Familiares de las víctimas mortales y personas heridas, tanto física como psicológicamente, en el accidente ferroviario de Adamuz (Córdoba) han decidido organizarse para dar una respuesta conjunta a una de las mayores tragedias ferroviarias registradas en España en los últimos años. El pasado sábado se presentó en Huelva la Plataforma onubense de afectados y familiares por el accidente ferroviario de Adamuz, una iniciativa que busca coordinar la acción judicial de los damnificados y ofrecerles orientación legal en un proceso complejo y de largo recorrido.
El accidente tuvo lugar el domingo 18 de enero, cuando un tren Alvia que cubría el trayecto Madrid–Huelva descarriló a la altura del municipio cordobés de Adamuz. El siniestro se saldó con 45 personas fallecidas y más de un centenar de heridos, algunos de ellos con lesiones de gravedad y otros con secuelas psicológicas derivadas del impacto del suceso. Desde entonces, la investigación judicial trata de esclarecer las causas del descarrilamiento y determinar posibles responsabilidades técnicas, operativas y de gestión.
La plataforma nace con el objetivo de canalizar las actuaciones judiciales de los afectados y de unificar en una sola voz la exigencia de responsabilidades civiles y penales. Los impulsores de la iniciativa han decidido personarse directamente en los juzgados de Montoro, donde se instruye la causa, con el fin de intervenir desde las primeras fases del procedimiento en la práctica de pruebas, informes periciales y decisiones clave de la investigación.
Iniciativa ciudadana
Al frente del colectivo se sitúa el abogado onubense José Luis Orta Prieto, con más de 30 años de experiencia profesional y una trayectoria destacada en causas judiciales de especial complejidad y relevancia social. Entre otros precedentes, Orta ha participado en los procedimientos relacionados con la Asociación de Bebés Robados de Huelva y en el caso del atropello mortal múltiple de Gibraleón, que concluyó con una de las mayores condenas de conformidad de la historia judicial española.
Según ha explicado el letrado, la creación de la plataforma responde a la demanda de numerosos afectados de la provincia de Huelva que necesitaban una “hoja de ruta clara” para saber cómo actuar ante un proceso judicial que ya ha comenzado a avanzar con rapidez. Orta ha insistido en que la iniciativa no tiene ningún componente político y que su finalidad es estrictamente informativa y legal, orientada a acompañar a las víctimas desde el inicio de la instrucción.
Recogida de informes y documentación
En estos primeros días, el juzgado instructor ha comenzado a recabar informes periciales y documentación técnica relacionada con el estado del tren, la infraestructura y las condiciones del trayecto en el momento del accidente. Un contexto que, según Orta, hace especialmente relevante que los afectados estén ya personados para poder participar activamente en la definición de las diligencias y en la solicitud de pruebas.
La plataforma tiene como objetivo final depurar las responsabilidades civiles y penales derivadas de la tragedia y facilitar a las víctimas el camino más eficaz para la reclamación de indemnizaciones y el reconocimiento del daño sufrido. Sus promotores advierten, no obstante, de que el proceso será largo y complejo, ya que la evaluación individualizada de los perjuicios sufridos por cada afectado podría prolongarse durante varios años. En ese escenario, la coordinación y el asesoramiento especializado se presentan como claves para afrontar un procedimiento judicial de gran envergadura.