Las consecuencias del accidente de tren ocurrido en Adamuz (Córdoba) activan un marco legal de indemnizaciones ya previsto en la normativa española (Reglamento del Seguro Obligatorio de Viajeros -SOV-) y europea, que garantiza compensaciones económicas mínimas a las víctimas y a sus familias, al margen de las responsabilidades que puedan derivarse posteriormente de la investigación judicial.
Como ocurre en todos los siniestros ferroviarios con viajeros, el sistema distingue entre una cobertura automática, vinculada al billete, y posibles reclamaciones adicionales si se acreditan fallos o negligencias.
Indemnizaciones mínimas garantizadas por ley
Todos los pasajeros que viajaban con un billete válido están cubiertos por el Seguro Obligatorio de Viajeros, una protección incluida en el precio del título de transporte y regulada por la normativa estatal. Este seguro establece indemnizaciones automáticas sin necesidad de probar culpabilidad.
En caso de fallecimiento, la cuantía mínima fijada alcanza los 72.121 euros por víctima. Para las personas heridas, las compensaciones varían en función de la gravedad de las lesiones, con importes que parten de algo más de 2.400 euros en los supuestos más leves y pueden superar los 84.000 euros cuando existen secuelas graves o permanentes.
Estas cantidades constituyen el suelo legal de indemnización y se aplican con independencia de que, más adelante, se determinen responsabilidades adicionales por parte de empresas ferroviarias, aseguradoras o gestores de infraestructuras.
Pagos a cuenta y apoyo inmediato
El Reglamento (UE) 2021/782 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 29 de abril de 2021, sobre los derechos y obligaciones de los viajeros ferroviarios establece, además, la obligación de realizar pagos a cuenta para atender necesidades urgentes de las víctimas o de sus familiares.
En caso de fallecimiento, estos anticipos no pueden ser inferiores a 21.000 euros y deben abonarse en un plazo máximo de 15 días desde que los beneficiarios estén debidamente identificados. Estos pagos no suponen la renuncia a futuras reclamaciones ni condicionan el resultado de eventuales procedimientos judiciales.
Reclamaciones por responsabilidad civil
Más allá de la cobertura automática del seguro obligatorio, la legislación permite que los afectados reclamen indemnizaciones adicionales si se concluye que el accidente fue consecuencia de negligencias, errores técnicos, deficiencias en el mantenimiento o fallos en la gestión de la seguridad ferroviaria.
Este tipo de reclamaciones se tramitan por la vía civil o penal y dependen directamente de las conclusiones de la investigación judicial en curso. A diferencia del seguro obligatorio, estos procesos suelen prolongarse en el tiempo y pueden dar lugar a compensaciones muy superiores, en función del daño acreditado y del grado de responsabilidad que se determine.
Qué deben hacer los afectados
Para acceder a las indemnizaciones mínimas, los afectados o sus representantes deben presentar una reclamación ante la operadora ferroviaria o la entidad aseguradora correspondiente, acreditando su condición de viajeros mediante el billete o localizador del trayecto y aportando la documentación médica o administrativa que justifique los daños sufridos.
En paralelo, es recomendable conservar todos los justificantes de gastos derivados del accidente, ya que pueden ser relevantes en reclamaciones posteriores. Si se opta por acciones judiciales por responsabilidad civil, será necesario esperar a que se clarifiquen las causas del siniestro y las posibles responsabilidades.
Comparación con otros accidentes ferroviarios
La experiencia de otros accidentes graves en España ofrece un marco de referencia. El caso del tren Alvia en Santiago de Compostela, ocurrido en 2013, demuestra cómo las indemnizaciones finales pueden superar ampliamente los mínimos del seguro obligatorio cuando se acredita responsabilidad.
Tras un largo proceso judicial, las aseguradoras vinculadas a las entidades ferroviarias fueron condenadas a abonar más de 25 millones de euros en concepto de responsabilidad civil, una cifra muy superior a las compensaciones automáticas inicialmente aplicadas.
En otros accidentes ferroviarios de décadas anteriores no existen datos públicos comparables sobre indemnizaciones globales, en gran medida debido a un marco normativo distinto y a la ausencia de procesos judiciales de alcance similar.
Un marco legal ya definido
El sistema de indemnizaciones vigente garantiza que las víctimas del accidente de tren de Adamuz cuenten, desde el primer momento, con una protección económica mínima, al tiempo que deja abierta la posibilidad de reclamar compensaciones adicionales si así lo determinan los tribunales. La evolución de la investigación será clave para determinar si, como ocurrió en anteriores tragedias ferroviarias, las responsabilidades y las indemnizaciones finales superan con creces los mínimos establecidos por la ley.