El Gobierno Vasco respalda la legalidad de otorgar terceros grados a exmiembros de ETA y otros presos

María Jesús San José, consejera de Justicia y Derechos Humanos, ha insistido en que la asignación de terceros grados a antiguos miembros de ETA y a otros reclusos por parte del Gobierno Vasco se realiza “en cumplimiento de la legislación penitenciaria”, destacando que dicha medida “no es un privilegio” y que no se limita exclusivamente a los presos de ETA.

En una sesión de control en el Parlamento Vasco, San José respondió a las preguntas del PP, que cuestionaba la concesión de estos beneficios, especialmente al exmiembro de ETA Juan Carlos Iglesias Chouzas, ‘Gadafi’. El PP, por medio del parlamentario Santiago López, criticó que se hayan otorgado “por lo menos” 110 terceros grados a miembros de la banda, de los cuales 18 han sido recurridos por la Fiscalía, incluyendo el de ‘Gadafi’, sugiriendo un posible favoritismo por razones políticas.

San José recalcó que cualquier decisión de progresión de grado se basa en “el estricto cumplimiento de la legislación penitenciaria y el contenido de la sentencia”, y que el tercer grado es una modalidad de cumplimiento de la pena establecida en la ley, no un privilegio arbitrario.

JUICIO DE PONDERACIÓN

La consejera enfatizó su orgullo por el respeto a la legislación penitenciaria y explicó que la concesión de terceros grados implica un “juicio de ponderación”, donde se evalúa el tiempo de condena cumplido y la evolución personal del recluso, apuntando a la reinserción como uno de los objetivos de la pena.

San José añadió que esta valoración puede incluir elementos subjetivos y que diferentes instituciones pueden tener opiniones diversas sobre el tiempo adecuado en prisión, lo cual es “normal en derecho”. Afirmó que la posibilidad de recurrir estas decisiones es una muestra de “la buena salud democrática” del sistema.

Finalmente, reveló que el sistema penitenciario vasco ha adoptado centenares de resoluciones de tercer grado cada año, demostrando que no se limitan a los presos de ETA. En el presente año, se han emitido ya 409 resoluciones, y en 2024 se espera alcanzar un número similar.