La arquitectura más icónica del paisaje rural del norte ya tiene su escudo oficial. El Gobierno ha dado luz verde definitiva a la declaración del hórreo como Manifestación Representativa del Patrimonio Cultural Inmaterial. La medida no solo busca proteger la piedra y la madera de las estructuras, sino el "saber hacer" centenario: los oficios de los carpinteiros de armar y las tradiciones vecinales que han mantenido vivos estos graneros durante siglos.
Mucho más que un almacén de maíz
Para el Ministerio de Cultura, encabezado por Ernest Urtasun, el hórreo es un "marcador de identidad colectiva". La protección aprobada hoy afecta a una geografía amplísima que va desde los cabazos gallegos hasta los hórreos de Navarra, pasando por las paneras asturianas y las estructuras de León y Cantabria. El objetivo es evitar que estas construcciones se conviertan en meros adornos de jardín o, peor aún, que acaben en el abandono por la falta de relevo generacional.
El reto de los propietarios: ¿Protección o jaque a las reformas?
A pesar de las celebraciones de asociaciones culturales, la noticia aterriza con cierta inquietud en las aldeas. Convertir el hórreo en patrimonio inmaterial implica que cualquier intervención debe respetar técnicas y materiales tradicionales. Muchos propietarios temen que este "blindaje" dificulte las pequeñas reparaciones necesarias para su conservación diaria, transformando un elemento vivo en una pieza de museo intocable.
Un plan contra el olvido
La declaración llega en un momento crítico. Según los últimos censos, miles de hórreos se encuentran en estado de ruina técnica debido al despoblamiento rural. Con este nuevo estatus, se espera que lleguen ayudas específicas para la rehabilitación, incentivando que estas estructuras vuelvan a tener un uso, ya sea el original agrícola o nuevas adaptaciones culturales que respeten su esencia.
A partir de ahora, el hórreo deja de ser solo propiedad privada para ser considerado un bien de todos los españoles. El desafío para las comunidades autónomas será encontrar el equilibrio entre la protección estricta y la viabilidad económica para quienes conviven con ellos cada día.