El pasado 29 de marzo concluyó el plazo de enmiendas al Proyecto de ley de creación de una Oficina de Derechos de Autor y Conexos (OEDAC), un articulado que se limita a sentar las bases para la articulación de un organismo independiente que pueda disponer de los recursos necesarios para afrontar los desafíos derivados de la evolución tecnológica. Moncloa dice tener el texto “muy encarrilado” y, por ello, los partidos que conforman el Ejecutivo, socialistas y morados, han aprovechado las enmiendas para corregir otras leyes, como la del Impuesto sobre Sociedades o las tasas consulares. Y no han sido los únicos.
Esquerra Republicana de Catalunya (ERC) ha registrado entre sus enmiendas una para urgir a la derogación de la tauromaquia como patrimonio cultural.
Para ello, han propuesto una disposición adicional que derogaría la Ley 18/2013, de 12 de noviembre, para la regulación de la Tauromaquia como patrimonio cultural. “Se propone la derogación de esta legislación porque en ningún caso se puede entender, en pleno siglo XXI, que se siga considerando la tauromaquia como patrimonio cultural a proteger y subvencionar desde las Administraciones Públicas”, reza la justificación.
En ningún caso se puede entender, en pleno siglo XXI, que se siga considerando la tauromaquia como patrimonio cultural a proteger y subvencionar
ERC
Además, la formación catalana entiende que “la existencia de esta legislación condiciona y choca frontalmente con otras políticas culturales correctas como el bono cultural joven”.
En este sentido, recuerdan que el Tribunal Supremo, mediante una sentencia fechada a 7 de febrero, dejó sin efecto la exclusión de la tauromaquia como beneficiaria del bono cultural joven alegando que es patrimonio cultural. “La solución pues, es la derogación total de la Ley 18/2013, de 12 de noviembre, para la regulación de la Tauromaquia como patrimonio cultural”, remacha ERC.
Respeto competencial
El Grupo Republicano no ha registrado únicamente una enmienda para percutir sobre la tauromaquia, también ha presentado otras para corregir aspectos técnicos y, fundamentalmente, salvaguardar las competencias autonómicas, una arista siempre sensible para el independentismo catalán.
De entre las modificaciones propuesta, destaca la del apartado 4 del artículo primero. Piden que la Oficina de Derechos de Autor realice su actividad “siempre con escrupuloso respeto a las competencias de las comunidades autónomas”. Asimismo, solicita modificar el artículo 2 para que el Estatuto sea elaborado previa consulta a las comunidades autónomas. Además, abunda en que los recursos de los que pueda gozar no debería mermar los de otras administraciones.
Por último, y en la misma tónica que PSOE y UP, Esquerra propone beneficios fiscales para el 100 Aniversario de la construcción del Pabellón de Santa Victoria en el Recinto Modernista de la Santa Creu i Sant Pau. En concreto, pide que tenga la consideración de acontecimiento excepcional de interés público para acogerse a lo dispuesto en el artículo 27 de la ley 49/2002, de 23 de diciembre, de régimen fiscal de las entidades sin fines lucrativos y de los incentivos fiscales al mecenazgo.
Una ley paraguas
El articulado regula la creación de la Oficina Española de Derechos de Autor y Conexos, O. A, que gozará de una personalidad jurídica y capacidad de obrar propias. Estará adscrita al Ministerio de Cultura y Deporte, al que corresponde su dirección estratégica, la evaluación de los resultados de su actividad y el control de eficacia.
Los objetivos de la Oficina (OEDAC) son la realización de la actividad administrativa que corresponde a la Administración General del Estado en materia de derechos de autor y conexos, así como el impulso y ejecución de la política en esta materia.
El régimen jurídico de la Oficina quedará regido por la ley del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas, y corresponderá al Ministerio aprobar un Estatuto de la OEDAC, que será aprobado mediante real decreto y a propuesta conjunta del Ministerio de Cultura y Deporte y del Ministerio de Hacienda. Asimismo, el régimen jurídico del personal se regirá por la ley del Estatuto Básico del Empleado Público, así como la ley del Estatuto de los trabajadores.
La Oficina dispondrá de un régimen patrimonial y de recursos económicos propios y sus órganos de Gobierno serán la Presidencia del organismo, ejercida por la persona titular del Ministerio de Cultura y Deporte y el Consejo Rector, integrado por la presidencia y las vocalías.