QUIÉN ES QUIÉN
A MANO ALZADA
Luz verde a la tramitación de la Proposición de Ley para modificar la ley orgánica del Poder Judicial en lo relativo a las competencias de la Audiencia Nacional. Además del Grupo Popular en el Senado, autor de la proposición, han votado a favor de la toma en consideración los tres parlamentarios de Vox, la de UPN (María del Mar Caballero Martínez), el de Coalición Canaria (Pedro Sanginés Gutiérrez) y el de la Agrupación Herreña Independiente (Aniceto Armas González).
En la votación se abstuvieron algunos de los socios del Gobierno, concretamente los que integran el Grupo de la Izquierda Confederal (Más Madrid, Compromís, Geroa Bai y la Agrupación Socialista Gomera), mientras que el resto de formaciones se han pronunciado en contra.
Crimen organizado de drogas y centralización del terrorismo
La iniciativa legislativa del PP propone ampliar las competencias de los juzgados de la Audiencia Nacional para aumentar los supuestos en los que causas por delitos de narcotráfico, blanqueo de capitales en relación con el tráfico de estupefacientes o crímenes de trata de personas sean instruidos en este órgano judicial. En su defensa de la proposición de ley, la senadora y secretaria primera de la Mesa, Marimar Blanco, ha alegado la falta de recursos y de especialización del personal de los juzgados locales sobre los que recaen en la actualidad muchas de estas causas para plantear la redefinición de atribuciones de la Audiencia Nacional.
Para ello, el texto plantea reescribir el artículo 65.1 de la Ley Orgánica del Poder Judicial, en concreto las letras d), f) y g) para que la Sala de lo Penal de la Audiencia Nacional sea el órgano competente en primera instancia para aquellos casos que involucren a varias jurisdicciones, así como para incluir el blanqueo de capitales «cometido por organizaciones criminales» (siempre en relación con el tráfico de drogas o psicotrópicos) y los delitos de trata y tráfico de personas cuando se produzcan en lugares que competen a diferentes Audiencias judiciales.
Desde el PP aprovechan también esta reforma para introducir una nueva letra, la j), en el citado artículo 65 con el que pretenden unificar en la Audiencia Nacional las competencias sobre los delitos de terrorismo.
Oposición del PSOE y nacionalistas
Entre quienes han rechazado la propuesta un argumento coincidente: el de la tramitación en el Congreso del Proyecto de Ley Orgánica de medidas en materia de eficiencia del servicio público de Justicia, y de acciones colectivas para la protección y defensa de los derechos e intereses de los consumidores y usuarios, entre cuyas modificaciones se plantea también la del artículo 65 de la Ley del Poder Judicial.
Así lo ha recordado el portavoz del Grupo Vasco (PNV) en el debate, Igotz López Torre, senador por Vizcaya, quien «no le ve sentido a esta proposición de ley [la del PP] » y ha emplazado a los populares a registrar enmiendas a dicho proyecto de ley en el Congreso o incluso a hacerlo en el Senado, cuando la iniciativa llegue a esta Cámara, «un procedimiento más rápido y entiendo que más eficiente», ha zanjado el legislador del PNV.
En una línea similar se ha pronunciado el portavoz del Grupo Plural, el senador por Girona Joan Bagué (Junts), quien ha manifestado que desde su formación ven más adecuado que se refuercen los medios de las audiencias provinciales y las fiscalías especiales Anticorrupción y Antidrogas en la lucha contra estos delitos.
Por parte del PSOE ha intervenido en el debate la secretaria tercera de la Mesa y senadora por Córdoba, María de los Ángeles Luna, que ha rechazado la proposición de ley del Grupo Popular por su «falta de rigor» e «imprecisión jurídica». Luna ha enumerado una serie de supuestos en conexión con la modificación planteada por el PP que quedarían fuera de la competencia de la Audiencia Nacional de aprobarse el texto tal y como está redactado en estos momentos, como los cometidos por funcionarios públicos, entre otros.
Décima proposición de ley del PP que salta al Congreso
Con la toma en consideración de la proposición de ley votada en la sesión plenaria de ayer son ya diez las iniciativas legislativas del Grupo Popular en el Senado que están en tramitación parlamentaria. El PP ha hecho valer su mayoría absoluta en la Cámara Alta para promover modificaciones legales en materia tributaria (reducción del IVA a peluquerías y salones de estética), Vivienda (medidas contra la okupación), Justicia (ampliación de los supuestos para aplicar la prisión permanente revisable), medio rural (para los montes de socios) o Administración Pública (introducción del voto telemático en entidades locales) entre otras.
Aunque algunas de ellas han sido apoyadas en su trámite inicial en el Senado solo por el PP o por Vox y UPN, otras sí han contado con una serie de abstenciones o votos favorables que de trasladarse al Congreso harían viable su aprobación. No obstante, las formaciones que integran el Gobierno de coalición (PSOE y Sumar) están aplicando su mayoría en la Mesa del Congreso para mantener todas estas iniciativas bloqueadas en la fase de enmiendas mediante ampliaciones sucesivas de los plazos para registrar propuestas de modificación a cada uno de los textos de los populares. Algunas, como la de la bajada del IVA a peluquerías acumulan ya 18 prórrogas (desde finales de 2023).
