Este martes el Consejo de Ministros da un paso importante de cara al diseño del nuevo modelo penal español con la aprobación del proyecto de reforma de la Ley de Enjuiciamiento Criminal (LeCrim). La norma descargaría sobre los fiscales la instrucción de las causas, desvincularía el mandato del Fiscal General del Estado (cinco años) de las legislaturas y se prohibiría a los partidos políticos ejercer acusaciones populares. Muchos son los cambios que se avecinan y el Ejecutivo quiere que entre en vigor el 1 de enero de 2028; pero antes, ha de superar una tramitación parlamentaria más que compleja que podría condenar el texto, máxime tras la ruptura de Junts.
El Gobierno necesita del bloque de investidura para sacar sus votaciones en el Congreso. El Grupo Socialista (120) y Sumar (26) se apoyan en ERC (7), Junts (7), EH Bildu (6), PNV (5), varios integrantes del Grupo Mixto, empezando por un disciplinado José Luis Ábalos, los cuatro de Podemos, BNG, CC y Águeda Micó, de Compromís. En total, los 179 que invistieron a Pedro Sánchez. Una suma que no siempre llega, pues cada iniciativa cuesta, y de todos los grupos parlamentarios, tan solo los del Ejecutivo apoyan a día de hoy la reforma de la LeCrim.
Por descontado, el Grupo Socialista votará a favor; y de momento, el socio minoritario, Sumar, no se descuelga. El ministro de Derechos Sociales, Consumo y Agenda 2030, Pablo Bustinduy, ha respaldado la propuesta argumentando que agiliza los procesos y sitúa a España a la par de los modelos europeos. Lo que también ha asegurado Bustinduy es que hay un “consenso bastante amplio”, una afirmación que no se corresponde con lo que los socios habituales manifiestan.
Preguntados por Demócrata, todos ellos se muestran bastante escépticos y aguardan a que el Gobierno apruebe el redactado y lo remita a Cortes para poder analizarlo convenientemente. Esquerra Republicana de Catalunya (ERC) aún no lo ha estudiado y quieren ver primero el detalle de la propuesta, mientras otros como Podemos tienen más dudas: “No confiamos mucho en que pueda solucionar los problemas de la Justicia”. Y remachan: “Mientras sigamos con estas mayorías en el CGPJ, va a estar complicado abordar determinadas problemáticas”. Con todo, también evaluarán la propuesta en profundidad.
Los socios se muestran escépticos y aguardan al texto definitivo que salga del Consejo de Ministros para poder analizarlo a conciencia.
La decisión de Carles Puigdemont de romper relaciones con el Gobierno no ayuda, ni mucho menos, en la ecuación, pues sus siete diputados podrían tumbar cualquier iniciativa uniéndose a PP (137), Vox (33) y UPN (1).
El atasco en Justicia
Para más inri, la reforma de la LeCrim se tramitará a través de la Comisión de Justicia, una de las que más iniciativas paralizadas tiene, como por ejemplo, la denominada Ley Bolaños.
El Proyecto de Ley Orgánica por la que se modifica la Ley Orgánica del Poder Judicial y la Ley por la que se regula el Estatuto Orgánico del Ministerio Fiscal, para la ampliación y fortalecimiento de las carreras judicial y fiscal, comúnmente conocida como Ley Bolaños, es una de las prioridades del ministro y aún no ha podido concretarla.
Superó el debate de totalidad en junio y, actualmente, está pendiente de que la Comisión de Justicia elabore el informe de ponencia. El Gobierno quería incluirla en el Pleno escoba de antes de las vacaciones de verano, pero ante la amenaza fundamentalmente de Junts, desistió.
Y es que, en cuestiones relacionadas con la Justicia, Junts es uno de los grupos más duros con los que negociar. En lo que a la Ley Bolaños respecta, los de Puigdemont demandan una suerte de CGPJ catalán (Consell de Justicia de Catalunya) y eliminar de la Audiencia Nacional.
Las novedades de la Ley
En cuanto al contenido de la reforma que aprobará el Consejo de Ministros, el principal punto es la atribución de la investigación y la instrucción penal al Ministerio Fiscal, bajo la supervisión de un juez que se encargará de velar por los derechos fundamentales y las garantías penales. Entre otras cosas, los magistrados arbitrarán cuestiones como la prisión provisional, las intervenciones telefónicas, etc. De esta manera, la investigación de las causas pasará de jueces a fiscales. Se esperan pasarelas para que jueces que así lo quieran puedan convertirse en fiscales.
La propuesta del Gobierno también aboga por limitar la figura de la acusación popular, de manera que los partidos políticos y los sindicatos quedarían excluidos de ejercerla. De salir adelante la reforma en los términos que plante el Ejecutivo, sólo podrían ejercerla asociaciones con un “vínculo legítimo” al objeto de la causa.
Entre otras novedades, la reforma establecería que el mandato del fiscal general del Estado sería de cinco años y ya no coincidirá con el del Gobierno. Según defienden desde el ministerio, con esta medida se busca reforzar la autonomía de la Fiscalía y evitar que su designación o mandato coincida con la duración del Ejecutivo que lo nombra.
El Gobierno quiere que la ley entre en vigor el 1 de enero de 2028, por lo que los procedimientos en curso no se verían afectados. La pregunta es, ¿superará el trámite parlamentario? Tiempo hay. ¿Voluntad de los grupos? Está por ver.