El Consejo de Ministros, en su reunión de este martes, ha aprobado en primera vuelta el Anteproyecto de Ley de las personas en formación práctica no laboral en el ámbito de la empresa, comúnmente conocido como Estatuto del Becario. Se trata de una iniciativa que ha generado fricciones entre su impulsora, la ministra de Trabajo y Economía Social, Yolanda Díaz, de Sumar, y el ala socialista del Gobierno; así como con los agentes sociales. Y el pulso continuará durante la tramitación parlamentaria, pues los socios habituales no terminan de ver con buenos ojos la propuesta y la ruptura con Junts no allana precisamente el camino.
El Estatuto del Becario llega al Consejo de Ministros casi dos años y medio después de cerrar un acuerdo con los principales sindicatos, UGT y CCOO. La propuesta plantea limitar las prácticas extracurriculares a 480 horas por alumno, un 50% menos de lo que se permite ahora. Tampoco podrán superar el 15% de las horas de créditos ECTS.
Se obligará a las empresas a compensar gastos por cuestiones como el transporte al lugar de trabajo, no aplicable a los becarios con nómina. Asimismo, se prohibirá que el número de becarios suponga más de un 20% de la plantilla.
La normativa fijaría un régimen sancionador con multas de entre 120.006 euros y 225.000 euros para las empresas que incurran en infracciones muy graves en su grado máximo. Las graves en su grado mínimo oscilan entre los 7.501 y los 30.000 euros; mientras que en grado medio, varían entre los 30.001 y los 120.005 euros. Serían consideradas muy graves los casos de discriminación por razones de edad o discapacidad, así como por circunstancias de sexo, origen, estado civil, condición social, orientación política, sexual o vínculos de parentesco con otros trabajadores.
Todo ello cuenta con el aval de los sindicatos, a pesar de que el anteproyecto ha rebajado alguna de sus exigencias iniciales; pero no cuenta con el respaldo ni de la patronal ni de los rectores de universidades.
La ministra de Trabajo tampoco encontrará grupos cómplices en el hemiciclo. Los aliados más fieles, Esquerra Republicana de Catalunya (ERC), EH Bildu, PNV y Podemos aguardan a conocer el detalle del texto, pero albergan dudas de lo que ha trascendido.
El Grupo Republicano tiempo ha que pide que se apueste por la remuneración de las prácticas, y la normativa, a día de hoy, no obliga a retribuir.
Por su parte, el PNV, ya se mostró reticente por no contar con ellos durante la redacción del texto. Y por si fuera poco, Junts, que de entrada rechaza el texto, ha roto relaciones con el Gobierno y rechaza negociar. Por no hablar de que los de Carles Puigdemont ya tumbaron otra importante iniciativa laboral, como fue la reducción de jornada laboral.