QUIÉN ES QUIÉN
A MANO ALZADA
La vicepresidenta y ministra de Hacienda, María Jesús Montero, presentó este lunes su propuesta para a sumir 83.252 millones de deuda de las comunidades autónomas por parte de la Administración General del Estado.
La operación exige la aprobación de una ley de carácter orgánico y el objetivo del Gobierno es aprobarla este mismo año. Su tramitación empieza este miércoles, con la valoración de la propuesta en el Consejo de Política Fiscal y Financiera (CPFF).
La propuesta da cumplimiento al acuerdo alcanzado entre el PSOE y Esquerra Republicana para la investidura de Pedro Sánchez y parte de la responsabilidad que tuvo el Estado en la gestión de la crisis financiera en relación a las comunidades autónomas.
La condonación busca resarcir el esfuerzo que tuvieron que hacer estas administraciones para paliar la falta de recursos y cubrir los servicios que prestan, en contraposición, esgrime el Ejecutivo, a la última crisis provocada por la pandemia, en la que el Estado aseguró recursos adicionales al margen del sistema de financiación para hacer frente a esta situación
¿A quién se aplicará la condonación? La condonación de deuda está prevista para las comunidades sometidas al régimen común. No a las comunidades forales, si bien la titular de Hacienda aseguró que estarán “atentos a su situación y a lo que planteen”.
¿Qué cálculo hace Hacienda? El Ministerio compara el endeudamiento registrado entre los años 2010 y 2013 con el experimentado por estas administraciones entre 2020 y 2023. El sobreendeudamiento a compensar sería de 80.310 millones de euros: 29.272 millones durante la pandemia frente a 109.582 millones en la crisis financiera.
A partir de aquí, Hacienda aplica una serie de ajustes técnicos para repartir entre administraciones la cantidad de deuda autonómica que asume el Estado.
El 75% se reparte en función del criterio de población ajustada por comunidad, lo que deja una condonación media del 19,3% de toda la deuda autonómica vigente a 31 de diciembre de 2023, último dato cerrado.
Esa media se utiliza como suelo para que ninguna comunidad tenga una condonación por debajo de ese mínimo. Esta medida impacta especialmente en la condonación de deuda prevista para Cataluña (la deuda condonada suponía un 11,92%) y la Comunidad Valenciana (11,58%), que engrosan la deuda a condonar en 6.371 millones y 4.493 millones respectivamente.
A partir de ahí, Hacienda propone dos ajustes adicionales para compensar situaciones de infrafinanciación y a aquellas comunidades que trataron de evitar mayores recortes de gasto por la vía impositiva.
En el caso de las comunidades peor financiadas, se identifica a aquellas que hayan tenido una financiación homogénea por habitante ajustado inferior a la media en el período 2010-2022 y se eleva el nivel de deuda a condonar por habitante ajustado con la que mejor registro presenta (Comunidad Valenciana, con 2.284 euros por habitante ajustado).
Para recompensar a aquellas comunidades que asumieron subidas de impuestos en el IRPF, se prevé una condonación adicional del 10% si están por debajo de la media en términos de financiación, o del 5% si están por encima.
En su presentación, el Ministerio no detalla cuánto supone cada ajuste, pero sí su reparto entre comunidades. En total, suponen 11.506 millones de euros, siendo Andalucía (7.531 millones) y Castilla-La Mancha (1.804 millones) las más beneficiadas, por delante de Murcia (972 millones) y Cataluña (484 millones).
¿Cómo se aplicará la condonación? Será gradual y se acompasará a la fecha de vencimiento de la deuda autonómica con el Fondo de Liquidez (FLA).
En el caso de las comunidades que no tengan contraída deuda con el Estado a través de este mecanismo de financiación, el Estado comprará la deuda con las entidades acreedoras de estas administraciones.
¿Cuántos intereses podrían ahorrarse las comunidades? Hacienda estima que las comunidades podrían ahorrarse entre 5.000 millones y 7.000 millones de euros en intereses.
¿Qué tramitación tiene la propuesta? Para llevarse a cabo, es necesaria la aprobación de una ley de carácter orgánico, lo que exige el voto de la mayoría absoluta del Congreso (276 votos).
En primer lugar, la propuesta debe validarse por el Consejo de Política Fiscal y Financiera (CPFF) este miércoles, donde el Gobierno tiene la mitad de los votos (sólo haría falta el apoyo de uma comunidad).
En adelante, Hacienda tiene previsto celebrar reuniones bilaterales con cada comunidad para analizar los detalles de la deuda de cada administración y cómo impactaría la propuesta del Ejecutivo.
La tramitación legislativa será la correspondiente a cualquier proyecto: consulta pública, informes preceptivos y remisión a las Cortes Generales. Al tratarse de una materia constitucional, deberá tener carácter orgánico y, por tanto, recabar el voto de la mayoría absoluta del Congreso.
¿Qué plazos se marca el Gobierno? La vicepresidenta Montero avanzó una tramitación “acelerada” de la reforma, con el objetivo de poder aprobarla este mismo año.
Sin mencionar esta posibilidad, Montero dejó claro que no piensa esperar al PP para llevar adelante la propuesta. “El Gobierno está decidido a aprobar esta reforma. No vamos a permitir que ocurra lo que ocurre con el modelo de financiación”, avisó, antes de explicar que, si no hay un acuerdo para ello es porque hay comunidades “instaladas en una posición de máximos”.
