El consejero de Hacienda, Interior y Administración Pública del Gobierno de Aragón, Roberto Bermúdez de Castro, manifestó este lunes que «no se puede romper la igualdad entre españoles» y comunicó que el Gobierno aragonés está desarrollando un conjunto de acciones legales y legislativas en respuesta al convenio de transferencia del IRPF a Cataluña que se está negociando entre el Gobierno de España y la Generalitat de Cataluña.
Durante una conferencia de prensa, Bermúdez de Castro describió el acuerdo como «gravísimo» y «va más allá de lo que pensábamos», aunque admitió que «era previsible». Explicó que las declaraciones del conseller de Presidencia de la Generalitat revelan sus intenciones, pues «constantemente hablan de que el país, Cataluña, avance, de que lo importante para Cataluña es tener mejores servicios públicos y en ningún caso ver lo que sucede en el conjunto del país».
«Hablan de colaboración cuando es claudicación, hablan de financiación singular, de un acuerdo para un nuevo sistema de financiación para Cataluña, de cambio de paradigma, y piensan que el conjunto de los españoles no nos enteramos o no nos queremos enterar», agregó el consejero.
Recordó que cuando Artur Mas, expresidente de la Generalitat, solicitó un acuerdo similar durante el gobierno de Mariano Rajoy, tanto PP como PSOE se opusieron, ya que este tipo de convenios «rompe la igualdad entre todos los españoles y la solidaridad entre los territorios». Bermúdez de Castro enfatizó que la igualdad y la solidaridad son esenciales para la cohesión del país y que sin ellas «no queda nada».
El consejero advirtió que el acuerdo representa un privilegio que afecta la equidad nacional, ya que algunas regiones no disponen del mismo potencial económico, lo que resulta en una pérdida de igualdad. Además, criticó que la Generalitat «pretende dar limosna al conjunto de España» y alertó sobre las consecuencias negativas para el Estado y otras comunidades autónomas en términos financieros.
Bermúdez de Castro también cuestionó la durabilidad del poder del presidente Sánchez con este acuerdo y lamentó que no se haya presentado durante las elecciones ni se haya consultado a los ciudadanos. Finalmente, hizo un llamado a una reunión urgente del Consejo de Política Fiscal y Financiera para discutir esta «tropelía» que «afecta gravemente a los ciudadanos» y criticó que un gobierno que se dice progresista beneficie económicamente a los más acaudalados.