Emiliano García-Page, presidente de Castilla-La Mancha, ha destacado en la previa a la reunión del Consejo de Política Fiscal y Financiera (CPFF) de este lunes, su postura frente a la vicepresidenta primera y ministra de Hacienda, María Jesús Montero, subrayando que para alcanzar un acuerdo es fundamental contar con una única mesa de negociación y desechar “todo tipo de privilegios”.
Desde Tórtola de Henares (Guadalajara), donde firmó un protocolo para la inversión en consultorios locales, el presidente ha declarado que no se contemplarán financiaciones especiales, ya que áreas como la sanidad, la educación y las prestaciones sociales no admiten privilegios.
“No solo es cuestión de asignar más fondos, sino de su distribución”, comentó García-Page, quien recalca que aunque pueda haber más recursos, también existen “muchísimos más costes”. “¿Acaso piensan que el IPC solo afecta a Mercadona? El IPC impacta a todos, empezando por la Administración”, añadió.
El mandatario se compromete a luchar por un nuevo modelo de financiación que fortalezca y complete el sistema universal de sanidad de la región y su sistema educativo, que debe extenderse hasta los niños de 0 a 3 años, además de asegurar la máxima cobertura social para quienes más lo necesitan.
“Ese es mi objetivo”, enfatizó García-Page, quien anticipa que abordará las negociaciones “con mucha pasión” si estas se concretan, advirtiendo que no quiere caer en “espejismos” frecuentes en la política española actual. También resaltó que la política nacional está profundamente conectada con sus acciones.
“Buscamos más financiamiento para acercar la sanidad a la gente, por eso lideramos en financiación y en inversión en sanidad primaria en España”, sostuvo, resaltando el esfuerzo realizado por habitante en materia sanitaria en su comunidad.
Respecto a la reunión del CPFF, la calificó de “trascendente”, aunque teme que termine “como muchas otras ya vistas, especialmente sin documentación previa”. Aprovechó también para destacar que Castilla-La Mancha cumplirá con sus presupuestos “en tiempo y forma”, enfatizando la importancia de adherirse a las normas y objetivos establecidos.
En su intervención, reiteró que la discusión sobre el sistema de financiación actual abarca sanidad, educación y prestaciones sociales, y dejó claro que “no se admitirá ningún privilegio en estas áreas”.
“El concepto de privilegio está explícitamente prohibido, aquí no caben interpretaciones del Tribunal Constitucional, como en las amnistías. Está expresamente prohibido por la Constitución Española. Artículo 138”, puntualizó.











