QUIÉN ES QUIÉN
A MANO ALZADA
El Ministerio de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones presentaba este lunes una propuesta, aún en fase embrionaria, para ajustar las cuotas de los trabajadores autónomos a sus ingresos reales, lo que supondría incrementos progresivos de las mismas entre 2026 y 2031. La medida forma parte del desarrollo del sistema aprobado en 2023, pero su aprobación definitiva se presenta compleja: el Gobierno deberá superar una mayoría parlamentaria fragmentada, el rechazo empresarial e, incluso, su propia división interna.
Oposición política
Según la Federación Nacional de Asociaciones de Trabajadores Autónomos (ATA), contraria a la propuesta gubernamental, partidos como PP, Vox y Junts se opondrán a la subida, lo que podría bloquear el decreto en el Congreso si éste no cuenta con el apoyo de socios habituales del Ejecutivo como ERC, PNV o Bildu. ATA, vinculada a la CEOE, advirtió ayer de que “el Congreso tumbará este sablazo”.
El PP, en boca de Alberto Núñez Feijóo, ha criticado la propuesta del Gobierno, acusando a Pedro Sánchez de querer llevarse “por delante a la clase media” con las subidas de cuotas para los autónomos.
Junts, a través de su portavoz en el Congreso, Miriam Nogueras, ha declarado: “Ni un solo voto de Junts irá a apretar más a los autónomos”.
El Gobierno, por su parte, insiste en que se trata de un ajuste necesario para equilibrar el sistema contributivo. Sin embargo, en el seno del mismo Ejecutivo Sumar se ha desmarcado criticando el pretendido aumento de cuotas a autónomos. Verónica Martínez Barbero, portavoz de Sumar en el Congreso, ha calificado la propuesta de Elma Saiz como “poco progresiva”.
El nuevo modelo prevé que los autónomos con mayores ingresos coticen más, mientras que los tramos bajos mantendrían una aportación reducida. Los cálculos difundidos estiman subidas mensuales de entre 17 y 206 euros, dependiendo del nivel de facturación, a partir del próximo año.
División entre las asociaciones de autónomos
Las tres principales organizaciones entre los trabajadores autónomos muestran posiciones enfrentadas ante el anuncio del Ejecutivo:
- ATA considera que la propuesta “rompe el equilibrio” del acuerdo de 2023 y acusa al Gobierno de “vivir en una burbuja”.
- UPTA, más próxima al Gobierno, valora los avances pero reclama “ajustar los tramos altos sin penalizar el esfuerzo”.
- UATAE, vinculada a Sumar, exige más protección para los autónomos con ingresos por debajo del SMI y una cotización mínima garantizada.
Sin consenso entre ellas, la legitimidad social de la reforma se debilita y complica las negociaciones en el Congreso.
Obstáculos técnicos y jurídicos
El cambio de tramos exige modificar el Real Decreto 504/2023, que regula el sistema actual, y obtener el aval del Consejo de Estado, lo que podría retrasar su aplicación. Además, la reforma requiere una estrecha coordinación con la Agencia Tributaria, ya que las cuotas se calcularán a partir de los ingresos declarados, un sistema que aún presenta problemas técnicos.
Desde el Ministerio que dirige Elma Saiz insisten en que la medida es “gradual, justa y adaptada a la realidad económica del país”, pero reconocen que la tramitación será compleja.
Contexto económico y electoral
La iniciativa llega en un momento delicado: el Gobierno busca presentar los Presupuestos Generales del Estado antes de fin de año y la reforma coincide con la negociación de nuevas metas fiscales con Bruselas. Además, el Ejecutivo es consciente del coste político que puede tener entre los 3,3 millones de autónomos españoles, un colectivo especialmente sensible en comunidades clave como Andalucía, Madrid o la Comunidad Valenciana.
Con un Congreso dividido y las asociaciones enfrentadas, el futuro del nuevo sistema de cotizaciones dependerá de la capacidad del Gobierno para recomponer alianzas y ofrecer garantías de equidad a los trabajadores por cuenta propia.
