Registro de enmiendas, examen en ponencia, dictamen en Comisión y aprobación por el Pleno en apenas dos semanas. Hacienda quiere una tramitación en el Congreso exprés de la norma que contiene el paquete de medidas fiscales que acompañará los próximos Presupuestos, entre ellas la conversión a impuesto del hasta ahora gravamen bancario.
La intención del Grupo Socialista, según han informado a Demócrata fuentes de esta formación, es poder aprobar el proyecto y enviarlo al Senado la próxima semana, en el Pleno que determine la próxima Junta de Portavoces o, si es necesario, celebrar una sesión extraordinaria.
Tras su registro de las enmiendas el pasado 30 de octubre, su discusión comenzará en la ponencia que designe la Comisión de Hacienda y Función Pública este mismo miércoles a las 12:00 horas.
La hora coincide con la comparecencia del nuevo gobernador del Banco de España, José Luis Escrivá, ante la Comisión de Economía, Comercio y Transformación Digital, órgano que comparte muchos diputados con la Comisión de Hacienda.
En el Grupo Socialista confían en que la coincidencia no suponga un problema, ya que esperan que la ponencia sea breve y pueda concluir pronto. Su objetivo es dar ‘luz verde’ al proyecto y elevarlo a la Comisión que debe aprobar el dictamen. Ese mismo miércoles hay prevista una reunión de Mesa y Portavoces de este órgano, pensado para poner fecha a esta sesión.
El plan es celebrar la Comisión a principios de la próxima semana y, sin esperar una semana más, debatirla en el Pleno del Congreso para su aprobación. Pese a que la Comisión de Hacienda tiene competencia legislativa plena en este proyecto de ley –puede enviar al Senado el proyecto de ley sin necesidad de elevarlo al Pleno–, el Congreso aprobó la avocación de la iniciativa.
En la Cámara Alta, por mucho que la mayoría del PP quiera bloquear la propuesta, su tramitación no podrá demorarse más de 20 días, ya que se trata de un proyecto del Gobierno cuya tramitación tiene carácter de urgencia.
De tratarse de una proposición de ley, la Mesa del Senado sí podría rebajar la urgencia y retrasar su aprobación dos meses, en virtud de la última reforma del reglamento realizada, con el objeto de postergar la aplicación de la Ley de Amnistía.
Todos los socios son necesarios
En todo caso, hasta llegar al Senado, el Gobierno necesita la complicidad de todos sus aliados parlamentarios, en previsión del rechazo de PP y Vox. Hasta ahora, el Ministerio de Hacienda ha alcanzado acuerdos con PNV y Junts que, previsiblemente, garantizan su respaldo en las votaciones y adhesión ante otras propuestas.
Sin embargo, no es el caso de otras fuerzas que ya se han empezado a movilizar. Esquerra Republicana, EH-Bildu y Podemos tienen entre sus prioridades asegurar la continuidad del gravamen energético, a la que Hacienda ha renunciado tras el acuerdo con Junts para dar salida a la norma, que sí incluye la conversión a impuesto del gravamen bancario.
Podemos, de hecho, ya ha avanzado que, sin esa medida, no apoyará el proyecto. Su voto, en todo caso, no será efectivo hasta llegar al Pleno, ya que el voto en el Grupo Mixto en la Comisión de Hacienda está en manos del BNG, otro de los socios que reivindica la permanencia de los dos gravámenes.
Y, finalmente, queda Sumar. Pese a que es difícil imaginar un voto diferente al apoyo en las votaciones decisivas, los de Yolanda Díaz no han firmado las enmiendas impulsadas por Hacienda y han registrado una batería de propuestas por separado, con las que esperan impulsar modificaciones al proyecto.
Entienden que el registro de las enmiendas cerró una fase de negociación pero que ahora se abre otra y que el alcance de la reforma en tramitación no está, ni mucho menos, concluido.