El Tribunal de Cuentas ha señalado un "uso excesivo" de la contratación menor en las consejerías de Cultura de Murcia, Cantabria, Extremadura, La Rioja, Ceuta y Melilla durante 2022, advirtiendo de que esta práctica "puede afecta a los principios de publicidad y concurrencia".
Así se recoge en un informe reciente del órgano fiscalizador, que analiza la actuación de las consejerías con competencias culturales de Cantabria, Extremadura, La Rioja, Murcia, Ceuta y Melilla, así como de 15 organismos y entidades dependientes de las mismas.
En total, estas administraciones formalizaron 10.345 contratos por un valor global de 65,8 millones de euros. De ellos, se sometieron a revisión 79 contratos no menores, que suman 61,6 millones, y 417 contratos menores, por un importe de 3,7 millones.
El documento concluye que la contratación realizada en 2022 por las entidades del ámbito cultural de estas comunidades autónomas, aunque "se ajustó, con carácter general, a la legalidad", presenta diversas incidencias en varias fases de tramitación de los expedientes.
Demoras y deficiencias en la gestión contractual
El Tribunal también detecta retrasos relevantes en la ejecución de algunos contratos de obra, lo que ha pospuesto la disponibilidad de determinadas infraestructuras culturales para su utilización por la ciudadanía. Estas demoras se asocian a deficiencias en la planificación y preparación de los contratos, así como a insuficiencias en su seguimiento posterior.
Respecto a la contratación menor, que supone el 38 % del importe total adjudicado, el órgano fiscalizador subraya un recurso excesivo a esta vía para atender servicios y suministros de carácter recurrente, con especial incidencia en las consejerías de la Región de Murcia, Cantabria y Melilla. A juicio del Tribunal, este patrón de actuación puede menoscabar los principios de publicidad y concurrencia que rigen la contratación pública.
En conjunto, el informe evidencia que, pese al respeto general al marco legal, persisten debilidades que ponen de manifiesto la conveniencia de reforzar la planificación, el control y la gestión de la contratación en el ámbito cultural.
Como consecuencia de los hallazgos, el Tribunal de Cuentas plantea una serie de recomendaciones: mejorar la planificación, en particular en los contratos de obra; evitar recurrir sistemáticamente a la contratación menor para atender necesidades previsibles; precisar mejor los criterios de adjudicación; garantizar una adecuada preparación de los contratos y potenciar los mecanismos de control durante su ejecución.