QUIÉN ES QUIÉN
A MANO ALZADA
España fue pionera en reconocer la violencia contra las mujeres como una manifestación de desigualdad estructural. Dos décadas después de aprobar la Ley Orgánica 1/2004, el país dispone de uno de los sistemas de protección más avanzados. Sin embargo, este 25N, Día Internacional de la Eliminación de la Violencia contra la Mujer, evidencia que los recursos y la respuesta institucional aún no llegan por igual a todas las víctimas y que la realidad delictiva evoluciona más rápido que la ley.
Marco legal robusto, pero no uniforme
Desde 2004, la respuesta estatal se articula como política pública en todos los ámbitos: prevención, educación, justicia, empleo y sanidad. La LO 1/2004 instauró juzgados de violencia sobre la mujer, medidas de protección urgentes y apoyo social y económico para las víctimas. La Ley 1/2021 reforzó la accesibilidad a los servicios 24/7, garantizó alojamientos seguros y mejoró la coordinación.
Estas normas se complementan con modificaciones del Código Penal, medidas específicas para proteger a hijos e hijas víctimas de violencia vicaria y protocolos de actuación en fuerzas de seguridad y servicios sociales.
Diferencias autonómicas: una protección que no es igual en todo el territorio
Todas las comunidades autónomas han desarrollado su propio marco legislativo, pero la amplitud y profundidad de la protección varía de forma notable. Las comunidades con menor densidad de población, o con marcos normativos más antiguos sin actualizaciones, presentan menores tasas de cobertura o servicios menos especializados. Las organizaciones especializadas señalan tres grandes modelos actuales:
Modelo integral ampliado
Incluye nuevas formas de violencia: digital, económica, obstétrica, trata y explotación sexual, violencia en el entorno comunitario y reproductiva. Predomina en Andalucía, Comunidad Valenciana, Cataluña, Navarra o Baleares.
Modelo alineado con la LO 1/2004
Se centra en la violencia en la pareja o expareja. La cobertura de otras manifestaciones es limitada o aún en desarrollo.
Reformas en controversia política
Las revisiones normativas en territorios como Madrid o Castilla y León han generado preocupación en asociaciones feministas y entidades del sector, que alertan del riesgo de retrocesos en programas y garantías.
El consenso de 2004, en riesgo
El Pacto de Estado contra la Violencia de Género de 2017 supuso un momento inusual de acuerdo político para reforzar recursos y planificación. Hoy, el clima de polarización vuelve a situar esta materia en el centro de la batalla partidista. Expertos alertan: la protección frente a la violencia machista no puede utilizarse como instrumento ideológico, sino mantenerse como política de Estado sostenida y evaluable.
La violencia cambia: el derecho debe acompañar
La celebración de este 25N llega en un contexto en el que crecen los casos relacionados con control tecnológico, ciberacoso y amenazas en redes sociales. Además, la violencia económica sigue atrapando a muchas mujeres en la dependencia y la violencia sexual, dentro y fuera de la pareja, continúa infradenunciada. Al mismo tiempo, los menores sufren directamente la violencia vicaria.
Por otra parte, los tiempos judiciales y la revictimización en los procesos mantienen barreras importantes para la denuncia y la protección efectiva.
Cifras que obligan
Más de 1.200 mujeres han sido asesinadas en España desde 2003 por sus parejas o exparejas. Cada año aumentan las denuncias y las órdenes de protección, un indicador de mayor detección y confianza institucional, pero que confirma que el problema no remite.
Las organizaciones apuntan además al riesgo creciente entre la juventud: relaciones de control normalizadas a través del móvil y redes sociales.
La agenda pendiente para los próximos años
El 25N activa la reflexión y la exigencia: la protección no puede relajarse. Prioridades señaladas por entidades especializadas:
- Actualizar la LO 1/2004 para abarcar todas las formas de violencia contra las mujeres, más allá de la pareja
- Garantizar un mínimo común de protección en todo el país para evitar desigualdades territoriales
- Refuerzo de juzgados y tiempos de respuesta para reducir la revictimización
- Impulso normativo y tecnológico frente a la violencia digital
- Medidas económicas que aseguren autonomía y salida efectiva del ciclo de violencia
- Educación preventiva continuada desde edades tempranas
El marco español sigue siendo un referente internacional, pero cualquier freno en su desarrollo o en la igualdad territorial supone un riesgo directo para la libertad y la vida de las mujeres. El 25N es un recordatorio de que la violencia de género sigue siendo una emergencia de Estado y de que la respuesta debe continuar siendo colectiva, estable y basada en derechos.
