Fedea afirma que la Administración central resulta más perjudicada que las autonomías con la nueva financiación

Fedea alerta de que la nueva financiación autonómica debilita al Estado, agrava su déficit y reparte más recursos a las comunidades sin consenso amplio.

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Banderas de las Comunidades Autónomas frente a la fachada del Palacio del Senado, a 14 de enero de 2025, en Madrid (España). Jesús Hellín - Europa Press

Banderas de las Comunidades Autónomas frente a la fachada del Palacio del Senado, a 14 de enero de 2025, en Madrid (España). Jesús Hellín - Europa Press

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La Fundación de Estudios de Economía Aplicada (Fedea) alerta de que el Estado sale en peor posición que las comunidades autónomas con la reforma del sistema de financiación diseñada por el Gobierno, al considerar que la situación fiscal de la Administración central es más delicada que la de los territorios, que presentan unas cuentas más equilibradas.

En declaraciones a Europa Press, el director de Fedea, Ángel de la Fuente, sostiene que “dar 20.000 millones de euros más” a las autonomías “no es una buena idea”, ya que el Estado soporta un déficit presupuestario superior en más de dos puntos al de las comunidades.

A su juicio, la propuesta del Ejecutivo incorpora “cosas buenas”. “Quizá la más importante es que se han atrevido a quitar ocurrencias, cosas extrañas”, como los fondos de convergencia o una parte del fondo de suficiencia, explica. Sin embargo, lamenta que, al mismo tiempo, se haya incluido “una nueva colección de nuevas ocurrencias” como el fondo climático.

Fondo climático y reparto de recursos

En relación con el fondo climático, Fedea ya advertía en un informe sobre el nuevo modelo de financiación de que podría incentivar la “arbitrariedad” en el reparto, dado que, mediante este instrumento, el Gobierno plantea distribuir mil millones de euros priorizando “fuertemente” a las comunidades del litoral mediterráneo, con el argumento de que están “más expuestas” al cambio climático.

De la Fuente considera que el nuevo esquema reparte los recursos entre los territorios de forma más “equitativa”, al reducir brechas entre regiones con mayor y menor renta. No obstante, insiste en que el acuerdo dista de ser óptimo por factores como la descapitalización de la Administración central o la incorporación del fondo climático y del mecanismo IVA Pymes, cuya justificación Fedea ya había calificado de “dudosa”.

En el citado informe, la fundación advertía de que la mayor cesión de fondos a las comunidades autónomas “agravará los problemas financieros” de la Administración Central y dejará “con muy poco margen presupuestario” al Estado, justo cuando las presiones sobre sus recursos “son cada vez más fuertes” por el aumento de las necesidades de gasto en defensa y el “creciente déficit contributivo” de la Seguridad Social.

Cataluña y la cesión del IRPF

De la Fuente también cuestiona la decisión de transferir a Cataluña la recaudación del IRPF, una medida que, en su opinión, representa “un peligro” para la estabilidad financiera del país. “Fraccionar la recaudación tributaria y quitar recursos al Estado es una manera de desguazar España, y eso no nos interesa a ninguno”, recalca.

Ganadores y territorios que se estancan

Según los cálculos de Fedea, con el nuevo modelo y aplicando el criterio de financiación por habitante ajustado, Cataluña (507 euros), Comunitat Valenciana (496), Región de Murcia (468), Baleares (450) y la Comunidad de Madrid (409) serían las autonomías que más aumentan sus recursos, mientras que La Rioja, Cantabria, Extremadura y Castilla y León mantendrían prácticamente el mismo gasto por habitante.

Aunque “nadie pierde” en términos de financiación per cápita, la fundación estima que los índices de financiación relativa por habitante ajustado disminuirían 7 puntos en Galicia, 6 en Asturias, 10,7 en Cantabria, 10,1 en La Rioja, 10 en Extremadura, 9,7 en Castilla y León, 4,1 en Aragón, 3,3 en Canarias y 0,6 en Castilla-La Mancha.

Base para un nuevo sistema

Para el director de Fedea, el Gobierno y las comunidades deberían abrir una negociación sobre un nuevo sistema partiendo de la propuesta actual, pero introduciendo cambios que respeten el principio de ordinalidad y limiten las diferencias de financiación entre regiones ricas y pobres.

El diseño de esa reforma podría apoyarse en el “núcleo” de la iniciativa del Ejecutivo, es decir, en los fondos de nivelación vertical, suprimiendo otros fondos y el porcentaje de cesión del Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas (IRPF), para a partir de ahí cerrar un pacto entre todas las autonomías.

Ese punto de partida permitiría, según De la Fuente, articular un modelo que reduzca las desigualdades existentes entre territorios sin deteriorar aún más la posición presupuestaria del Estado.

Necesidad de una negociación multilateral

El responsable de Fedea defiende que el diálogo debe desarrollarse de forma multilateral. “La negociación con las comunidades autónomas es necesaria. El problema es que lo único que quiere cada uno es que le des más dinero a él. Si para lograr acuerdos tienes que inventarte beneficios específicos para cada una, quizá no merece la pena, no es una buena receta”, apunta.

En cuanto a la fórmula para lograr un pacto, De la Fuente propone explorar un acuerdo “razonable”. “Las regiones pobres quieren igualdad total; las ricas, como generan más, quieren más recursos. Un acuerdo político que permita llegar a un punto intermedio no es imposible. Un margen para que las ricas se queden con más y, a cambio, el sistema sea más igualitario con el resto”, resume.

El académico considera que existen opciones para que el Ejecutivo saque adelante “pronto” el modelo que ha puesto sobre la mesa, aunque prevé que no contará con el respaldo del conjunto de territorios, sino que saldrá adelante porque el PSOE “convencerá a los partidos nacionalistas de izquierdas”. “Si en vez de pelearse se sentaran a negociar, se podría llegar a un acuerdo. Esto sería mucho mejor que llegar al Congreso con las CCAA a cara de perro”, concluye.