El coordinador general de Izquierda Unida (IU) en Andalucía, Toni Valero, expresó este lunes su solidaridad con la asociación de mujeres con cáncer de mama Amama, frente al «nuevo ataque» y la «persecución» que esta entidad está recibiendo por parte del gobierno del PP-A en Andalucía. Según Valero, esto demuestra que Juanma Moreno, presidente de la Junta, «ha perdido el control».
En una conferencia de prensa en Málaga, Valero respondió a una solicitud formal del Servicio Andaluz de Salud (SAS) enviada la semana anterior a Amama. El SAS exigió a la asociación que proporcionara «toda la información, documentación o testimonios» disponibles en un plazo de «diez días hábiles» sobre posibles problemas en el programa de detección precoz del cáncer de mama en la región.
«Nos parece indecente la persecución y el señalamiento», declaró Valero, quien añadió que el «delito» de Amama ha sido «defender los intereses de las mujeres afectadas por el cáncer en Andalucía, tarea que debería asumir el propio gobierno regional», remarcó.
Valero criticó que, en lugar de abordar el problema, Moreno «vuelve a atacar y señalar» a Amama, y censuró la negativa inicial del gobierno andaluz a reconocer las falencias del programa de cribados, su posterior minimización de los hechos y, finalmente, el desvío de la responsabilidad hacia la asociación.
Desde IU, Valero cuestionó las intenciones del gobierno andaluz al «amedrentar» a la asociación y requerir información que el SAS ya posee. Además, calificó de «alucinante» que el mismo gobierno que abandonó el Consejo Interterritorial de Salud por no compartir información con el Ministerio de Sanidad, ahora «extorsione» a una asociación para obtener datos.
«Esto lo que nos evidencia es que Moreno Bonilla ha perdido el control», concluyó Valero, quien describió al presidente de la Junta como alguien que «se revuelve como gato panza arriba» y que «no ha aprendido nada». Valero también mencionó el nombramiento de Nicolás Navarro como viceconsejero de Sanidad, criticando su vinculación con la sanidad privada y la demanda ciudadana de un refuerzo de la sanidad pública tras «ocho años de destrozo».
