La ministra de Hacienda, María Jesús Montero, detallará este viernes la propuesta de nuevo modelo de financiación autonómica. En los últimos meses, las comunidades han vuelto a defender qué variables deberían pesar más en el reparto: algunas reclaman reforzar el criterio de población ajustada, otras coinciden en que debe priorizarse el PIB regional y la mayoría insiste en introducir con mayor fuerza factores como la despoblación y el envejecimiento.
Por ahora, el Gobierno central no ha avanzado aspectos concretos del esquema, más allá de su intención de combinar la negociación multilateral con acuerdos bilaterales. También se ha conocido que el sistema supondría 4.700 millones de euros adicionales para Cataluña, según ha asegurado el líder de ERC, Oriol Junqueras, tras reunirse con el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez.
La última propuesta formal de Hacienda, presentada hace años, giraba en torno a la población ajustada, aunque aquel intento no prosperó. Está por ver si el departamento que dirige Montero ha seguido desarrollando aquel documento remitido a las autonomías o si trabaja ya sobre una base distinta. La ministra ha reiterado que ninguna comunidad verá mermados sus recursos y ha avanzado que se elevará el porcentaje de cesión en determinadas figuras tributarias a los territorios.
Según lo expresado por las autonomías y el propio Ejecutivo, el borrador actual introduce cambios relevantes respecto al modelo vigente. Entre ellos figura la intención del Gobierno de suprimir progresivamente las entregas a cuenta, que hoy son uno de los pilares del sistema. Además, el diseño deberá incorporar la singularidad catalana pactada entre el Ejecutivo central y el Govern de Salvador Illa, pendiente aún de un acuerdo definitivo sobre la gestión de los ingresos tributarios en esta comunidad.
Ocho comunidades se alinean por la despoblación
El debate sobre la financiación autonómica siempre ha evidenciado diferencias territoriales: mientras algunas regiones reclaman que se contemple la dispersión geográfica, otras ponen el foco en indicadores alternativos.
En este momento, la mayoría de comunidades autónomas insiste en que se prioricen la despoblación y el envejecimiento de su población, al considerar que estos factores disparan el gasto público que deben asumir sus presupuestos.
En concreto, son ocho las regiones que exigen situar estos criterios en primera línea: Galicia, Asturias, Cantabria, Castilla y León, Extremadura, Aragón, Castilla-La Mancha y La Rioja.
Hace unos años, el actual presidente del PP, Alberto Núñez Feijóo, cuando aún presidía la Xunta de Galicia, reunió a los otros siete 'barones' autonómicos para aprobar una declaración conjunta en la que reclamaban que estos elementos se incorporasen al modelo, entre otros aspectos.
Comunidades que reclaman la población ajustada
Junto a este bloque, se sitúan las comunidades conocidas como 'infrafinancidas', que desde hace tiempo piden al Gobierno central un fondo de nivelación transitorio mientras se actualiza el sistema de financiación.
Estas mismas autonomías reclaman que el nuevo modelo dé prioridad a la población ajustada como criterio básico: Comunidad Valenciana, Murcia y Andalucía.
Por otro lado, las tres grandes economías regionales —Madrid, Cataluña y Baleares— defienden que se tenga en cuenta el Producto Interior Bruto (PIB) regional a la hora de diseñar el reparto de recursos.
PIB, insularidad y consenso político
Baleares y Canarias plantean además que se incorpore la insularidad como elemento específico para compensar sus desventajas estructurales dentro del sistema que está elaborando Hacienda.
En paralelo, el Gobierno subraya que el acuerdo sobre la financiación autonómica debe sustentarse en un entendimiento entre las dos grandes fuerzas nacionales, lo que obliga a PSOE y PP a acercar posiciones.
Por ello, el Ejecutivo ha pedido a la dirección nacional del PP que fije una postura común ante la negociación, en un contexto en el que sus distintos 'barones' territoriales reclaman criterios diversos.
Los plazos del nuevo modelo
Montero explicará la propuesta este viernes en una rueda de prensa en el Ministerio de Hacienda, y la intención del Gobierno es convocar un Consejo de Política Fiscal y Financiera monográfico para tratar exclusivamente la nueva financiación autonómica.
En este órgano, el Estado dispone del 50% de los votos, por lo que le bastaría el apoyo de una sola comunidad para sacar adelante el texto en ese ámbito multilateral.
Tras esa fase, el diseño del sistema se elevará al Consejo de Ministros para su aprobación y, posteriormente, al Congreso de los Diputados, donde necesitará una mayoría suficiente. El objetivo del Gobierno es que entre en vigor en 2027 y que se logre un respaldo amplio que garantice su estabilidad a largo plazo, aunque Montero sostiene que el PP no quiere “ni siquiera discutir” el nuevo modelo.