Emiliano García-Page, presidente de Castilla-La Mancha, ha destacado hoy la labor “impecable” del Tribunal Supremo en el proceso contra el fiscal general del Estado. Durante una entrevista para la Cadena Cope, que ha sido recogida por Europa Press, ha comentado sobre el caso de Álvaro García Ortiz, expresando su deseo de que nadie sea condenado sin pruebas claras de un delito. Según García-Page, el Tribunal está llevando a cabo una instrucción muy cuidadosa, con vistas a evitar complicaciones en instancias superiores como el Tribunal Constitucional.
“Si yo quisiera defender al fiscal no haría una defensa tan enardecida desde lo político. Porque todo el envolvente político, todo el barullo, es precisamente lo que se está enjuiciando”, explicó el presidente, señalando que los adornos políticos solo complican la situación de García Ortiz. Además, sugirió que la divulgación indebida de información podría no necesitar de documentos escritos, sino que podría iniciarse verbalmente.
Presupuestos y política fiscal
Respecto a la situación de los Presupuestos Generales del Estado, García-Page ha esgrimido una postura crítica hacia la dependencia de los votos independentistas, mencionando que “quizá sea mejor no tenerlos a tenerlos con los peajes” de estos grupos. Propuso considerar un modelo de presupuestos plurianuales al estilo de la Comisión Europea, que se ajusten cada año según las necesidades.
Consenso en el Estatuto de Autonomía
Por otro lado, el presidente ha enorgullecido de la armonía política alcanzada en su región entre el PSOE y el PP, especialmente en la toma en consideración del nuevo Estatuto de la región que se debatirá próximamente en el Congreso. Este nuevo Estatuto, según García-Page, busca ser extremadamente fiel a la Constitución sin provocar tensiones con otras autonomías y se centra en mejorar la gestión de servicios esenciales como la sanidad y la educación.
Finalmente, García-Page ha defendido el modelo de autonomías en España, argumentando que promueve una mayor igualdad entre los españoles y permite una gestión más efectiva de los servicios públicos, comparado con un sistema más centralizado.