El Consejo de Ministros de este martes dio los primeros pasos para aprobar la condonación de la deuda de las comunidades autónomas, pero su aplicación efectiva no solo requiere de tiempo para tramitar el anteproyecto y de la voluntad de las comunidades autónomas, sino de un agente cuya posición será determinante y que, de momento, permanece fuera del radar: las entidades bancarias.
El Anteproyecto de Ley de Medidas Excepcionales de Sostenibilidad Financiera para las Comunidades Autónomas de Régimen Común recoge el procedimiento para que el Estado asuma deuda autonómica. En los casos en que su origen sea el FLA (Fondo de Liquidez Autonómica), la asunción de la deuda se aplicará mediante la cancelación o amortización hasta alcanzar el importe previsto en la ley para cada Comunidad. Sin embargo, en los supuestos de deuda con entidades financieras, éstas habrán de dar su consentimiento.
Una vez aprobada definitivamente la ley (tiene que pasar en segunda vuelta por el Consejo de Ministros y superar la tramitación parlamentaria en las Cortes Generales), la comunidad autónoma que decida voluntariamente acogerse a la condonación de la deuda deberá remitir a la Secretaría General del Tesoro y Financiación Internacional la documentación requerida sobre la deuda que mantienen con las entidades privadas.
Recibida esta documentación, será la Comisión Delegada de Asuntos Económicos (CDGAE) la que seleccione qué deuda asume el Estado, que se subrogaría en la posición deudora, previo consentimiento de las entidades acreedoras.
Fuentes del Ministerio de Hacienda consultadas por Demócrata admiten que todavía no han sondeado a las entidades bancarias para conocer su opinión al respecto ya que la iniciativa aún no se ha aprobado como tal y hay tiempo para llegar a ese escenario.
“Llegado el momento, se hablará”, esgrimen, aunque no anticipan que pueda haber problema alguno porque “el Estado tiene capacidad para responder a una deuda de una comunidad autónoma”.
En cualquier caso, añaden las mismas fuentes, primero son las propias autonomías las que deben dar el paso de aceptar la condonación.
Las fases y la deuda del FLA
El Ejecutivo, con esta ley, podría asumir 83.252 millones de euros de deuda para permitir a los territorios reducir su pasivo liberar unos 6.700 millones del pago de intereses que podrán destinar a “reforzar el Estado de Bienestar” y ganar “autonomía financiera”.
La metodología para calcular la cifra de condonación es particular para cada comunidad. Hacienda ya trasladó a los gobiernos autonómicos el pasado mes de febrero su propuesta, que consta de tres fases:
- Fase 1: Se compara la deuda autonómica durante la crisis financiera (del 31 de diciembre del 2009 al de 2013) con el crecimiento del pasivo autonómico durante la pandemia y el momento de mayor impacto de la guerra de Ucrania (del 31 de diciembre de 2019 hasta el de 2023). Así las cosas, la diferencia entre los 109.582 millones resultantes de la primera etapa y los 29.272 millones de la segunda, arroja la cifra de 80.310 millones, lo que reflejaría el “sobreendeudamiento” durante la crisis financiera.
Una vez identificado, se utiliza un criterio técnico para fijar el reparto. En concreto, el grueso del cálculo de la distribución se realiza a través del criterio de población ajustada, de manera que el 75% del importe de 80.310 millones se realiza en función del peso de la media de la población ajustada de cada comunidad entre 2010 y 2022. Esta distribución alcanza los 60.232 millones y supone que la condonación media conjunta de todas las CCAA se sitúa en el 19% de su deuda a cierre de 2023. - Fase 2: Para que ninguna comunidad autónoma quede por debajo de la media de condonación por población ajustada, se incrementa la quita de deuda de aquellas que se sitúan por debajo de la media para garantizar que al menos tengan un 19% de condonación. Supone añadir en la distribución 11.514 millones más de condonación.
- Fase 3: Por último, se realizan dos ajustes adicionales para una mayor equidad. En primer lugar, se identifica a la Comunidad Autónoma que con la metodología seguida hasta ahora presenta una mayor condonación por habitante ajustado, que es la Comunidad Valenciana con 2.284 euros. Y, a continuación, se fija una condonación adicional hasta alcanzar ese mismo nivel para las comunidades autónomas que han tenido durante el periodo 2010-2022 una financiación homogénea por habitante ajustado inferior a la media. Con este mecanismo se asignan otros 10.590 millones de condonación. De esta forma, se pretende compensar a las comunidades en dos ratios susceptibles de generar comparaciones como son el de deuda condonada sobre el total y deuda condonada por habitante.
Asimismo, se fija otra compensación adicional para aquellas comunidades que hayan ejercido al alza sus competencias normativas en el IRPF entre 2010 y 2022; concediéndose un 10% para las que se hayan situado por encima de la media y un 5%, para las que lo han hecho por debajo. El resultado son 917 millones más en la condonación.
El montante total que resulta son los 83.252 millones de euros de condonación.
Sobre el procedimiento de la condonación de deuda con el FLA, se aplicará mediante la cancelación o amortización de los saldos vivos de los préstamos con el Fondo de Liquidez Autonómico hasta alcanzar el importe previsto en la ley para cada Comunidad, empezando por los más antiguos, hasta amortizar, si fuera necesario, el correspondiente a 2019.
Si es preciso para llegar a la cifra total a condonar, se cancelará el préstamo del FLA del año 2024 y después se cancelarán los de los años anteriores a éste. Es decir, 2023, 2022, etc.