Las comunidades autónomas de Extremadura y Galicia han expresado su oposición a cualquier forma de financiación que considere privilegios y han declarado este viernes que no van a aceptar acuerdos bilaterales que saqueen la caja común y pisoteen el principio de igualdad entre todos los españoles.
Además, ambas comunidades han manifestado su rechazo a la anulación de la deuda que el Gobierno de Sánchez pretende aprobar para Cataluña, calificándola de producto de otra extorsión separatista, ya que no es condonación, es una condena a pagar entre todos una deuda provocada por el despilfarro del independentismo.
Esto se ha plasmado en una declaración institucional firmada este viernes por la presidenta de la Junta de Extremadura, María Guardiola, y el presidente de la Xunta de Galicia, Alfonso Rueda, durante un encuentro en Mérida.
María Guardiola ha mencionado una semana lamentablemente histórica en la que el Gobierno ha impulsado de nuevo un plan separatista para que Sánchez permanezca en Moncloa, criticando la posibilidad de que Cataluña gestione impuestos que actualmente son competencia estatal, lo que considera una traición y una discriminación manifiesta.
Por su parte, Alfonso Rueda ha señalado que una financiación especial para Cataluña, que evita decir la palabra cupo y que podría generalizarse, rompería absolutamente el principio de igualdad entre territorios y la garantía de prestación de servicios fundamentales en todo el territorio español.
VIGENCIA DE LA DECLARACIÓN DE SANTIAGO
Galicia y Extremadura, junto con otros gobiernos regionales, reafirmaron la declaración de Santiago de 2021, que demanda un reparto más justo de la financiación autonómica, esencial para servicios públicos en comunidades con características rurales y poblaciones envejecidas, según Guardiola.
La presidenta de la Junta de Extremadura ha lamentado que el Gobierno central no solo discrimina en financiación, sino que también limita las inversiones en infraestructuras en estas comunidades.
Alfonso Rueda ha destacado la importancia de la declaración de Santiago como base para negociar la reforma de la financiación autonómica, advirtiendo que la aplicación del cupo catalán a Galicia podría resultar en una perdida significativa de recursos, estimando un impacto de no menos de 2.500 millones de euros.
Finalmente, ha criticado la falta de transparencia y la ambigüedad en los acuerdos del Gobierno con Cataluña, subrayando la necesidad de conocer exactamente lo acordado para poder reaccionar adecuadamente.