QUIÉN ES QUIÉN
A MANO ALZADA
Cada ministerio sabe, desde el primer Consejo de Ministros del nuevo Gobierno, que el próximo lunes 11 de diciembre es el último día para remitir a Hacienda sus propuestas de ingresos y gastos para los Presupuestos Generales del Estado de 2024.
Esa es la fecha que marcó el departamento que dirige María Jesús Montero en el decreto que sentó las bases para la elaboración de las cuentas públicas.
Y al día siguiente, la ministra tiene intención de llevar al Consejo de Ministros el límite de gasto no financiero –el conocido como techo de gasto– y la nueva senda de estabilidad presupuestaria, con los objetivos de déficit, deuda y gasto para el período 2024-2025.
Estos objetivos serán el marco en el que el Gobierno quiere construir los primeros Presupuestos, pero para ello debe contar con el aval del Congreso y también del Senado, donde el PP cuenta con mayoría absoluta.
Antes de llevar los objetivos al Consejo de Ministros, Hacienda ha convocado el lunes el Consejo de Política Fiscal y Financiera para presentar a las comunidades autónomas sus propios objetivos. En otras palabras, qué margen de déficit y endeudamiento podrán tener para elaborar sus propias cuentas.
Vuelta a las reglas fiscales
Este año, además, vuelven tener vigencia las reglas fiscales, suspendidas desde 2020 por la emergencia de la pandemia de Covid-19 primero, y después por el estallido de la guerra de Ucrania. Pese a los intentos de reforma, todo apunta a que la recuperación de las normas será en los mismos términos por falta de acuerdo.
Eso supone que los Estados miembros deberán cuadrar sus cuentas con un déficit máximo del 3% de su PIB, si no quieren incurrir en un procedimiento de déficit excesivo, y la consecuente tutela por parte de las autoridades europeas.
Objetivo: 3% del PIB
El pasado octubre, el Gobierno en funciones envió a la Comisión Europea el Plan Presupuestario, que actualizó sus previsiones macroeconómicas y anticipó un crecimiento de la economía española para el próximo año del 2%.
El Ejecutivo fijó entonces un objetivo de déficit para el próximo año del 3%. La distribución de ese déficit entre administraciones dio algo más de margen a las comunidades autónomas, a las que habilitó un desfase en sus cuentas del 0,1% frente al equilibrio presupuestario contemplado en el Programa de Estabilidad remitido a Bruselas en abril.
Esta décima era asumida por la Administración central, con un déficit previsto del 2,9%, frente al del 0,2% del subsector Seguridad Social y el superávit previsto de las corporaciones locales.
En una conversación informal con los periodistas en el Congreso, con motivo de los actos de conmemoración de la Constitución Española, la ministra María Jesús Montero ha remitido al Plan Presupuestario y ha expresado su compromiso en el límite del 3% para no incurrir en déficit excesivo.
La ley exige el visto bueno de Congreso y Senado
Una vez apruebe el Gobierno la nueva senda de estabilidad presupuestaria, la ministra de Hacienda deberá defenderla ante las Cortes Generales, primero en el Congreso y después en el Senado, y obtener el aval de ambas Cámaras.
Esto significa que el PP, que cuenta con mayoría absoluta en el Senado, deberá dar su aval al margen de déficit que plantee el Gobierno de coalición para las nuevas cuentas. Si el Senado rechaza los objetivos, la senda será tumbada.
En ese caso, la ley prevé que el Gobierno vuelva a presentar ante las Cortes una nueva senda, y someterla a votación de nuevo.
En Hacienda asumen que, por mucho que las comunidades autónomas ganen mayor margen para elaborar las cuentas, el PP no dejará la oportunidad de castigar al Gobierno en esta votación. Y advierten de que cuenta con garantías jurídicas de que el rechazo a los objetivos de estabilidad no impedirá la elaboración de unos nuevos Presupuestos.
La senda de estabilidad marca objetivos plurianuales, para tres ejercicios sucesivos. Cuando en diciembre de 2018 el Senado frenó los objetivos presentados por Montero, la ministra tuvo que elaborar sus primeras cuentas con los últimos que habían sido aprobados, y que había dejado su predecesor Cristóbal Montoro.
En esta ocasión, sin embargo, no existen objetivos en vigor, ya que las reglas fiscales han estado suspendidas desde 2020 y la última senda no alcanza a 2024. Hasta ahora, lo que el Gobierno ha venido aprobando son tasas de referencia, para marcar un horizonte a cada administración, fuera de cualquier tipo de control financiero.
La inconclusa reforma para levantar el veto del Senado
La necesidad de contar con el visto bueno tanto en Congreso como en Senado es una singularidad en el sistema bicameral español. En toda iniciativa legislativa un eventual rechazo o veto de la Cámara Alta puede ser levantado, si acaso con mayoría reforzada, por la Cámara Baja.
De hecho, el PSOE impulsó con sus socios, hasta en dos ocasiones, una reforma de la Ley de Estabilidad Presupuestaria para acabar con esa potestad de veto del Senado, y posibilitar que el Congreso lo levantará con mayoría absoluta.
La primera de ellas, en 2018, fue bloqueada por PP y Cs en la Mesa del Congreso, mientras que en la última legislatura el PSOE dejó morir la iniciativa. Pese a ser registrada al poco de constituirse las Cortes, la iniciativa no llegó a debatirse en Comisión.
Fuentes de Hacienda explican que la proposición de ley no se llegó a aprobar porque, una vez iniciada la reforma de esta ley, había socios que exigían una reforma de mayor calado. Estas fuentes no han detallado qué socios ni los cambios exigidos. Pero ni en Podemos, ni Izquierda Unida, ni ahora tampoco Sumar, tienen especial simpatía por una norma que institucionaliza el cumplimiento de las normas fiscales y emana de la reforma del artículo 135 de la Constitución.
Preguntada por si, ahora sí, el PSOE volverá a impulsar la reforma de la ley para evitar el veto del Senado, Montero ha rechazado que vayan a hacerlo en el corto plazo.
