El documento anual de las Comunidades Autónomas ha calificado a 2024 como un año de ‘frustración’ debido a la incapacidad de alcanzar ‘grandes acuerdos’ entre las administraciones, exacerbada por un clima de tensión en la política nacional, y la falta de progreso en la reforma necesaria de la financiación autonómica. Esto se atribuye a una creciente polarización que ha bloqueado los consensos previamente alcanzables.
Durante la presentación del informe en el Centro de Estudios Políticos y Constitucionales de Madrid, Eduard Roig, el director del estudio, detalló que el año 2024, siendo un año no electoral, se caracterizó por una ‘menor actividad legislativa’ tanto en cantidad como en ‘contenido’, según las evaluaciones preliminares del informe. Se destacó la disminución en la promulgación de leyes, especialmente en comunidades como Cataluña, País Vasco y Galicia, que habían celebrado elecciones.
El uso del decreto-ley ‘sigue incrementándose’, reflejando ‘problemas de estabilidad de las mayorías parlamentarias’, según los analistas. Roig resaltó la resistencia del sistema autonómico frente a la ‘inestabilidad institucional’, a pesar de la falta de acuerdos significativos y la ausencia de debate sobre la financiación autonómica, un tema pendiente desde hace ‘nueve años’.
‘2024 ha sido el año en que se ha demostrado que el estado autonómico sigue funcionando: sus capacidades de actuación y respuesta a los desafíos, los instrumentos de acción ordinaria… El funcionamiento de los servicios públicos, la cooperación, el impulso a las infraestructuras, los traspasos han funcionado de forma remarcablemente eficaz’, afirmó Roig. A pesar de la ‘tensión política’ y el ‘enfrentamiento entre partidos’, las relaciones bilaterales entre el Gobierno y las comunidades autónomas han permitido escapar de esta dinámica y alcanzar acuerdos.
El año también estuvo marcado por la ‘radicalización de los conflictos’ en las interacciones entre el Ejecutivo y los gobiernos de la Comunidad de Madrid, Canarias y Andalucía. Además, la ‘singularidad’ de Cataluña complicó aún más la reforma del sistema de financiación, especialmente con el planteamiento de un modelo de financiación singular propuesto por ERC como condición para apoyar la investidura de Salvador Illa.
En cuanto a la situación financiera de las comunidades autónomas, se observaron ‘avances’ gracias al ‘considerable incremento en la recaudación de los tributos propios y cedidos’ y a los fondos provenientes del Estado y la Unión Europea. Sin embargo, la colaboración entre el Gobierno y las administraciones regionales solo fue efectiva en casos específicos como el País Vasco, Navarra, Cataluña y las Islas Canarias.
Por otro lado, la mayoría absoluta obtenida por el PP en el Senado derivó en un ‘constante enfrentamiento’ entre esta cámara y el Gobierno, así como con el Congreso. ‘En estos meses se han planteado ante el Tribunal Constitucional (TC) más conflictos entre órganos constitucionales que en toda la historia. Todos ellos implican al Senado, sea en relación con el Gobierno o con el Congreso de los Diputados. En 2024 se suscitaron tres conflictos, a los que deben añadirse los dos de inicio de 2025 referidos a actuaciones de 2024. Y la tendencia se ha consolidado en los primeros meses de 2025 con tres conflictos más’, concluye el informe.