Con 347 votos emitidos, 170 votos a favor y 177 votos en contra, la Proposición de Ley (PL) para garantizar la prestación de los servicios públicos esenciales a los municipios rurales de pequeño tamaño en situaciones de emergencia de interés nacional, del Grupo Popular no ha superado su toma en consideración. La iniciativa solo ha contado con los votos a favor del Grupo Popular y los de Vox.
En el mismo día en el que se han constituido la mesa de las dos comisiones de investigación aprobadas en mayo sobre lo ocurrido durante el apagón del 28 de abril, el Pleno ha debatido una iniciativa para que en situaciones similares, los pequeños municipios no queden desatendidos.
En la exposición de motivos, el PP había puesto de manifiesto que «ocho de cada diez municipios en España podrían estar potencialmente expuestos a ver limitado su acceso a los recursos humanos para garantizar la protección de sus ciudadanos». La propuesta proponía dos reformas en la Ley 17/2015 del Sistema Nacional de Protección Civil con el objetivo de paliar las consecuencias y el impacto de situaciones de emergencia como el apagón o la dana.
En primer lugar, se añadía un cuarto apartado al artículo 28 para definir como emergencias específicas aquellas que afecten a:
- Más de siete municipios rurales pequeños de una misma CCAA
- Más de cinco municipios rurales en dos CCAA diferentes
Con esta modificación, quedaba definido un “umbral” para activar protección prioritaria en función del número de municipios rurales estén afectados.
En segundo lugar, se abogaba por incorporar una nueva disposición adicional para establecer que los municipios rurales pequeños que no puedan asegurar por sí mismos la continuidad del suministro, la conectividad y la prestación de servicios básicos reciban de forma prioritaria la movilización de los recursos esenciales por parte del Estado. De haber salido adelante, la Delegación del Gobierno iba a ser quien determinará la necesidad de este tipo de protección.
Obligar, no valorar
El encargado de defender la iniciativa ha sido el diputado del PP Tomás Cabezón Casas: «Intervengo como diputado y como alcalde de un pueblo de 41 habitantes de Soria, Castilfrío de la Sierra». Cabezón ha asegurado que esta PL no había salido «de un laboratorio ideológico, sino de la experiencia de los que sabemos lo que es vivir una incidencia sin que nadie de Moncloa responda».
En el ánimo de la iniciativa, ha insistido el diputado, estaba «obligar a actuar al Estado, no a valorar si actúa». Como alcalde de un pequeño municipio ha añadido que «cuando falla la luz, nadie viene; cuando falla el teléfono, desaparecemos del mapa; y cuando internet se cae, nos convertimos en ciudadanos sin Estado«.
Posturas enfrentadas
El PNV se ha manifestado en contra desde el inicio del debate. Su diputado Mikel Legarda ha criticado que la norma «parece dar entender que estos municipios se encuentran inermes, solos, ante emergencias de protección civil». También ha señalado que se vulnera el reparto competencial entre las CCAA y el Estado y ha acusado al Grupo Popular de «desconocer el entramado coordinado, cooperativo, de solidaridad interterritorial y subsidiariedad entra las distintas administraciones públicas competentes».
Desde la tribuna, Mikel Otero (EH Bildu) ha cargado contra la redacción de la iniciativa: «Quien lo ha redactado no sabe como funciona el sistema de emergencias , ni la protección civil, ni cuáles son los niveles de emergencia, ni quién, ni cómo las activa». «Se mezclan emergencias en las que se ha declarado interés nacional, como el apagón, con otras en las que no, como la dana«, ha añadido el diputado vasco.
Además ha asegurado que con su propuesta, los populares se están reconociendo como «incapaces de gestionar emergencias, porque quieren centralizarlo».
En el turno de Junts, Josep Maria Cervera i Pinart, también ha basado su negativa en la cuestión autonómica: «No tiene cabida en el actual marco competencial». A su juicio, la PL es una vía de «recentralización encubierta bajo el pretexto de proteger a los municipios rurales». Y en este sentido, ha señalado que en Cataluña ya cuentan con herramientas para dar cubertura a las zonas rurales.
Estabilidad y Sostenibilidad Financiera
Si bien, Teresa Jordá (ERC), ha afirmado que comparten con el PP su preocupación por los pequeños municipios, ha cargado contra la iniciativa en el mismo tono que el resto de formaciones nacionalistas. Además, la diputada republicana ha puesto el foco en la necesidad de mejorar la financiación para «muscular» su capacidad de respuesta. «Y eso no se mejora con una proposición de ley, sino con la modificación de la Ley de Estabilidad y Sostenibilidad Financiera», ha sentenciado Jordá.
Por parte de Sumar, ha tomado la palabra Jorge Pueyo, que en línea con la intervención de EH Bildu, ha asegurado que es iniciativa solo retrata la incapacidad de los dirigentes populares para gestionar sus municipios. Una tesis en la que también ha insistido Obdulia Taboadela, la encargada de defender el voto negativo del Grupo Socialista.
Los únicos aliados
Vox ha sido el único grupo que ha apoyado la iniciativa. Su diputado Carlos Flores ha asegurado que estaban ante una PL «interesante, llamada a abrir un debate necesario sobre un tema sensible». Frente a las críticas realizadas por el bloque de investidura y Junts, Flores ha animado a los grupos a leerse «la letra pequeña de las proposiciones» y ha recordado como durante la dana, en los municipios más pequeños estuvieron días esperando «la aparición del Estado».