Irene de Miguel, candidata de Unidas por Extremadura a la presidencia de la Junta, ha prometido establecer una Consejería de Derechos Sociales si asume el cargo en el gobierno regional. Esta medida busca mejorar la situación de los servicios de atención a los ancianos y personas con discapacidad, que actualmente califica como “deplorable”.
Tras una reunión con el grupo de Acción Social y Sindical, que incluye a 13 entidades activas en el sector de los derechos sociales, De Miguel ha hecho público su compromiso. “La atención que reciben nuestros mayores y las personas con discapacidad es bastante mejorable”, expresó. Asimismo, subrayó que la atención social debe ser independiente de la agenda sanitaria, según se detalla en un comunicado de la coalición.
La candidata también ha resaltado la inestabilidad laboral que enfrentan las trabajadoras sociales, mencionando que “Casi el 50 por ciento de la población extremeña necesitan cuidados, y esto no puede recaer sobre las espaldas de trabajadoras precarizadas, con contratos temporales y mal pagadas”. En respuesta a esta situación, De Miguel se ha comprometido a desarrollar un convenio marco que asegure ratios adecuadas de usuarios y empleados, condiciones de seguridad y salarios justos. Este convenio es visto como crucial, especialmente tras el asesinato de Belén Cortés.











