La Intervención General de la Administración del Estado (IGAE), organismo dependiente del Ministerio de Hacienda, ha remitido al magistrado que investiga el 'caso Koldo' en la Audiencia Nacional un informe en el que detalla posibles anomalías en la concesión de contratos públicos vinculados a los proyectos de soterramiento ferroviario en Murcia.
De acuerdo con el oficio de la IGAE, al que ha tenido acceso Europa Press, se trata de un solo contrato que agrupó el proyecto de construcción para el soterramiento de la estación y Barriomar junto con el soterramiento en la zona de la pedanía de Nonduermas, ambos en el término municipal de Murcia.
El presupuesto de ejecución material de estas actuaciones ascendió a 208,5 millones de euros, de los que 66,6 millones se asignaron al tramo de Nonduermas y 141,9 millones al correspondiente a la estación y Barriomar.
El órgano fiscalizador indica que el expediente se gestionó con “mucha celeridad” tras obtener la supervisión, la aprobación y el replanteo en un plazo de apenas cinco días de julio de 2018, y que para decidir la adjudicación se recurrió a “criterios basados en juicios de valor”.
En esta línea, la IGAE apunta que los criterios sustentados en juicios de valor resultaron “determinantes” en la adjudicación de los proyectos de la red ferroviaria murciana, del mismo modo que sucedió con la fórmula empleada en otro contrato en Sant Feliu de Llobregat, en la provincia de Barcelona.
Asimismo, subraya que la diferencia de puntuación en este componente subjetivo dejó al resto de ofertas “sin posibilidades de obtener la adjudicación del contrato”, ya que la distancia no podía compensarse con la puntuación asignada al precio.
El informe detalla que la empresa adjudicataria formuló diversas “reservas” técnicas nada más firmarse el contrato, lo que entra en contradicción con la evaluación de la oferta, donde se calificó como “muy bueno” su conocimiento del proyecto y de las características del terreno.
Estas objeciones dieron lugar a una modificación contractual por importe de 31,3 millones de euros, una variación que, según la Intervención, vulneraba la normativa al apoyarse en costes de descontaminación de suelos que ya figuraban en el proyecto inicial.
La IGAE advierte de que Adif tendría que haber optado por la “resolución del contrato” en vez de autorizar este incremento, puesto que no se cumplían las condiciones de imprevisibilidad que la ley exige para poder alterar el gasto comprometido.
El documento también pone de relieve que la tramitación de un segundo contrato independiente para la arquitectura de la estación permitió que las mismas empresas asumieran trabajos que en origen estaban incluidos en el proyecto principal.
La Intervención concluye que este modo de proceder administrativo pudo facilitar que las modificaciones no rebasaran el límite del 20% del contrato inicial y eludiera la aplicación de la baja económica del 33,8% acordada en un primer momento.