones y no cerrar el expediente en falso”.
Respuesta de Barcala: “no ha habido cambios”
Por su parte, Barcala ha asegurado este lunes ante los periodistas que “no ha habido cambios” ni “nada que comentar” sobre el caso de las VPP de Les Naus desde el pasado viernes, fecha en la que ofreció “toda la colaboración del Ayuntamiento” y la suya “personal” a la titular de la plaza 5 de la Sección de Instrucción del Tribunal de Instancia de Alicante, que analiza las adjudicaciones de las viviendas.
En declaraciones posteriores a una reunión con la consellera de Educación, Cultura y Universidades, Carmen Ortí, el alcalde ha apuntado que este martes, tras la junta de gobierno, podría facilitarse alguna novedad sobre este asunto.