QUIÉN ES QUIÉN
A MANO ALZADA
Gobierno y socios están negociando modificaciones fiscales en materia de vivienda. Este martes arrancan los trabajos de la ponencia sobre la Proposición de Ley para la regulación de los contratos de alquiler temporales y alquiler de habitaciones, impulsada por Sumar, Esquerra Republicana de Catalunya (ERC), EH Bildu y Podemos a solicitud de los sindicatos de inquilinas. Su objetivo es atajar el agujero negro que quedó en la Ley de Vivienda con respeto a la modalidad temporal, pero el PSOE quiere aprovechar la iniciativa para abrir el melón fiscal y hay varios puntos que podrían incorporarse por haber cierto consenso.
Según fuentes de Esquerra Republicana de Cataluña (ERC) consultadas por Demócrata, hay negociaciones en curso para incrementar el IBI (Impuesto de Bienes Inmuebles) en las zonas declaradas tensionadas.
Las conversaciones están aún en una fase inicial, pero otros asuntos atesoran un mayor consenso. Es el caso de la modificación de la tributación de las Sociedades Cotizadas de Inversión (SOCIMI), que pasarían de tributar el 15% al 25%, salvo que se trate de viviendas destinadas al alquiler a precio asequible.
También hay quórum en el aumento de la tributación por vivienda vacía, para incentivar su salida al mercado del alquiler. De hecho, ERC tiene una proposición de ley registrada para ello y el PSOE, otra que lo plantea.
Otra de las medidas fiscales que, abierto el melón, podrían incorporarse sería el incremento del IVA al 21% a las viviendas de uso turístico. Tanto ERC como el Grupo Socialista tienen registradas sendas proposiciones de ley con el mismo porcentaje.
Contenido de la ley
La proposición de ley equipararía los contratos temporales a los de vivienda habitual para, así, desincentivar su uso, máxime en zonas declaradas tensionadas para rebajar los precios.
Se crearía la obligación por parte del arrendador de justificar la necesidad de temporalidad y, por tanto, de probarla en unos términos equivalentes a lo que estipula la legislación laboral.
De prosperar la norma, el contrato de temporada no podrá exceder de nueve meses (en la redacción inicial que tumbó Junts eran seis), con el objetivo de que coincida con los tiempos del curso académico. Siempre que la duración exceda del tiempo fijado o se encadenen más de dos contratos consecutivos, se entenderá celebrado como un contrato de arrendamiento de vivienda habitual y le serán de aplicación todos los preceptos previstos para dichos contratos, incluido el plazo mínimo y las prórrogas previstas.
El plazo de nueve meses busca adaptar la fórmula de arrendamiento al calendario docente, para permitir que profesores y estudiantes puedan beneficiarse; así como otros trabajadores por temporadas, como ocurre con médicos o incluso trabajos estacionales, como la hostelería en periodo estival.
He aquí el primer punto de fricción: los nueve meses. La primera proposición planteaba seis y Junts la tumbó. En esta se plantean tres más, pero para el PSOE no es suficiente.
El Grupo Socialista ha impulsado una enmienda para aumentar el tope del plazo de duración de los contratos de temporada a 12 meses en lugar de a nueve. Además, abren la puerta a ampliar el plazo de manera excepcional y siempre justificada, no pudiendo superar en ningún caso el doble, es decir, 24 meses.
Por su parte, el socio minoritario del Ejecutivo aspira a mejorar diversos asuntos de la ley. Sumar considera vital reforzar la transparencia y la veracidad en el mercado para proteger a los arrendatarios de prácticas opacas o engañosas. En sintonía, exigen blindar la obligación del registro previo a la comercialización en la Ventanilla Única Digital de Arrendamientos del Ministerio de Vivienda y Agenda Urbana.
Ponen también el foco en el alquiler de habitaciones, un asunto que Junts, de hecho, opta por dejar fuera de la iniciativa y limitarse al alquiler de temporada. Sumar demanda exigir unos estándares mínimos de superficie y habitabilidad en el alquiler de habitaciones y que la suma de las mismas no supere la renta límite de la vivienda si hubiera sido puesta en el mercado en su integridad. EH Bildu también ha impulsado una enmienda en este sentido.
El Grupo Parlamentario Plurinacional Sumar también presiona para garantizar que los arrendadores no cobren gastos injustificados a los arrendatarios al concluir el contrato y prohibir las empresas de desocupación.
Otra de las aristas que deberán pulir los grupos es la invasión competencial, un asunto al que los partidos nacionalistas siempre prestan especial atención.
Fuentes de la ponencia consultadas por Demócrata señalan la importancia de lograr que la ley salga adelante para poner coto a una de las grandes lagunas de la Ley de Vivienda. Con respecto a sus posibilidades, admiten que no será fácil. Queda en el aire hasta qué punto Junts podría suponer un problema puesto que la proposición no tiene su génesis en el Gobierno. Con todo, esperan preparar el terreno para que, con su abstención, sea suficiente, ya que no se trata de una ley orgánica.
