Francisco Javier Lorente, responsable del bar Franky, ha declarado este martes ante la comisión de investigación del Parlamento de Navarra sobre adjudicaciones de obra pública que “no participé ni tuve conocimiento alguno de la existencia de ninguna trama política ni de irregularidades relacionadas con adjudicaciones o contratos públicos”. El local figura en la investigación de la UCO de la Guardia Civil como supuesto intermediario en la emisión de facturas falsas, mecanismo que se habría utilizado para abonar presuntas ‘mordidas’ en el denominado ‘caso Cerdán’.
Al comienzo de su intervención, Lorente ha subrayado que su trayectoria ha sido “exclusivamente empresarial” como titular, junto a su esposa, de un restaurante en Pamplona. “No he sido cargo público ni he tenido responsabilidad política alguna. No he recibido ni percibido ningún dinero para mi patrimonio personal”, ha indicado ante los parlamentarios.
El gestor del bar ha recordado que “existe un procedimiento judicial en curso que afecta a los hechos sobre los que, previsiblemente, versarán sus preguntas” y ha añadido que “por responsabilidad, no voy a pronunciarme sobre estos hechos concretos, que están siendo investigados, ni a valorar informes incorporados a dicha investigación”. En este sentido, ha precisado que “responderé únicamente a aquellas cuestiones que no interfieran con el procedimiento judicial”.
Durante su comparecencia, ha detallado que, junto con su mujer, estuvo al frente del bar Franky, situado frente al Palacio de Justicia de Pamplona, durante un periodo de cuatro años, hasta diciembre de 2019.
En el arranque del turno de preguntas de UPN, el parlamentario Juan Luis Sánchez de Muniáin ha recordado que en el informe de la UCO de la Guardia Civil se menciona el bar Franky y se apunta que “el establecimiento ha sido, de alguna manera, posiblemente utilizado para lavar cantidades de dinero provenientes, presuntamente, de esas adjudicaciones relacionadas con la obra pública o con presuntas mordidas”.
Tras esta afirmación, Francisco Lorente ha reiterado que “no voy a pronunciarme” porque “hay una investigación judicial y yo de eso no tengo que hablar”, manteniendo su negativa a entrar en los detalles de la causa.
Ante esta postura, el parlamentario regionalista ha sostenido que, al no figurar el compareciente como investigado en el procedimiento penal, “tiene obligación de responder a las preguntas”. A continuación, la letrada de la comisión ha intervenido para precisar que “si él tiene conocimiento de las preguntas que se le formulan y está relacionado con el objeto de la comparecencia, tiene obligación de decir la verdad y de contestar a las preguntas que se le formulen”.