QUIÉN ES QUIÉN
A MANO ALZADA
Financiación singular, dentro de una reforma del sistema y al alcance del resto de comunidades. El Gobierno y la Generalitat de Catalunya acordaron este lunes sentar las bases de un nuevo modelo de financiación que permitiría a la comunidad autónoma la gestión de todos los impuestos.
A Cataluña y, según el acuerdo, al resto de comunidades que quieran dar el paso, ya que se prevé el reconocimiento de las singularidades tanto de Cataluña como del resto de administraciones autonómicas.
El cambio, en todo caso, no será inminente y está supeditado a la aprobación de reformas, algunas de ellas sobre leyes con carácter orgánico y que, por tanto, exigen mayoría absoluta en el Congreso.
Gestión de impuestos: ¿cuándo?
La gestión del IRPF por la Agencia Tributaria de Cataluña en la próxima campaña de la Declaración de la Renta (el año que viene) se antoja complicada.
Pese a que el acuerdo entre PSC y ERC para facilitar la investidura de Salvador Illa como presidente de la Generalitat establecía este hito para 2026, el pacto de este lunes prevé la comprobación de declaraciones de la normativa autonómica, particularmente las deducciones aprobadas por el Parlament.
Ambas administraciones se comprometen a analizar la cobertura convencional o legal para que puedan presentarse declaraciones ante la Agencia catalana, utilizando la clave digital facilitada por la Generalitat. Para ello, prevén la constitución de un grupo de trabajo específico para hacer efectivo el despliegue de la hacienda catalana.
Además de las reformas necesarias, la prioridad será ganar capacidad. Según el conseller de Presidencia, Albert Dalmau, la agencia cuenta con una plantilla de 250 trabajadores cuando la Agencia Estatal de la Administración Tributaria (AEAT) dispone de 4.400 trabajadores en Cataluña.
El cambio de modelo de financiación se enmarca dentro de una reforma del modelo de financiación, para la cual el Gobierno presentará una propuesta a partir de septiembre, según avanzó el ministro de Política Territorial, Ángel Víctor Torres.
A la vuelta de vacaciones, el Gobierno llevará una propuesta al Consejo de Política Fiscal y Financiera (CPFF), que reúne a todas las comunidades autónomas.
Cambios legislativos
Hacer efectiva la descentralización en la gestión de impuestos exigirá modificar una batería de leyes, varias de ellas de carácter orgánico como la Ley Orgánica de Financiación de las Comunidades Autónomas o las de los Estatutos de Autonomía.
Ello exige una mayoría cualificada de más de la mitad de la Cámara y está por ver si Gobierno y ERC suman los apoyos suficientes… siempre que ambas formaciones vayan de la mano.
El ministro de Política Territorial encuadró la reforma en un futuro proyecto de ley, si bien ERC anticipó días antes de la reunión que, con el PSOE o sin él, registraría en el Congreso una proposición de ley para acelerar su tramitación.
Además del previsible rechazo de PP y Vox, la descentralización de la gestión tributaria genera dudas en Podemos e incluso dentro de Sumar. Y en Junts tampoco ven con buenos ojos que el acuerdo esté abierto a otras comunidades, pues no supondría el reconocimiento de una singularidad.
Principios del futuro modelo de financiación
Suficiencia financiera y corresponsabilidad fiscal: definición de porcentajes de participación en la recaudación de los tributos que se acuerden para contribuir al sostenimiento de los gastos del Estado y la financiación de las competencias homogéneas de Cataluña y el resto de comunidades.
Cuota de solidaridad: elemento de nivelación y solidaridad entre las comunidades, presentado de forma transparente como aportación neta de las comunidades con mayor capacidad.
Fuera del acuerdo, se prevé que la Generalitat «considera que esta aportación debe ser calculada, de manera transparente, con criterios objetivos y es condición que su aplicación no desvirtúe el principio de ordinalidad en el resultado final». Es la única mención a la ordinalidad en el texto.
Límites a la competencia fiscal a la baja: Se prevén mecanismos adicionales a los vigentes para limitar la competencia fiscal a la baja.
Financiación adicional para competencias específicas y singulares: Cataluña y las comunidades autónomas que tengan transferencias competencias no homogéneas contarán con más recursos para su financiación.
Desaparición de las entregas a cuenta: los ingresos se realizarán de acuerdo a la recaudación real, de una manera “inmediata”, según dijo el ministro Torres.
Compatibilidad del sistema con un nuevo modelo: Se prevén reglas comunes que den coherencia al sistema, y con el reconocimiento de necesidades y singularidades del resto de territorios, incluyendo sus propias agencias tributarias, «dentro de un modelo en red de gestión del sistema tributario», con reglas de coordinación y plenas garantías en la prevención y lucha contra el fraude.
