El Gobierno ha presentado un requerimiento al Ayuntamiento de Jumilla (Murcia) para que anule la moción que insta al Gobierno local a prohibir en sus instalaciones deportivas cualquier tipo de actividad ajena a las mismas, al considerar que atenta contra la libertad religiosa. Así lo han confirmado este lunes a Europa Press fuentes del Ejecutivo, tras la polémica medida impulsada por PP y Vox en el consistorio murciano.
La moción política aprobada en el pleno del Ayuntamiento de Jumilla con los votos de PP y Vox sobre «la defensa de los usos y costumbres del pueblo español frente a las prácticas culturales foráneas como ‘la Fiesta del Cordero’, instaba a la modificación del reglamento de uso y funcionamiento de instalaciones deportivas.
La normativa, defienden fuentes del Gobierno, «permite la utilización del polideportivo para actividades socioculturales, de manera que las razones objetivas esgrimidas no se sustentan». Así, sostienen que «la verdadera intención discriminatoria del acuerdo se puede observar tanto en el texto original como en las declaraciones del portavoz de Vox, que se ha jactado de prohibir festividades musulmanas».
El requerimiento ha sido presentado por la delegada del Gobierno y coordinado con los ministerios de Justicia y Política Territorial. «Ahora mantenemos nuestro compromiso de defender la Constitución, los valores democráticos y la convivencia. Combatiremos política y jurídicamente cualquier iniciativa que intente ir minando los derechos y libertades e introducir a España en una dinámica autoritaria, en línea con otros países donde la ultraderecha ha ocupado posiciones de gobierno», advierten en el Ejecutivo.
En declaraciones a la Cadena Ser, la delegada del Gobierno en la Región de Murcia, María Guevara, ha asegurado que ante una posible vulneración de los derechos fundamentales, su responsabilidad como Gobierno es intervenir en favor de la Constitución.
Además, ha aclarado que la corporación local tiene un plazo máximo de un mes para revocar la moción. En caso de no hacerlo o comunicar que no harán nada, uno de los escenarios que se abre es impugnar este acuerdo ante el juzgado de lo contencioso. «Algo que decidiría Abogacía del Estado», ha precisado Guevara.
En su perfil de X (antes Twitter), el ministro de Política Territorial y Memoria Democrática, Ángel Víctor Torres, ha defendido que «ante la intolerancia no hay medias tintas. PP y Vox no pueden decidir para quién sí hay libertad de culto y para quién no. Es un derecho constitucional». En su comentario el ministro ha precisado que el requerimiento se ha enviado esta mañana, con «informe jurídico» del departamento que dirige.
Por su parte, el titular de la otra cartera implicada, el ministro de la Presidencia, Justicia y Relaciones con las Cortes, Félix Bolaños, ha añadido que «frente a la deriva extremista» de PP y Vox, el Gobierno defiende «la Constitución, los derechos y la libertad religiosa».