El Juzgado de Instrucción N.º 2 de Tarragona ha imputado al ex ministro de Hacienda, Cristóbal Montoro, y su equipo por presuntos delitos de cohecho, fraude contra la administración pública, prevaricación, tráfico de influencias, negociaciones prohibidas, corrupción en los negocios y falsedad documental. El magistrado ha observado una presunta trama mediante la que se llevarían a cabo modificaciones legislativas favorables para empresas gasísticas englobadas en la Asociación de Fabricantes de Gases Industriales y Medicinales (AFGIM).
En el auto, el juez, advierte que en la presunta organización muchos de los intervinientes ocupaban altos cargos en el Gobierno de Mariano Rajoy, desde donde habrían ido creando una red de influencias cuyo fin último sería la obtención de un lucro económico. Hasta en dos ocasiones distintas la AFGIM habría logrado introducir cambios en textos legislativos mediante el pago a la empresa Equipo Económico (EE), de la que fue titular el ex ministro hasta el año 2008. Antes conocida como Montoro Asociados, y más tarde Global Afteli.
El objetivo de las empresas gasísticas era influir través del desembolso de importantes cantidades en las reformas legislativas para que se desarrollasen conforme a los intereses de sus clientes. Un acto que de confirmarse constituye un abuso del ejercicio de la función pública.
Ley 28/2014
En el año 2013, las empresas del sector gasístico estaban buscando conseguir que se les incluyese entre aquellos que iban a beneficiarse de una bonificación impositiva mediante la aprobación de la Ley 16/2013, por la que se establecen determinadas medidas en materia de fiscalidad medioambiental y se adoptaban otras medidas tributarias y financieras.
Inicialmente, las asociaciones redactaron una propuesta de mejora a una enmienda del Grupo Popular, y remitieron una carta a la Secretaría de Estado de Hacienda, alegando la necesidad de que las asociaciones gasísticas fueran incluidas en el beneficio fiscal, sin éxito.
Es en ese momento, tal y como consta en una comunicación recogida en el auto del juez al que ha tenido acceso Demócrata, cuando las empresas deciden cambiar de estrategia y contratar a EE. En los correos hallados se refieren a EE como un gabinete económico con acceso al Ministerio de Hacienda. «La vía más directa, como siempre, es pagar», llegan a dejar por escrito.
De forma paralela, se confío en los servicios de la consultora Ernest&Young con la finalidad de que hiciese el trabajo efectivo con el que ocultar presuntamente la falta de consistencia del informe que acabaría elaborando EE. El magistrado observa que la diferencia entre los informes finales que ambas presentaron eran «abrumadores», también lo era la diferencia de facturación.
Contratados los servicios con EE, en menos de un mes, las empresas gasísticas ven reflejada en el texto normativa la reforma que pretendían. Se produce mediante la Ley 28/2014, por la que se modifican la Ley del Impuesto sobre el Valor Añadido, la Ley de modificación de los aspectos fiscales del Régimen Económico Fiscal de Canarias, la Ley de Impuestos Especiales y la Ley por la que se establecen determinadas medidas en materia de fiscalidad medioambiental y se adoptan otras medidas tributarias y financieras, así como mediante el Real Decreto 1074/2014. Un cambio que implicó la modificación del criterio que hasta entonces utilizaba el secretario de Estado de Hacienda para justificar la negativa a las pretensiones de las gasísticas.
En este sentido, el juez aprecia que es llamativo dicho cambio de criterio en un periodo tan breve de tiempo, en el que además, no se produjo ninguna modificación sustancial del marco económico presupuestario que lo justificase.
Las investigaciones llevadas a cabo por el juzgado ponen de manifiesto que la redacción del texto propuesto para la elaboración de la norma correspondió a AFGIM. Así y todo, apuntan también que los pagos realizados a EE tenían por objetivo permitir el acceso a Cristóbal Montoro y al secretario de Estado de Hacienda.
Concluye el magistrado que en esta primera modificación legislativa, Equipo Económico logró en menos de un mes la reforma de la ley que modificaba el reglamento de impuestos especiales. «El único elemento diferenciador en tan corto periodo de tiempo fue la entrada en escena de EE previo acuerdo sobre el precio que deberían satisfacer», señala el auto.
Presupuestos Generales del Estado
La segunda vinculación entre las gasísticas y Equipo Económico derivó, presuntamente, en una rebaja fiscal en el Impuesto sobre Actividades Económicas (IAE) mediante la modificación en el año 2018 del Real Decreto Legislativo 1775/1990. El esquema seguido fue el mismo que años atrás.
Estas empresas llevaban tiempo buscando que los Ayuntamientos donde estaban sus plantas de producción les aplicasen las tarifas recogidas en distintos epígrafes del Real Decreto mencionado. Solicitaban que se les aplicasen unas tarifas menores.
Tras varios intentos a través de diferentes vías, el juez apunta a que solo con la intervención de Equipo Económico culminaron con éxito sus reclamaciones. Se modificó el IAE a través de la Ley 6/2018 de 3 de julio de Presupuestos Generales del Estado. En ese momento se contrató a una tercera consultora, de igual forma que se hizo en la primera ocasión. Se apunta a que el pago realizado a EE no obedecería a una prestación real. Encubriría una comisión para el ejercicio de su influencia y así lograr la reforma legislativa a su favor.
Fue la propia Asociación de las empresas gasísticas la que redactó e hizo llegar a la Subdirección General de Impuestos Locales de la Dirección General de Tributos la propuesta de redacción de los epígrafes en discordia. El juez afirma que el texto aportado se corresponde exactamente con el que acabaría recogiendo la Ley de Presupuestos Generales.
Redacción pautada
Con todo, el magistrado considera que las circunstancias permitieron a las gasísticas colaborar activamente en la redacción del proyecto que dio origen a la Ley 28/2014 y posteriormente en la Ley 6/2018, interviniendo en el desarrollo reglamentario de las mismas.