La Generalitat Valenciana ha asignado más de 4,5 millones de euros, a través de la Entidad Valenciana de Vivienda y Suelo (EVHA), para la reparación y acondicionamiento de propiedades del parque público perjudicadas por las inundaciones ocasionadas por la dana el 29 de octubre, afectando varias localidades de la provincia de Valencia.
En un comunicado, la administración autonómica anunció que ha fortalecido su equipo de trabajadores sociales para gestionar las solicitudes de realojo de las familias cuyas residencias fueron severamente dañadas, con el objetivo de reubicarlas en viviendas públicas.
La directora general de la EVHA, Estefanía Martínez, señaló que «muchas familias, bien de manera definitiva o temporal, se quedaron sin hogar y enseres, encontrándose en situación de excepcional necesidad de vivienda». Destacó que la Generalitat «desde el primer momento, puso a disposición viviendas de su patrimonio público en la provincia de Valencia».
La Vicepresidencia Primera y Conselleria de Servicios Sociales, Igualdad y Vivienda destinaron 4,3 millones de euros a la reparación de daños en su parque público de viviendas tras la dana. La edificación más afectada fue el edificio de 184 viviendas de La Torre de la calle Remigio Soler, en la ciudad de València, donde fue necesario invertir 2,2 millones de euros en refacciones para alojar a las familias afectadas, informó la Generalitat.
Tras concluir las obras en este edificio, la dana causó estragos en los bajos, áreas comunes y sótanos. Después de reparar estas áreas, se han entregado viviendas en diferentes fases, alcanzando un total de 70.
Adicionalmente, se destinaron 1,34 millones de euros para la reparación de viviendas públicas en los municipios valencianos de Alfafar, Aldaia, Algemesí, Torrent y de la ciudad de València, además de 758.178 euros en la mejora de elementos comunes de grupos de la Generalitat en estos y otros municipios como Alzira, Paiporta y Picanya.
Para abordar esta emergencia, la EVHA amplió su plantilla de trabajadores sociales para atender las demandas de realojo de las familias cuyas viviendas quedaron inhabitables, inicialmente por un periodo de tres meses, extendido hasta el 30 de junio debido a la necesidad del servicio, enfatizó la Generalitat.
Estefanía Martínez resaltó la importancia crítica de este equipo, que «ha estado en contacto directo con los servicios sociales de todos los ayuntamientos para canalizar las demandas de las unidades de convivencia afectadas y dar respuesta con la mayor celeridad posible».