QUIÉN ES QUIÉN
A MANO ALZADA
Jaque del Gobierno y sus socios habituales a Junts. El Ministerio de Vivienda, a través del Grupo Parlamentario Socialista, ha firmado junto a Sumar, Esquerra Republicana de Catalunya (ERC), EH Bildu, PNV, Podemos y BNG 19 enmiendas transaccionales para cerrar el informe de la ponencia sobre la proposición de ley de alquileres de temporada, que será votado en la Comisión de Vivienda y remitido al Senado directamente, puesto que cuenta con competencia legislativa plena -al menos, de momento-.
La composición de las comisiones legislativas limita el poder de influencia de Junts. El bloque de investidura, sin la formación liderada por Carles Puigdemont, suma 19 (12 de PSOE, tres de Sumar y uno por cada socio, ERC, EH Bildu, PNV y el Mixto, en este caso, Podemos); mientras que PP (14) y Vox (3), se quedan en 17. Con esta aritmética, aunque Junts se opusiera, el resultado sería de 19 síes frente a 18 noes.
De esta manera, se evita que pueda tumbar la iniciativa en Pleno, pues en el hemiciclo sí que podría junto a Partido Popular y Vox. ¿O no?
Jaque sí, pero no mate
La clave técnica es que la avocación a Pleno se tendría que votar antes de que la Comisión de Vivienda emita el dictamen. El PP la ha solicitado y, tal y como ha podido confirmar Demócrata, se encuentra en el orden del día de la siguiente sesión plenaria; pero la comisión prevé reunirse la próxima semana para votar el dictamen antes, por lo que el texto iría directamente al Senado.
Pero no todo está perdido. Es jaque, y no jaque mate, porque hay un elemento que puede retrasar la convocatoria de la Comisión. Y es que la Presidencia la tiene el Partido Popular. Su diputada Isabel María Borrego es la presidenta de la Comisión de Vivienda.
El artículo 42 del Reglamento del Congreso establece que las comisiones serán convocadas por “su Presidencia”. He aquí la clave, pues puede hacerlo por iniciativa propia o “a petición de dos Grupos Parlamentarios o de una quinta parte de los miembros de la Comisión. ¿Podrá Borrego dilatar la cita? ¿Hasta cuándo¿ ¿Qué llegará antes, la votación de la avocación a Pleno del jueves o el dictamen en Comisión de Vivienda?
Con todo, la jugada no ha gustado a la ponente de Junts, Marta Madrenas, quien lamenta además que los socialistas no le han contactado para informarle de la veintena de transaccionales que ha llevado a la ponencia. Una queja aparentemente incoherente dado que fue su propio partido el que anunció que rompería toda relación con el Gobierno y no respaldaría ninguna de sus iniciativas a excepción de cinco. No es menos cierto que esta propuesta no tiene su génesis en Moncloa, sino en varios de los socios y en el sindicato de inquilinas.
Lo acordado: contenido y novedades
La proposición de ley pretende atajar el agujero negro que dejó la Ley de Vivienda. Para ello, equipara los contratos temporales a los de vivienda habitual para, así, desincentivar su uso, máxime en zonas declaradas tensionadas para rebajar los precios.
Una de las principales novedades es la ampliación del plazo. La propuesta original planteaba que el contrato de temporada no podría exceder de nueve meses; pero a través de una transaccional, finalmente serán 12. Se busca adaptar la fórmula de arrendamiento al calendario docente, para permitir que profesores y estudiantes puedan beneficiarse; así como otros trabajadores por temporadas, como ocurre con médicos o incluso trabajos estacionales, como la hostelería en periodo estival.
En todo caso, el arrendador tendrá que justificar y acreditar el motivo del alquiler de temporada; y el contrato no podrá ser inferior a 31 días ni exceder de 12 meses. En caso de superarlos o si suceden más de dos contratos, se entenderá que se trata de una relación contractual de vivienda habitual y se le aplicarían todos sus preceptos, como el plazo mínimo o el régimen de prórrogas.
El arrendador podría desistir del contrato transcurridos 31 días, siempre que se lo comunique al arrendatario con al menos 12 días de antelación.
Otra de las principales novedades es que se blinda que en ningún caso se podrá repercutir sobre el inquilino el Impuesto de Bienes Inmuebles (IBI). Tampoco podrán fijarse nuevas condiciones que hagan recaer sobre el arrendatario cuotas, gastos generales, servicios, impuestos, tasas, cánones o cualquier tipo de concepto análogo que no figurase previamente en el contrato.
De igual forma, Gobierno y socios han aprobado transaccionales para regular el precio del alquiler por habitaciones de tal manera que la suma de la renta no pueda exceder el tope establecido para la vivienda al completo.
Se pone también coto a los gastos de inmobiliarias para que no se repercutan sobre el arrendatario ni directa, ni indirectamente; y límites a la fianza.
Por último, se establece que el arrendador debe garantizar las condiciones de habitabilidad. Cuando existan daños o desperfectos que afecten a la seguridad o salubridad de la vivienda, el arrendatario podrá requerir por escrito la reparación necesaria, adjuntando un presupuesto razonable. El arrendador dispondría de 15 días naturales para responder y aceptar o plantear una alternativa. Si se niega o no responde en el plazo estipulado, el inquilino podrá acometer la reparación y descontarla de mensualidades futuras.
Sin fiscalidad
El Ministerio de Vivienda esperaba abrir el melón de la fiscalidad en el marco de la proposición de ley de alquileres de temporada. Había conversaciones abiertas sobre cuestiones relacionadas con el incremento del IBI en zonas tensionadas y consenso en otros asuntos tributarios, como la subida a las SOCIMI (Sociedades Cotizadas de Inversión) del 15% al 25%, salvo que se trate de viviendas destinadas al alquiler asequible, o gravar las viviendas vacías para incentivar su salida al mercado. Tanto el PSOE como ERC tiene registradas sendas proposiciones de ley con estas medidas. Finalmente, se han quedado al margen y no se ha integrado ninguna en la de alquileres de temporada.
Arrieritos somos…
La jugada maestra del Gobierno y sus aliados habituales podría volverse en su contra. En primer lugar, porque durante la tramitación en el Senado, Junts, como represalia, podría aliarse con el Partido Popular y con Vox para enmendar cuantos asuntos consideren o, incluso, vetar la iniciativa, que tendría que regresar a la Cámara Baja y esta vez, los de Puigdemont podrían no salvar al Ejecutivo Con su abstención como ya hicieran con la energía nuclear en la Ley de Movilidad Sostenible.
En segundo lugar, podría haber un impacto en otras leyes en tramitación. Otros daños colaterales. Junts afirmó que únicamente facilitaría cinco iniciativas. El resto, el PSOE las tendrá que sudar, máxime en para las leyes orgánicas, que requieren de mayoría absoluta y no vale con la abstención de Junts.
Un ejemplo de ello es lo que está ocurriendo con el Proyecto de Ley de protección de menores en entornos digitales. Los socialistas esperaban cerrar el plazo de enmiendas ya el pasado 12 de noviembre, sin embargo, la ingente cantidad de enmiendas recibidas, la pugna del sector y la ruptura con Junts, ha forzado ya dos aplazamientos. El último, este martes.
El PSOE se felicita
El Grupo Socialista se ha felicitado del resultado de la ponencia y ha valorado el trabajo tanto del Ministerio de Hacienda, como de los sindicatos de inquilinas y del resto de grupos parlamentarios. “Esta proposición de ley supone un paso fundamental en el avance de políticas útiles en materia de Vivienda, por lo que confiamos en que prime el interés general para su aprobación definitiva”, aseguran fuentes parlamentarias del PSOE.
