El Tribunal de Cuentas ha decidido indagar en “posibles irregularidades” vinculadas a la gestión de los hospitales de la Comunidad de Madrid, tras la denuncia presentada por el PSOE sobre una presunta condonación de más de 70 millones de euros a los grupos sanitarios privados Quirón y Ribera Salud.
Según el escrito del Departamento 3.º de la Sección de Enjuiciamiento, al que ha tenido acceso Europa Press, se acuerda la apertura de una pieza de Acción Pública a partir de la documentación remitida por los socialistas. Frente a esta resolución cabe interponer recurso en el plazo de cinco días desde la notificación.
En el documento, el Tribunal requiere al PSOE, y en particular a su portavoz en la Asamblea, Mar Espinar, que concrete e identifique los supuestos de responsabilidad contable que podrían afectar a la Comunidad de Madrid en tareas de intervención, administración, custodia o manejo de bienes y fondos públicos.
La iniciativa del PSOE se apoya en una información de 'eldiario.es', que señalaba que entre 2017 y 2023 no se habría registrado en el sistema de balance un total de 71,65 millones de euros en costes por tratamientos de pacientes atendidos en hospitales públicos procedentes de cinco centros hospitalarios concertados.
De acuerdo con este medio, que cita un informe de la Consejería de Sanidad sobre la libre elección, la razón sería “no encontrar documentación de la actividad clínica”.
Personación del PSOE en el procedimiento
El PSOE ha anunciado que se personará en la causa. El secretario general del PSOE-M y ministro para la Transformación Digital y de la Función Pública, Óscar López, ha asegurado que “los regalos” de la presidenta autonómica, Isabel Díaz Ayuso, a estos grupos sanitarios “no van a quedar impunes”.
“Para que se entienda mejor: mientras se riega a esas empresas con dinero público, en Madrid acabamos de volver a superar el millón de personas en lista de espera”, ha manifestado en sus redes sociales.
Por su parte, en declaraciones difundidas a los medios, Mar Espinar valora que el Tribunal de Cuentas dé “un paso más para demostrar que puede haber responsabilidad contable” del Ejecutivo regional al “perdonar a estas empresas privadas 71,6 millones de euros sin justificar”.
El escrito remitido al Tribunal de Cuentas
En el escrito registrado en febrero, al que también tuvo acceso Europa Press, el PSOE incorpora la noticia de 'eldiario.es' y expone que, al revisar las Cuentas Generales de la Comunidad de Madrid de varios ejercicios, “o aparece ninguna rúbrica que pueda identificarse como deudas de concesionarias por balance intercentros, saldos pendientes por libre elección, derechos no registrados, etc”.
Los socialistas sostienen que, si esos 71 millones hubieran generado un “derecho contable”, deberían figurar en la Cuenta General, y que su ausencia supone “o un error o una ocultación”.
“Además, es la Consejería de Sanidad del gobierno de la Comunidad de Madrid la que ordena con qué programas y sistemas de información se debe recopilar la información para que los apuntes seas válidos en los “balances intercentros”; sin embargo, no se ha estandarizado la gestión de datos en los hospitales de gestión pública” añaden en el documento.
Este contexto, argumenta el PSOE, impediría facturar a Quirón y a Ribera Salud los servicios prestados a pacientes derivados desde los hospitales de concesión.
Por ello, solicitan que se determine el saldo deudor, la falta de numerario o de justificación en las cuentas, así como la posible existencia de entes públicos perjudicados por daños al erario, de forma que pueda abrirse, en su caso, un proceso de reparación presupuestaria que afecte a los capítulos de gastos e ingresos públicos.
La versión de la Comunidad de Madrid
Desde la Consejería de Sanidad, en febrero se defendió que el informe mencionado “no es un informe oficial” sino “un documento interno de trabajo descontextualizado”, cuya lectura “no refleja la realidad asistencial ni económica”, ya que los datos proceden de un volcado informático preliminar “que no recoge todas las fuentes de información clínica disponibles”.
El departamento que dirige Fátima Matute insistió en que “no existe falta de documentación”. “La actividad clínica está plenamente registrada y puede consultarse por múltiples vías --Horus, historia clínica electrónica, informes en papel y aplicaciones específicas, citan--, que son las utilizadas habitualmente por los inspectores de la Consejería de Sanidad. La trazabilidad está garantizada”, subrayaron.