QUIÉN ES QUIÉN
A MANO ALZADA
Tres incumplimientos por completo y gran parte de las medidas a medio cumplir. Así puede resumirse el último informe del Grupo de Estados contra la Corrupción (GRECO) del Consejo de Europa sobre el grado de implementación por parte de España de las recomendaciones que el organismo hizo a España en su quinta toda de evaluación, en 2019. El documento, publicado hoy, concluye que hasta ahora España no cumple al 100% ninguna de las 19 líneas de acción en materia de prevención de la corrupción y promoción de la integridad tanto en el Gobierno central como en las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado (FFCCSE).
Así, desde nuestro país se han ignorado tres de las recomendaciones mientras que en otras 16 sí se ha avanzado, en algunos casos con la presentación de proyectos normativos, pero todavía pendientes de tramitación legislativa o sin perspectivas de entrar en vigor en un futuro próximo, según el contenido del texto consultado y analizado por Demócrata.
Si hace un año España incumplía seis recomendaciones y otras 13 se habían implementado a medias, doce meses después el órgano del Consejo de Europa estima que ha habido avances, si bien ninguna de las metas se ha alcanzado de manera íntegra en estos seis años.
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Aunque la última evaluación del GRECO se ha conocido esta mañana, el informe fue aprobado hace casi dos meses, durante su reunión plenaria celebrada entre el tres y seis de junio. Los documentos del organismo tienen carácter confidencial hasta que el Estado sometido a examen decide autorizar su difusión. Si bien hay total libertad para manejar los tiempos, el GRECO siempre invita a «autorizar lo antes posible» la publicación de sus informes. En el caso de España, el Gobierno lo ha puesto a disposición del público el primer día de agosto, en pleno comienzo de la operación salida de verano. Esta elección de fechas ya se ha repetido en el pasado.
El 16 de abril de este año, en víspera de Jueves Santo y antesala de un puente vacacional, el Ejecutivo decidía hacer públicas las dos anteriores evaluaciones a España, informes que el GRECO había aprobado en diciembre de 2023 y junio de 2024, tras mantenerlos guardados durante 16 y 9 meses respectivamente. En uno de ellos, el que analizaba el grado de ejecución de la quinta ronda, se informaba que «debido a la pobre implementación de sus recomendaciones», el órgano del Consejo de Europa había iniciado un «procedimiento de incumplimiento» a España.
El documento difundido hoy es una adenda al segundo informe de cumplimiento sobre medidas anticorrupción, el elaborado en junio del año pasado y que exigía al Gobierno que informara sorbe los progresos hechos al respecto antes de que acabara el año. El Ejecutivo español remitió un informe de situación sobre las medidas implementadas hasta la fecha y sobre eso y otra información trasladada en los últimos meses, el GRECO ha elaborado su último análisis. A continuación, los resultados en detalle:
Suspenso en asesores, aforamientos y régimen disciplinario en FFCCSE
ASESORES
En materia de asesores, se viene pidiendo a España que se les aplique el mismo régimen que a los altos cargos del Gobierno, «sometiéndoles a requisitos de transparencia e integridad equivalentes». En estos momentos, la identidad del personal eventual que ejerce labores de asesoría en el Ejecutivo es desconocida. No se publican sus nombres, pero tampoco sus retribuciones, se desconocen las funciones que desempeñan así como su formación o trayectoria profesional previa, datos todos ellos que sí son públicos para los altos cargos. Por ejemplo, nombramientos como el de Koldo García y su expareja Patricia Úriz dentro del Ministerio de Transportes se conocieron a través de la prensa.
Desde el Gobierno se ha alegado que se trabaja en una Ley de Gobierno Abierto y que en la misma se incluyen medidas que afectan a los asesores, con «requisitos de integridad y transparencia» asimilables a los de los altos cargos. Pese a que el GRECO «acoge con satisfacción» que se preste atención a esta figura y en los términos manifestados por el Ejecutivo, la falta de aprobación del anteproyecto por el Consejo de Ministros impide evaluar su contenido, por lo que consideran que «la recomendación sigue sin implementarse».
AFORAMIENTOS
Aquí, el organismo reclama desde 2019 que «la institución del aforamiento debe revisarse«, de modo que «no obstaculice la acción penal contra miembros del Gobierno que se sospeche que han cometido delitos de corrupción». Aunque la ronda quinta de evaluación se centra en el Ejecutivo, el GRECO también insta a que se «tomen medidas» sobre el resto de figuras que disfrutan de aforamiento por el cargo que ocupan.
Por parte del Gobierno, en su descargo, se ha hecho alusión a las reformas emprendidas en los últimos años por algunas CCAA para eliminar los aforamientos de sus Estatutos de Autonomía. También, a un proyecto de reforma de la Constitución aprobado en Consejo de Ministros por el primer gabinete de Pedro Sánchez, en enero de 2019, un mes antes de anunciar la convocatoria de elecciones anticipadas (y por tanto, de que decayera el proyecto). La iniciativa no se retomó ni en la legislatura anterior ni en la actual.
Desde entonces, en fechas recientes se han dado episodios como el del expresidente de la Diputación de Badajoz, Miguel Ángel Gallardo, imputado en la causa que afecta al hermano del presidente del Gobierno y que en mayo accedía al acta de diputado autonómico de forma exprés. Hace un mes, el Tribunal Superior de Justicia de Extremadura tumbaba su condición de aforado al considerarla un «fraude de ley». El Greco «observa que no se han logrado resultados tangibles» al respecto y que por tanto «la recomendación sigue sin implementarse».
RÉGIMEN DISCIPLINARIO POLICÍA NACIONAL Y GUARDIA CIVIL
El tercer incumplimiento absoluto se refiere a las FFCCSE. Hace seis años se pidió a España una actualización del régimen disciplinario de la Policía Nacional y la Guardia Civil, con la vista puesta en reforzar su transparencia, proporcionalidad y objetividad, entre otros aspectos, con especial insistencia en que se excluya cualquier opción de que un superior pueda decidir en materia disciplinaria por sí mismo.
Desde España se rebate con que en la Guardia Civil los instructores de procedimientos por faltas disciplinarias leves no son los mismos que emiten los informes de resolución de los expedientes. El GRECO, en su informe de evaluación, se congratula de ello. Sin embargo, echan en falta alguna información al respecto por parte de la Policía Nacional e instan una vez más a las autoridades a una «revisión sustancial» de los regímenes para garantizar la «equidad y proporcionalidad» en ambos cuerpos.
Los cumplimientos parciales de las recomendaciones del GRECO
REGULACIÓN DE LOBBIES
La eterna china en el zapato. La carencia en España de un marco normativo que regula las relaciones entre el Gobierno y altos cargos con los grupos de presión y terceros que pretendan influir en la elaboración de leyes y la acción del Ejecutivo es algo que el GRECO viene denunciando desde hace más de una década: primero, en la ronda de evaluación de 2013, centrada en el Legislativo, y desde 2019, con la vista puesta en el Gobierno central.
El órgano del Consejo de Europa demanda normas al respecto y también que se publique «suficiente información» sobre el objetivo de los contactos, la identidad de quienes participan en estas reuniones o comunicaciones, así como los temas de las mismas.
El Gobierno argumenta en su defensa la aprobación del proyecto de ley de Transparencia e Integridad de las Actividades de los Grupos de Interés, en enero de este año, y su intención de que esté aprobado antes de que acabe 2025. El organismo celebra que haya un texto en tramitación, pero lamenta que no se haya atendido a la petición reiterada de actual sobre la publicidad de las agendas de altos cargos, algo para lo que el Ejecutivo remite a la futura ley de Gobierno Abierto.
PUERTAS GIRATORIAS
Otro ámbito en el que se ha apreciado algún avance es en el del futuro laboral de los altos cargos y miembros del Gobierno una vez abandonan sus responsabilidades públicas. Sin rastro de medidas en el anterior informe de actuación, en esta ocasión se reconocen los preceptos del proyecto de ley sobre Grupos de interés que se envió a comienzos de año a las Cortes. En él se extiende la limitación de dos años para el ejercicio de actividades privadas a altos cargos.
El GRECO acoge de forma positiva el proyecto que pretende reforzar las restricciones a las puertas giratorias, pero recuerda que ahora mismo no hay nada en funcionamiento al respecto. También reitera que se exige una revisión del régimen de incompatibilidades para altos cargos, en especial sobre el régimen de supervisión (desde un órgano independiente) y la rendición de cuentas sobre la aplicación de dicho régimen de incompatibilidades para altos cargos.
CÓDIGO DE CONDUCTA PARA ALTOS CARGOS
La petición de adoptar un código de conducta para los altos cargos del Gobierno, específico y al margen de las «disposiciones éticas» incluidas en la Ley de Transparencia y Buen Gobierno y en la Reguladora del ejercicio del alto cargo de la Administración General del Estado es otro apartado en el que España necesita mejorar. El GRECO reclama en su quinta ronda de evaluación un código fácil de utilizar, de acceso público y que se acompañe de medidas «prácticas para su aplicación», entre las que cita «directrices escritas, asesoramiento confidencial y formación específica».
Se valora positivamente el papel de la Oficina de Conflictos de Intereses, dependiente del Ministerio para la Transformación Digital y de Función Pública, pero incide en la necesidad de formación específica. El Gobierno vuelve a aludir a la futura Ley de Gobierno y a la redefinición de atribuciones del Consejo para la Transparencia y el Buen Gobierno, que incluiría «formación permanente en materia de integridad pública y prevención de conflictos de intereses». Sin embargo el órgano del Consejo de Europa estima que «no hay pruebas que demuestren que los altos cargos hayan seguido las formaciones ya existentes» o de que el futuro proyecto de ley incluya formaciones específicas.
INDEPENDENCIA DE LA OFICINA DE CONFLICTOS DE INTERESES
Otro de los señalamientos del GRECO al Gobierno de España vienen por la subordinación de la Oficina de Conflictos de Intereses. Lamenta que se mantenga la dependencia del Ejecutivo y que esta no goce de autonomía financiera con un presupuesto propio. Cabe recordar en este punto, que el proyecto de ley para regular los lobbies en tramitación en el Congreso encarga a la Oficina de Conflictos la supervisión y control del registro de lobbies, así como de la aplicación de la norma.
DECLARACIONES DE BIENES DE ALTOS CARGOS
Aunque en España existe obligación de presentar declaración de bienes para altos cargos cuando se accede al cargo y cuando se cesa en el mismo, la información sobre las mismas que se hace pública es una estado comprimido de unas pocas líneas a modo de balance abreviado de activos y pasivos del alto cargo. El GRECO reclama información más desagregada, sobre todo de activos, intereses, actividades profesionales anteriores y deudas. También exige que esta información se haga extensible a cónyuges y familiares que dependan económicamente del alto cargo.
El órgano pide una mayor desagregación de los datos a declarar y muestra su desconfianza sobre que se esté implementando correctamente la parte de la recomendación relativa a familiares.
INDEPENDENCIA DEL CONSEJO DE TRANSPARENCIA
La reivindicación de dotar al Consejo de Transparencia y Buen Gobierno (CTBG) de independencia y medios para su funcionamiento, así como de autoridad para ejercer con eficacia sus funciones de supervisión sigue sin cumplirse del todo. El Gobierno rebatió con el aumento presupuestario del órgano respecto a ejercicios anteriores (de 2,27 millones de euros en 2018 a casi 3,4 millones para este 2025), una propuesta para fortalecer la independencia de la entidad, con la aprobación del Real decreto 615/2024, de un nuevo estatuto para el CTBG.
Una vez más, se alude a una futura Ley de Gobierno Abierto para manifestar la intención de establecer en ella un régimen sancionador que permita al CTBG castigar el incumplimiento de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública estatal. El GRECO queda a la espera de poder conocer ese futuro proyecto de ley para valorar la implementación integral de esta recomendación.
DERECHO DE ACCESO A LA INFORMACIÓN
En 2019, el GRECO pedía avanzar en la aplicación de la ley de Transparencia y acceso a la información pública (Leu 19/2013), facilitando los procedimientos para solicitar información, acortando el plazo actual de un mes para su resolución (desde que comienza a tramitarse por parte de la unidad correspondiente). A este respecto, se echa en falta que el tiempo de resolución de las peticiones se mantenga en un mes. Se pide información sobre los plazos efectivos de aplicación del derecho de acceso a información pública y que se reconsidere el plazo legal de 30 días.
PLAN DE INTEGRIDAD FRENTE A CONFLICTOS Y CORRUPCIÓN PARA ALTOS CARGOS
Para el cumplimiento de esta recomendación el Gobierno esgrimió en su momento la aprobación de la Ley de protección del denunciante, aprobada en febrero de 2023. Si bien el GRECO vio con buenos ojos la adopción de esta norma, hace un año solicitó actuaciones adicionales enfocadas específicamente en los altos cargos. En abril de este año, se aprobaba el Estatuto de la Autoridad para la Protección del denunciante, que tiene encomendada entre sus funciones la elaboración de una estrategia de integridad y prevención de la corrupción. Su presidente, Manuel Villoria, accedió al cargo a primeros de mayo.
El órgano del Consejo de Europa celebra los avances, pero recuerda que el éxito de esta recomendación depende de una atención especial a los altos cargos y los desafíos específicos que estos puestos presentan en comparación con otros empleados públicos, medidas que estima siguen ausentes y por lo que considera que la recomendación se ha aplicado parcialmente.
