El grupo municipal EU-Podem en el Ayuntamiento de Alicante ha comunicado este viernes que “en los próximos días” abrirá una ronda de conversaciones con el resto de formaciones de la oposición —PSPV, Compromís y Vox— con el objetivo de valorar la presentación de una moción de censura contra el alcalde, Luis Barcala (PP).
El anuncio llega tras la controversia generada por las adjudicaciones de viviendas de protección pública (VPP) en la promoción Les Naus, levantada sobre suelo de titularidad municipal en la Playa de San Juan, unos hechos que el propio alcalde ha llegado a definir como “escándalo”.
Según ha explicado la coalición en un comunicado, la decisión se adopta después de que, en el pleno extraordinario y monográfico sobre las VPP celebrado este jueves, “todos los grupos opositores expresaran de manera explícita su falta de confianza” en Barcala y reclamaran su dimisión.
El portavoz de EU-Podem, Manolo Copé, sostiene que “la alcaldía de Luis Barcala ha perdido toda credibilidad y arrastra a esta ciudad a una parálisis institucional insostenible”. “No solo por la parálisis, sino por los graves casos de corrupción en materia de vivienda pública que salpican a su gobierno. Alicante no se merece esto”, ha remarcado.
En esta línea, ha subrayado: “Ante este bloqueo y esta pérdida de confianza mayoritaria, no podemos mirar para otro lado. Tenemos la obligación democrática de buscar una salida. Por eso iniciamos estos contactos, no por táctica, sino por responsabilidad con la ciudadanía alicantina, que lleva semanas viendo cómo su Ayuntamiento está secuestrado por una crisis permanente”.
La coalición insiste en que la iniciativa “no responde a intereses partidistas ni a cálculos electorales”, sino “al deber de una oposición responsable”. “No se trata de quién ocupa el sillón, sino de cómo devolvemos la normalidad y el gobierno a Alicante. Si todos los grupos de la oposición compartimos el diagnóstico de que el rumbo actual es un callejón sin salida, el siguiente paso lógico es explorar, juntos, una alternativa”, ha añadido.
Desde EU-Podem señalan que encaran este escenario “con responsabilidad, pero también con determinación”, porque, a su entender, “Alicante no puede seguir atrapada en una alcaldía agotada”. “Es momento de hablar claro y de abrir una nueva etapa al servicio de las personas”, ha concluido Copé.
Posición de PSPV, Compromís y Vox
Tras la propuesta de EU-Podem, el resto de la oposición ha empezado a fijar postura. La portavoz del PSPV, Ana Barceló, ha manifestado que su grupo “no” contempla ahora mismo “ningún otro escenario que no pase por la dimisión de Barcala, cuya gestión sigue bajo sospecha”.
Ha reprochado que el alcalde “no ha dado explicaciones, no ha aclarado si existen más concejales y familiares agraciados con viviendas públicas y se ha negado a facilitarnos copia de todos los informes internos vinculados a este pelotazo, demostrando una opacidad inaceptable ante este escándalo. La Fiscalía hará su trabajo, pero lo que estamos exigiendo son responsabilidades políticas”.
Barceló considera que Barcala es “un alcalde que está completamente desacreditado” y ha añadido: “Ni siquiera sabemos todavía hasta donde alcanzará la magnitud de esta trama vinculada al PP”.
Por su parte, el dirigente de Compromís Alacant y portavoz municipal, Rafa Mas, ha urgido al resto de fuerzas progresistas “a planificar los siguientes pasos ante la situación de un alcalde” que, a su juicio, se encuentra “desacreditado y acorralado”.
“Barcala debe asumir la responsabilidad política como máximo responsable de la trama corrupta. Queremos sentarnos para valorar el nuevo escenario, después que la mayoría del pleno haya pedido la dimisión de un alcalde que debe ser reprobado sino asume sus responsabilidades políticas”, ha señalado.
Desde Compromís califican a Vox de “cómplice y corresponsable del gobierno del PP” y sostienen: “No nos creemos su intención real de poner freno a esta trama corrupta después de haber sido los cómplices necesarios de la gestión del PP. Han pasado en pocos días de aprobarles un presupuesto, realizar notas conjuntas e inaugurar chiringuitos ideológicos como si fueran concejales de gobierno a pedir la dimisión de su socio”.
En este contexto, fuentes de Vox, preguntadas por Europa Press sobre la iniciativa planteada por EU-Podem, han indicado que, por ahora, el grupo municipal que lidera Carmen Robledillo como portavoz no va a fijar posición.
Dimisiones y consecuencias del caso de las VPP
La crisis política se ha desatado después de conocerse que la hasta hace unos días concejala de Urbanismo, Rocío Gómez, así como familiares de la también dimitida directora general María Pérez-Hickman y un arquitecto municipal figuran entre los adjudicatarios de VPP.
Como consecuencia, han presentado su renuncia Gómez, Pérez-Hickman y el jefe de Gabinete de la Conselleria de Industria, Miguel Ángel Sánchez, quien sostuvo no tener vinculación “jurídica, patrimonial ni administrativa” con la promoción, pese a que una de las adjudicatarias es la madre de sus dos hijas.
Paralelamente, la Generalitat ha acordado la suspensión de empleo y sueldo de un funcionario por un visado de esta promoción, al tratarse del marido de una solicitante que resultó adjudicataria y que es “funcionaria del Ayuntamiento de Alicante” y por presuntamente omitir datos relevantes sobre la unidad de convivencia de la que él formaba parte.
Sobre la situación de la exedil de Urbanismo, Barcala explicó en el pleno que “al menos dos familiares estaban también implicados” y avanzó: “Ejerceremos acciones legales para que quienes ilegítimamente han adquirido viviendas en Les Naus las pierdan”.
El alcalde anunció igualmente la apertura de un expediente informativo a dos técnicos de Urbanismo beneficiarios directos de viviendas de esta cooperativa, con el fin de esclarecer los hechos y, en su caso, depurar responsabilidades.