Familiares de varias de las víctimas recuperadas en las fosas comunes del Barranco de Víznar (Granada) que ya han sido identificadas han acudido a la fiscal provincial de Derechos Humanos y Memoria Democrática de Granada, Montserrat Luque Molina, con el propósito de impulsar la apertura de expedientes de jurisdicción voluntaria.
Este procedimiento abre la puerta a la celebración de un proceso civil que haga posible anular causas penales, resoluciones firmes y expedientes administrativos sancionadores dictados por órganos franquistas contra estas personas y que, a día de hoy, siguen teniendo vigencia.
Desde que arrancó en 2021, el proyecto de la Universidad de Granada “Barranco de Víznar. Lugar de Memoria” ha localizado 29 fosas comunes en este enclave, de las que se han rescatado 194 cuerpos, 40 de ellos de mujeres y 150 de hombres.
El Laboratorio de Genética de la Universidad de Granada ha logrado identificar 11 de esos restos, en una investigación aún en curso que se prevé que aporte nuevos resultados positivos en los próximos meses.
Paralelamente, la Fiscalía mantiene abiertas diligencias de investigación por posibles delitos de lesa humanidad a raíz de la exhumación, entre 2021 y 2022, de siete fosas en las que aparecieron 49 cuerpos, 24 mujeres y 25 hombres, con edades situadas entre los 36 y los 42 años.
Todos estos restos presentaban indumentaria correspondiente a la primera mitad del siglo XX, signos claros de muerte violenta y, en casi todos los casos, evidencias de traumatismos producidos por arma de fuego.
El Ministerio Fiscal acordó iniciar estas actuaciones tras recibir la documentación remitida por el director de los trabajos en el Barranco de Víznar, el profesor Francisco Carrión, del Departamento de Prehistoria y Arqueología de la Universidad de Granada.
Ello se produjo después de que los análisis históricos, antropológicos y sociológicos realizados apuntasen a que los restos pertenecerían a víctimas de “desapariciones forzadas y asesinatos” en el marco de la represión ejercida sobre la población granadina durante la Guerra Civil y la dictadura franquista.
En el decreto de apertura de la investigación, consultado por Europa Press, la Fiscalía señalaba que los hechos examinados podrían ser indiciariamente constitutivos de delitos de homicidio, asesinato, detención ilegal y/o desaparición forzada, enmarcados en crímenes contra la humanidad.
La Fiscalía General del Estado nombró a mediados de 2025 a Montserrat Luque Molina como fiscal provincial delegada de Derechos Humanos y Memoria Democrática, de forma que Granada dispone por primera vez de una fiscal con formación específica en esta materia, que puede asumir de manera directa el seguimiento de los expedientes en curso en la provincia.
Con ello se persigue favorecer una relación más cercana y continuada con las víctimas, las asociaciones memorialistas y las administraciones y entidades con competencias en este campo, según indicaron a Europa Press desde el Ministerio Fiscal.
La finalidad última es asegurar los derechos a la verdad, la justicia, la reparación y las garantías de no repetición, principios rectores de la Ley de Memoria Democrática.