Luz verde a la tramitación de la Proposición de Ley para modificar la ley orgánica del Poder Judicial en lo relativo a las competencias de la Audiencia Nacional. Además del Grupo Popular en el Senado, autor de la proposición, han votado a favor de la toma en consideración los tres parlamentarios de Vox, la de UPN (María del Mar Caballero Martínez), el de Coalición Canaria (Pedro Sanginés Gutiérrez) y el de la Agrupación Herreña Independiente (Aniceto Armas González).
En la votación se abstuvieron algunos de los socios del Gobierno, concretamente los que integran el Grupo de la Izquierda Confederal (Más Madrid, Compromís, Geroa Bai y la Agrupación Socialista Gomera), mientras que el resto de formaciones se han pronunciado en contra.
Crimen organizado de drogas y centralización del terrorismo
La iniciativa legislativa del PP propone ampliar las competencias de los juzgados de la Audiencia Nacional para aumentar los supuestos en los que causas por delitos de narcotráfico, blanqueo de capitales en relación con el tráfico de estupefacientes o crímenes de trata de personas sean instruidos en este órgano judicial. En su defensa de la proposición de ley, la senadora y secretaria primera de la Mesa, Marimar Blanco, ha alegado la falta de recursos y de especialización del personal de los juzgados locales sobre los que recaen en la actualidad muchas de estas causas para plantear la redefinición de atribuciones de la Audiencia Nacional.
Para ello, el texto plantea reescribir el artículo 65.1 de la Ley Orgánica del Poder Judicial, en concreto las letras d), f) y g) para que la Sala de lo Penal de la Audiencia Nacional sea el órgano competente en primera instancia para aquellos casos que involucren a varias jurisdicciones, así como para incluir el blanqueo de capitales «cometido por organizaciones criminales»(siempre en relación con el tráfico de drogas o psicotrópicos)y los delitos de trata y tráfico de personas cuando se produzcan en lugares que competen a diferentes Audiencias judiciales.
Desde el PP aprovechan también esta reforma para introducir una nueva letra, la j), en el citado artículo 65 con el que pretenden unificar en la Audiencia Nacional las competencias sobre los delitos de terrorismo.
Oposición del PSOE y nacionalistas
Entre quienes han rechazado la propuesta un argumento coincidente: el de la tramitación en el Congreso del Proyecto de Ley Orgánica de medidas en materia de eficiencia del servicio público de Justicia, y de acciones colectivas para la protección y defensa de los derechos e intereses de los consumidores y usuarios, entre cuyas modificaciones se plantea también la del artículo 65 de la Ley del Poder Judicial.
Así lo ha recordado el portavoz del Grupo Vasco (PNV) en el debate, Igotz López Torre, senador por Vizcaya, quien «no le ve sentido a esta proposición de ley [la del PP] » y ha emplazado a los populares a registrar enmiendas a dicho proyecto de ley en el Congreso o incluso a hacerlo en el Senado, cuando la iniciativa llegue a esta Cámara, «un procedimiento más rápido y entiendo que más eficiente», ha zanjado el legislador del PNV.
