QUIÉN ES QUIÉN
A MANO ALZADA
Cientos de estudiantes procedentes de institutos y colegios de toda la provincia se han concentrado este martes en el centro de Sevilla para pedir justicia por Sandra Peña, la menor que presuntamente se quitó la vida tras sufrir acoso escolar en un centro educativo de la capital.
Bajo el lema “Sandra no te olvidamos” y “No a la violencia escolar”, la protesta estaba enmarcada en una jornada de huelga convocada por el Sindicato de Estudiantes –que ha tenido lugar en 55 ciudades de todo el país–. Familiares de la joven —sus padres, abuelo, tío y otros allegados— han estado presentes en la concentración, arropados por los aplausos y muestras de solidaridad de los asistentes.
Isaac Villar, tío y portavoz de la familia de Sandra Peña, ha agradecido “el cariño” mostrado por la sociedad civil y ha respaldado las reivindicaciones de los jóvenes. “Nos da fuerza, tenemos que seguir porque el problema existe”, ha afirmado, calificando el acoso escolar como “una lacra que está sufriendo el país”.
El protocolo
En declaraciones a los medios, Elena Ocaña, portavoz del Sindicato de Estudiantes en Andalucía, ha expresado “su apoyo a la familia de Sandra” y ha subrayado que no se trata únicamente de “hablar de la maldad en abstracto”, sino de asumir que “hay una serie de responsables” ante lo que calificó como “un problema de primer orden”.
Ocaña ha señalado directamente al Colegio Irlandesas de Loreto, donde estudiaba la menor, por “no hacer nada” pese a haber recibido “una queja en dos ocasiones”. Según la portavoz, el centro “no actuó para no perjudicar su imagen” y “no aplicaron ningún tipo de protocolo en defensa de este propio negocio, para poder seguir llevándose todos esos millones que se embolsan por parte de la Junta”.
La dirigente estudiantil ha reclamado a la Junta de Andalucía una mayor inversión en profesionales de la salud mental dentro del sistema educativo, con la incorporación de más pedagogos y psicólogos. Ha criticado, asimismo, el “desmantelamiento de la educación pública” bajo el Gobierno de Juanma Moreno, “mientras otorga millones a centros de la Iglesia”.
Ocaña ha extendido también sus demandas al Gobierno central, al que pidió “un plan contra el suicidio, un plan de prevención y por la salud mental de los jóvenes”. A su juicio, el Ejecutivo mantiene una actitud “impasiva” ante los casos de acoso escolar. “Se trata de algo estructural, que además se está potenciando día tras día, con los mensajes de odio que están a la orden del día”, ha concluido.
El concierto educativo
Mientras tanto, la Junta de Andalucía ha confirmado que esperará a la investigación de la Fiscalía y a la respuesta del Colegio Irlandesas de Loreto a los requerimientos de información antes de decidir si procede a retirar el concierto educativo al centro, en caso de acreditarse una infracción muy grave.
La consejera de Desarrollo Educativo y Formación Profesional, Carmen Castillo, ha señalado en una entrevista en Canal Sur Radio que el colegio “no abrió los protocolos —ni el reactivo ni el de prevención de conductas autolíticas— pese a que existían indicios suficientes”. Según Castillo, el centro solo realizó “algunas actuaciones y un seguimiento con la familia”.
Pese a reconocer la falta de actuación en este caso concreto, la consejera defendió que “el sistema educativo y los centros en Andalucía son seguros”. “Es verdad que en este caso no se activa un protocolo, pero en la mayoría de los centros se activan”, subrayó.
La tragedia de Sandra Peña ha reavivado el debate político sobre la responsabilidad de las administraciones públicas en la prevención del acoso escolar y la atención a la salud mental juvenil, en un contexto en el que sindicatos, familias y colectivos sociales reclaman políticas más contundentes y un refuerzo de los mecanismos de control y protección en los centros educativos.
