El Gobierno quiere ganar más tiempo para negociar la senda de estabilidad presupuestaria y ha decidido retirarla de la tramitación parlamentaria.
Los objetivos de estabilidad presupuestaria, paso previo a la tramitación de los Presupuestos Generales del Estado, iban a someterse a votación este jueves en el Congreso y el Gobierno no contaba con apoyos suficientes para sacarla adelante.
La senda era la misma que el Congreso rechazó el pasado julio, con el voto en contra de PP, Vox y Junts. Los de Carles Puigdemont advirtieron la semana pasada que su voto seguía estando en el ‘no’, aunque en ningún caso se cerraban a negociar.
Fuentes de Hacienda explican que la retirada de la senda –que exige un acuerdo del Consejo de Ministros– responde a un intento de «dar más tiempo a la negociación, ofreciendo una nueva oportunidad al diálogo».
«El Gobierno quiere agotar todas las posibilidades para alcanzar un pacto que sería beneficioso para todas las comunidades autónomas y ayuntamientos», explican desde el Ministerio que dirige María Jesús Montero.
La retirada de la tramitación implica que, para defender la senda ante el Congreso, el Gobierno tendrá que volver a aprobar por acuerdo del Consejo de Ministros unos nuevos objetivos de déficit y deuda.
Era la cuarta vez en este año que la ministra María Jesús Montero se disponía a defender la senda de déficit. Las dos primeras, en enero y febrero, cayeron por el rechazo del Senado, donde el PP tiene mayoría absoluta, tras conseguir un acuerdo con Junts para facilitar su aprobación, así como de tres decretos-ley.
El rechazo de la senda en julio obligaba al Gobierno a remitir un nuevo acuerdo en el plazo de un mes, según la Ley 2/2012 de Estabilidad Presupuestaria (art. 15.6).
Junts exige negociar y ‘ceder’ más déficit a las CCAA
En una comparecencia ante los medios de comunicación en el Congreso, la portavoz parlamentaria de Junts, Miriam Nogueras, ha exigido al Gobierno que, si quiere los votos de su grupo se disponga a negociar y presente «una propuesta que realmente mejore la situación de Cataluña, los catalanes, la Generalitat y los ayuntamientos catalanes».
Pese a que la senda de estabilidad que había aprobado el Gobierno concede más margen de déficit a las comunidades autónomas que la remitida a la Comisión Europea –un déficit de 0,1% de PIB para 2025 frente a una exigencia de superávit de 0,1% de la anterior senda– , Junts critica que la Administración central se reserve un mayor desfase de las cuentas que el resto de administraciones –2,2% del PIB–.
Como referencia para lograr un acuerdo, Junts emplaza al Ejecutivo a cumplir con una resolución aprobada por el Parlament de Catalunya en 2014 que exigía al entonces Gobierno de Mariano Rajoy redistribuir el margen fiscal entre administraciones en función de su volumen de gasto.
Así, plantea que si las comunidades autónomas concentran un tercio del gasto de las administraciones, estas deben contar con un margen fiscal en proporción a ello. Si el objetivo de déficit establecido en la senda para 2025 es del 2,5% del PIB, el de las comunidades debería alcanzar un 0,8% del PIB y no el 0,1% que fija ahora la senda.