Al menos nueve comunidades autónomas cuentan con planes específicos de retorno que, en algunos casos, contemplan subvenciones de hasta 6.000 euros para sus residentes de origen o descendientes que se marcharon al extranjero y desean regresar de forma voluntaria. A estas iniciativas autonómicas se suma un programa estatal que permite percibir una ayuda vinculada al paro, con independencia de si se ha cotizado o ya se ha cobrado anteriormente, según la información recopilada por Europa Press.
Asturias, Castilla y León, Cataluña, Extremadura, Galicia, Canarias, La Rioja, Madrid y Navarra disponen bien de programas y servicios de apoyo para que tanto la población nacida en estas regiones como sus descendientes puedan volver desde el exterior, bien de ayudas económicas directas para costear el traslado, iniciar un proyecto de autoempleo o fomentar su contratación por empresas privadas.
El Principado de Asturias ha reservado un montante global de 500.000 euros para ayudas al retorno, con un máximo de 6.000 euros por solicitante, dirigidas a asturianos que hayan residido fuera de España al menos cuatro años. La última convocatoria se extiende hasta finales de 2026 y las cantidades se ajustan a la situación familiar de cada retornado, siguiendo los criterios establecidos en el tercer apartado de los anexos de la resolución “PA/7/2026/1406” del Principado.
En Galicia, el esquema es muy parecido, conforme a la “Resolución DOG” del 29 de enero de 2026. El tope de la subvención también se sitúa en 6.000 euros, pero se exige haber vivido en el extranjero un mínimo de dos años y haber regresado después del 1 de enero de 2024. Los baremos para fijar la cuantía figuran en dicho texto oficial y el plazo para presentar solicitudes permanece abierto hasta el 30 de septiembre de 2026.
Castilla y León, por su parte, contempla ayudas de hasta 5.000 euros para castellanoleoneses que retornen con el propósito de trabajar por cuenta propia. Alternativamente, pueden ser las empresas que contraten a un compatriota recién retornado durante al menos doce meses las que reciban esa subvención.
20% más por instalarse en municipios poco poblados
Mediante el programa “Pasaportes de vuelta”, complementario al plan “Vuelve a Castilla y León”, el Ejecutivo autonómico presidido por Alfonso Fernández Mañueco ofrece hasta 3.500 euros a menores de 35 años que hayan pasado al menos seis meses fuera de la comunidad y hasta 2.500 euros a quienes superen esa edad y hayan residido un año fuera. Estas cuantías pueden incrementarse un 20% si el regreso se produce a un municipio con menos de 10.000 habitantes, además de otras condiciones recogidas en el BOCyL del 5 de abril de 2023.
En Extremadura se concede un pago único de 1.500 euros, que puede elevarse hasta 2.900 euros cuando el beneficiario forma parte de una familia numerosa o en el hogar exista una persona con una discapacidad igual o superior al 33%, una víctima de violencia de género o del terrorismo, ya que cada una de estas circunstancias añade 350 euros a la ayuda.
Los catalanes retornados también disponen de distintas fórmulas de apoyo económico una vez fijan de nuevo su residencia en la comunidad. En este caso, la Generalitat asume los gastos “relativos al coste de la actividad” del retorno, siempre que el importe no exceda el 50% del Salario Mínimo Interprofesional (SMI).
Un posible incremento del 30% en el salario
Además, en la “LEY 25/2002, de 25 de noviembre” del ejecutivo autonómico se especifica que, según la situación económica y familiar, el salario del solicitante puede incrementarse en un 30% si es inferior a la “renta de suficiencia vigente en Cataluña”.
En la Comunidad Foral de Navarra, quienes regresen también pueden solicitar una ayuda para sufragar los gastos de viaje y mudanza. El Gobierno presidido por María Chivite concede 2.000 euros por persona retornada y 500 euros adicionales por cada miembro a cargo —incluidos adultos— hasta alcanzar el límite máximo de 3.500 euros.
El Gobierno central, por medio del Servicio Público de Empleo Estatal (SEPE), ofrece igualmente un subsidio condicionado a fijar la residencia permanente en España, no haber cobrado prestaciones por desempleo en el país de origen ni tener derecho a la prestación contributiva en España, además de haber percibido menos del 75% del SMI, requisitos necesarios para acceder a las ayudas para españoles retornados.
Hasta 18 meses de subsidio estatal
Los subsidios gestionados por el SEPE pueden prolongarse hasta un máximo de 18 meses, con renovaciones trimestrales, y son compatibles con empleos a tiempo parcial. La cuantía parte del 95% del Indicador Público de Renta de Efectos Múltiples (IPREM) durante los primeros 180 días, se reduce al 90% en la segunda mitad del primer año y pasa al 80% hasta el último pago.
Canarias y la Comunidad de Madrid proporcionan asesoramiento y apoyo para tramitar estas prestaciones estatales del SEPE. Además, el archipiélago canario informa en su web oficial de una ayuda autonómica propia de 1.500 euros para el retorno, de la que solo se detallan los requisitos de solicitud.
El Gobierno de La Rioja, por su lado, impulsa un plan para “invertir la tendencia demográfica” y crear “unas condiciones económicas y de calidad de vida suficientemente atractivas que eviten las salidas de La Rioja” del talento recuperado. En su página oficial constan actualmente 240 personas retornadas —la meta se sitúa en 4.500 en 2023— desde que se puso en marcha esta iniciativa.
Comunidades sin plan directo y ayudas indirectas
En contraste, hay comunidades que han dejado de ofrecer estos programas. Andalucía no convoca ayudas directas al retorno desde 2010; Aragón no lo hace desde 2023, y Castilla-La Mancha cerró su último plan en 2022. Tampoco constan programas directos de este tipo en Islas Baleares, Cantabria, Región de Murcia, País Vasco y Comunidad Valenciana.
Entre estas últimas, los gobiernos vasco y cántabro sí disponen de diferentes líneas de subvención para jóvenes que inician proyectos de emprendimiento, en especial en el sector primario, que pueden beneficiar indirectamente a quienes regresan.
Andalucía, pese a llevar tres lustros sin ayudas directas al retorno, ha financiado a la Federación Andaluza de Emigrantes y Retornados (FAER) con 70.000 euros anuales —490.000 euros desde 2019— y ha destinado 18.000 euros a empresas que contraten de forma indefinida a mayores de 45 años retornados, después de haber otorgado 6.000 euros a tres compañías por este mismo motivo.
En cualquier caso, cualquier español que decida volver a residir en el país puede solicitar las ayudas del SEPE, con independencia de que su comunidad de origen tenga o no un plan específico de retorno. Para ello es imprescindible disponer del Certificado de Español Retornado (CER) y del resto de documentación indicada por la Oficina del Retorno, sobre la que se puede obtener más información llamando al 060.