QUIÉN ES QUIÉN
A MANO ALZADA
El Sindicato de Estudiantes ha convocado para este martes, 28 de octubre, una huelga estudiantil contra el bullying tras el caso de Sandra Peña, la menor que presuntamente se quitó la vida después de sufrir acoso escolar en Sevilla. La organización ha llamado al alumnado de ESO, FP y Bachillerato a “llenar las calles” en solidaridad con la familia de la joven y a expresar su indignación en manifestaciones que comenzarán “a las 12:00 horas en todas las ciudades”.
En su comunicado, el Sindicato exige la dimisión inmediata de la junta directiva del colegio Irlandesas de Loreto —centro en el que estudiaba la menor— y la retirada de su financiación pública. Considera que los responsables de no activar el protocolo antibullying “tienen que pagar penalmente por consentir lo ocurrido”.
Asimismo, la organización reclama la contratación de miles de psicólogos y psiquiatras tanto en la sanidad pública como en cada colegio, instituto y facultad. “Ni un euro público para engordar el negocio de la enseñanza privada concertada, que siempre tapa el acoso y todo tipo de abuso contra los alumnos”, ha recalcado el sindicato.
El colectivo también demanda una educación libre de discursos de odio. Según sostiene, “la violencia que propaga la extrema derecha en las redes, en las calles y desde las instituciones tiene un reflejo en las aulas”. En esta línea, subraya que “nuestros centros tienen que ser espacios seguros para todas y todos, sin discriminación, sin machismo, sin racismo, sin LGTBIfobia y sin fascismo”.
“Su pérdida pudo haberse evitado”
En el marco de la convocatoria, el Sindicato de Estudiantes ha trasladado su apoyo a la familia y allegados de Sandra Peña, señalando que “su pérdida pudo haberse evitado”. A su juicio, existen “responsables muy concretos” en este caso: la dirección del colegio —que “no activó el protocolo antiacoso para proteger el ‘buen nombre’ del colegio y su negocio”— y la Iglesia Católica, que “barrió los gritos de auxilio debajo de la alfombra para no manchar su imagen y arriesgarse a perder la financiación pública”.
El sindicato también responsabiliza a la Junta de Andalucía, que, según denuncia, “mantiene el concierto público con la Fundación Educativa Mary Ward, responsable de las Irlandesas de Loreto”, al tiempo que “desmantela la educación pública y niega los recursos materiales y humanos que necesitan los institutos para acabar con el acoso”.
En palabras de la organización, “combatir el bullying no puede depender de la buena voluntad de nuestros profesores, la mayoría colapsados por la masificación en las aulas, sino que pasa por contratar orientadoras, psicólogas y mediadoras en todos los centros educativos”.
Por último, el Sindicato de Estudiantes extiende su crítica a los responsables educativos del Gobierno central y de las comunidades autónomas: “No hay dinero para la enseñanza pública, que se hunde por los recortes, no hay dinero para poner en marcha un plan de prevención de los suicidios en los centros y apoyar nuestra salud mental, pero sí lo hay para incrementar salvajemente el gasto en armas, para privatizar los servicios públicos y subvencionar todos los negocios privados de la sanidad y la educación”, ha destacado.
