El director del Servicio de Investigación, Inspección y Régimen Sancionador de la Oficina Anticorrupción y Buenas Prácticas de Navarra (OANA), Iván Razquin, sostuvo este martes ante el Parlamento foral que en la mesa de contratación de las obras del túnel de Belate “el procedimiento está viciado porque una persona -el presidente de la mesa- tenía más información que los demás”. “Recibía las votaciones de los demás”, apuntó.
Durante su intervención en la comisión de investigación sobre adjudicaciones públicas, Razquin recalcó que la forma de trabajar de la mesa “no es normal” y confirmó que la OANA mantiene su criterio de considerar esta adjudicación “nula de pleno derecho”.
Insistió en que “lo que ha pasado no es normal. Que luego sea delictivo o no, eso ya corresponde a otras entidades”, en respuesta a las preguntas formuladas por UPN. A su juicio, el sistema de puntuación empleado, en el que los técnicos entregaban sus valoraciones al presidente, resulta inaceptable. “Esto no es normal. Y no me meto en si el presidente votó el último o votó el primero. Tenía conocimiento de las puntuaciones de los demás. Que luego la cambie o no, me da igual, no lo sé ni me importa. Pero eso no se puede hacer. Y por eso nosotros hemos entendido que eso es nulo de pleno derecho, porque no se garantizaron los principios de imparcialidad y de transparencia. Es que todos no han tenido la misma información”, argumentó.
Razquin advirtió de que “cuando se normalizan prácticas que no garantizan la imparcialidad, la independencia, la transparencia, la objetividad del cumplimiento normativo, estamos ante una declaración administrativa que favorece la opacidad y la impunidad”. Afirmó que no es aceptable justificar estos usos con la idea de que siempre se ha actuado de la misma forma: “No puede decirse que siempre se ha hecho así porque siempre se ha hecho mal. Eso no vale”.
El representante de la OANA cuestionó “qué necesidad tenía el presidente de tener los votos de los demás” y planteó alternativas que, a su juicio, habrían reforzado las garantías: “¿Por qué no se hizo que los vocales le pasan las puntuaciones al secretario, que es el fedatario público, y él las conserva y luego las ponen en común? ¿Por qué no se firmaron los informes en los cuales acredita ‘yo lo he hecho este día’? Que luego lo puedo modificar, pues hago otro, no hay ningún problema. ¿Por qué no? Me da igual, que lo respondan ellos. ¿Por qué no se ha hecho como en otras mesas? ¿Por qué hubo una mesa que duró más de tres meses? Eso no es normal, eso es anormal. ¿Qué explicación hay para eso?”.
Reconoció que puede resultar lógico que “una mesa de valoración técnica de los túneles de Belate dure más en tiempo, por ejemplo, que el colegio de Arbizu, porque es más compleja y sobre todo es de más importe”, pero subrayó que “que pase esto no es normal y por eso se está investigando, no es normal”.
A preguntas de EH Bildu, Razquin precisó que en la mesa de contratación de Belate los participantes pudieron expresar su criterio sin cortapisas; “de hecho, la manifestaron libremente”. Detalló además que el voto particular suscrito por los tres miembros jurídicos de la mesa “es un derecho que se da en la ley foral de Contratos”. “Cada uno lo puede formular, el secretario advirtió a los técnicos, porque seguramente igual los técnicos no lo sabían”, añadió.
Interrogado sobre si la deliberación se desarrolló de forma adecuada, respondió que “no”. Explicó que “el presidente ejerce las funciones, entiéndase bien, de policía de la mesa. Y el que controla jurídicamente es el secretario”, y añadió que este último “tenía que haber advertido de que hay algo que no se estaba haciendo bien, ponérselo en conocimiento del presidente, porque el presidente es la máxima autoridad en la mesa”.
Razquin, que reiteró su respaldo a los informes emitidos por la OANA sobre los contratos de las obras adjudicadas a Acciona y Servinabar o Alegure, recordó que la presidenta del Gobierno, María Chivite, y el propio Parlamento “pidieron emitir un informe sobre estas cuestiones y se emitió”. “Nosotros no hemos visto corrupción”, indicó, subrayando que esa es la conclusión alcanzada con la documentación recibida de los distintos departamentos.
Desgranó igualmente cuál habría sido el cauce en caso de denuncia formal: “Si hubiera habido una denuncia o se hubiera pedido un procedimiento de investigación, se hubiera abierto y de haber abierto un expediente de investigación se habría hecho una resolución de inicio y en esa resolución se habría dado un plazo, creo que son 15 días, de alegaciones a las partes denunciadas, y en virtud de esas alegaciones y de los documentos que se hubieran podido aportar y de las investigaciones posteriores realizadas, habría habido un informe provisional que se habría trasladado a la denunciante y a los otros posibles interesados para que emitieran otra vez alegaciones y, según esas alegaciones, hubiera habido un informe final y de ahí se habría dictado la resolución. Pero esto simplemente es la petición de un informe, con el informe que haga lo que estime oportuno”.
Precisó que “en el informe se analiza sobre todo si ha habido un cumplimiento de la legalidad o en su caso de los reglamentos, por eso se llaman cumplimientos normativos”. “El verdadero carácter de estos informes es informar del estudio que se ha hecho de los expedientes, nada más”, remarcó.
Por último, defendió que la OANA no ha invadido las competencias de la Cámara de Comptos. “Si nos referimos a Belate, ellos -Comptos- realizaron, estudiaron, investigaron un aspecto, y como lo relativo a la actuación de la mesa de contratación quedaba fuera de la Cámara de Comptos, se estudiaba por nuestra parte”, concluyó.